La determinación se debió a la falta de antecedentes y de participación por parte de la ciudadanía. Ahora, tienen hasta el 6 de agosto para analizar la propuesta.
Los cuestionamientos al Plan Regulador Metropolitano de Concepción (Prmc) son variados y desde todos los sectores. Por ello, causó sorpresa la convocatoria a sesión extraordinaria del Consejo Regional (Core), a días que asuma el nuevo gobernador regional, quien tendrá la potestad en estas materias.
El actual timonel del cuerpo político, Patricio Lara (RN), justificó la citación manifestando que “colocamos un cronograma de trabajo, el que ya terminó, incluso con la participación de algunas comunidades y ahora solo nos falta votarlo. Lamentablemente, la ley solo nos permite rechazar o aprobar, no podemos instalar modificaciones que es lo que queremos”.
Antes de la votación, el presidente de la comisión a cargo de analizar el plan, Luis Santibáñez (Indep.), pidió que expusiera el seremi de Vivienda, Sebastián Abudoj, para conocer a cabalidad los datos.
Los consejeros Javier Sandoval (PI) y Teresa Stark (DC) solicitaron postergar la votación, ya que consideraron que había una falta de procedimiento. “No tenemos una nómina de los documentos que han ingresado sobre el proyecto por parte de la sociedad civil, también falta una reunión entre las comisiones. Creo que hay un intervencionismo del Ejecutivo”, dijo Sandoval.
Tania Concha (PC) señaló que “hay manifestaciones con pandemia, organizaciones sociales que llegaron desde distintos sectores a decir no al Prmc y el clamor es porque no hubo participación ciudadana. Es ese clamor el que nos llevará a una nueva Constitución”.
Alicia Yáñez (PPD) opinó que “hoy es inoportuno votarlo, si bien varios tenemos una postura ante esto, creo que debemos escuchar todos los antecedentes y así tener una opinión madura sobre esto. Le estamos dando un portazo a la ciudadanía si no los escuchamos.”
Finalmente, 13 consejeros estuvieron por posponer la votación, entre ellos, todos los representantes de la oposición. Se sumaron los oficialistas Jaime Quijada (PRI), y los mencionados Santibáñez y Lara. Mientras que nueve estuvieron por concretarla, todos del oficialismo.
El seremi de Vivienda expresó que “vamos a seguir colaborando, explicando que no hay fundamentos para rechazar esta propuesta, que va a traer cambios importantes para la ciudadanía, sacar los camiones de los barrios, regular la industria, separar la industria de los barrios, más poder para los municipios, duplicar las áreas verdes”.
Ahora, los consejeros tienen hasta el 6 de agosto para concretar el nuevo análisis y volver a votar este plan regulador.
Desde el Congreso también hubo diversos cuestionamientos al proyecto. El diputado Félix González (PEV) aseguró que hay propuestas que ellos enviaron hace más de un año que no fueron consideradas.
“Es una buena noticia (que se haya aplazado), pero quedan pocas semanas para que se acabe el plazo y es difícil que en estos días se haga un proceso ciudadano vinculante como corresponde. Esto se encuentra en análisis desde el año 2016 y en las reuniones siempre participan los empresarios y no la ciudadanía. Acá se hizo un Prmc entre los empresarios y las autoridades”, comentó González.
Por su parte, el senador Alejandro Navarro (PRO) recurrió a la justicia con un recurso de protección, puesto que no se habría concretado una consulta indígena. “Pedimos la paralización del proceso por no cumplir los elementos esenciales, el no haber consulta indígena y que se diga que se preguntó a la Conadi, es una violación a la ley. La Conadi no representa a las comunidades indígenas. La participación ciudadana es escasa y nula”, enfatizó.