El diputado del Partido Ecologista Verde, Félix González, junto a Juan Pablo Toledo de Fundación Pongo, Fernando Cortés de ONG Defensa Ambiental y Remigio Inalef de la Asociación Indígena Aukinko Wallmapu Concepción, ingresaron un requerimiento a la Contraloría General de la República para solicitar su pronunciamiento sobre el actuar del Consejo de Monumentos Nacionales y respecto de la paralización o no de las obras del Puente Industrial.
De acuerdo a Toledo, las obras que se estarían realizando son “ilegales”, debido a que el proyecto fue modificado y que se pretende instalar la planta de hormigón a menos de 400 metros de viviendas.
“Además, la empresa solamente realizó prospecciones arqueológicas en San Pedro de la Paz, sin investigar en Hualpén. Tanto así, que justo en el trazado del enlace Costanera se encuentran yacimientos arqueológicos, probablemente un entierro o cementerio indígena. La Resolución de Calificación Ambiental dice de forma tajante, clara, explícita y reiterativa, que en caso de encontrarse hallazgo se paraliza y se notifica por escrito. No se paralizó y las máquinas siguieron trabajando y tampoco notificaron”, lamentó el ambientalista emplazando a las autoridades regionales.
Y eso no es todo. De acuerdo a la ONG Defensa Ambiental, procedería una Consulta Indígena. “Lo que alegamos es que se encuentra un procedimiento viciado”, afirmó Fernando Cortés, citando la jurisprudencia al caso, el Convenio 169.
Desde Aukinko Wallmapu, Remigio Inalef, criticó al Estado. “Olvida todos los que tiene que ver con los pueblos indígenas”.
El diputado Félix González espera que la Contraloría tome razón a los requerimientos ingresados. El parlamentario denunció que quienes realizan las obras tienen sólo el permiso de la fiscalía técnica del MOP.
“Tienen que cumplir también los permisos ambientales y arqueológicos. Todos los que vivimos tacos todos los días queremos puentes, pero no cualquier trazado. Este que nos quieren imponer, que implica la destrucción de humedales y del patrimonio arqueológico, es porque la concesionaria quiere imponernos una ruta segregada para cobrarnos un tag para ir a trabajar y estudiar”, denunció el legislador.