Cuando perteneció al Club Aéreo de Carabineros hubo episodios en Pichilemu y Valdivia. Transportes explicó que sólo puede fiscalizar el cumplimiento de las frecuencias.
Han pasado 13 días desde el accidente que dejó cinco lesionados en el aeródromo de Tirúa y en la Isla Mocha. Desde ese día se encuentran sin transporte aéreo desde el continente y en las últimas horas se conocieron nuevos antecedentes del historial de la avioneta Cessna que protagonizó el incidente al mediodía del viernes 9 de julio.
Esto debido a que la Dirección de Aeronáutica Civil (Dgac) ya investigó en dos ocasiones a la avioneta matrícula “CC-LLJ”. En un primer hecho, ocurrido el 2008 en Pichilemu, el monomotor impactó su hélice con la pista del aeródromo, no resultando personas lesionadas.
Mientras, en 2011, la misma aeronave, al intentar aterrizar en el aeródromo “Las Marías” de Valdivia, tuvo problemas con la aproximación, lo que significó que diera bote en la pista. Los hechos, de acuerdo al dictamen de la Dgac, habrían sido responsabilidad de piloto, puesto que perdió el control de la nave.
Se suma que quien habría elaborado el informe técnico de la avioneta para la licitación fue piloto de la empresa “Aero Transporte Araucanía”, dueña de la avioneta.
Este Cessna fue construído en la época del ‘70, teniendo una capacidad máxima de seis pasajeros más el piloto y llegó al país en los ‘90 como reemplazo de otra avioneta accidenta a Carabineros. La avioneta estuvo prestando servicios en la Prefectura Aeropolicial y en 1998 fue cedida al Club Aéreo Policial de la institución.
Escasa fiscalización
Uno de los cuestionamientos existentes por parte de los vecinos y parlamentarios apunta al formato de la aeronave, puesto que el anterior prestador entregó el servicio con una aeronave bimotor, mientras que la actual es monomotor.
De acuerdo a la licitación, en ella no quedan especificadas las características técnicas que debe tener el vehículo aéreo.
La jefa de fiscalización de la seremi de Transportes, Lorena Guerrero, indicó que ellos fiscalizan la documentación de la avioneta. “Vemos los contratos y que se cumplan los itinerarios, horarios y tarifas. Además que cumplan con la autorización de la Dgac. Todos los subsidios se fiscalizan, al menos, tres veces al año y esta ya había sido revisada una vez. Esto se hace con el contrato activo del servicio”.
Recurso de protección
Desde el día del accidente, no existe transporte aéreo entre la ínsula y el continente. Es por esto que los mochanos, junto al senador Alejandro Navarro recurrieron a la Corte de Apelaciones de Concepción donde piden acelerar la reposición de la aeronave, por la cual el Estado paga un subsidio mensual de $14 millones.
“Es responsabilidad del Ministerio de Transportes la situación de la avioneta y como muchas veces no lo han cumplido. Tienen botada a una población de 600 personas, son muy inhumanos en este tema. En este minuto estamos sin conectividad aérea y marítima, y no se hace nada”, explicó Carlos Garrido, dirigente de los vecinos de Isla Mocha.
La acción legal fue acogida por la corte penquista y la seremi de Transportes tiene 10 días para informar.
Con una inversión de $50 millones con dineros provenientes de la Subdere, este miércoles se pusieron en funcionamiento la ampliación de veredas en las calles Freire y Maipú de Concepción.
Con esto, se pretende dar mayor espacio a los transeúntes en los sectores en dónde existe comercio y aglomeraciones.
El jefe de la Subdere en la zona, Renato Paredes dijo que “hemos tomado la decisión de privilegiar a los peatones y hay una ley de convivencia vial que debemos respetar. Por lo tanto, llamamos a los peatones a usar estos ensanches para darle valor y esto hará que los espacios sean respetados por los automovilistas en general”.
A lo anterior, se suma la ampliación de la ciclovía ubicada en Barros Arana, entre Orompello y Lientur.