La crisis económica que trajo la Covid-19 al país y la subida en el precio de los arriendos agudizaron el problema que plantea el déficit habitacional que, hace décadas, arrastra el país. La situación hizo que aumentara explosivamente la cantidad de campamentos en la Región.
Por Sebastián Henríquez
Mamitas.
No vecinos, no compañeros, no pobladores.
Cristina Durán, que es dirigente de un campamento en Lobos Viejos, Talcahuano, se refiere a las personas con que comparte la vida en este lugar, como mamitas.
“Es que de las 164 familias que hay acá, como 120 son mamás con sus hijos. Hay algunos hombres, con hijos también, pero somos casi todas madres”, explica.
Cristina llegó acá hace tiempo, cuando sus hijos eran pequeños.
“No me la pude con el arriendo, y me fui de allegada con mis papás. Pero eso siempre es temporal, uno no puede estar así todo el tiempo. Me conseguí una mediagua, pero no tenía dónde instalarla, no se podía en ningún lugar. Así que me vine para acá”, resume.
La pandemia pegó duro en su campamento.
“La gente que salía a vender, se quedó sin pega porque había restricciones para salir, la gente que tenía trabajo, se quedó sin trabajo, y más encima, nos mandaron a los niños todo el día a la casa, fue difícil”, cuenta.
Un día, afirma, supo que había gente con problemas, y salió a preguntar con unas amigas.
“Fuimos a hablar con las mamitas, a ver si estaban abastecidas, si tenían cosas. Vimos que no, así que armamos una olla común”, recuerda.
La olla estuvo tres meses funcionando.
Tallarines, porotos, muchos días. A veces, pollo o carne que llegaba de algún lado. Cumplieron todos los días, con decenas de almuerzos y, a veces para un cumpleaños o un día especial, con sopaipillas y pescado frito.
Tuvieron que dejarlo cuando subieron los contagios.
Y empezar a preocuparse, lo más seriamente que se pudo, del virus, de los contagios, de prevenir.
La historia de Cristina Durán se repite en otros 131 campamentos que, según el Ministerio de Vivienda, hay en la Región del Biobío.
Son, informa el seremi Sebastián Abudoj, personas que están a la espera de una solución definitiva de vivienda.
Sin embargo, a ello hay que añadir las numerosas tomas que han aparecido con la baja en la actividad económica que ha significado la pandemia.
“Nosotros, según información que nos envían los municipios, contamos unas 90 tomas, donde estimamos que viven tres mil personas. Todas se han establecido este último año”, señala Abudoj.
Es decir, que desde que se contó el primer caso de Covid-19 en la Región, a la fecha, casi se han duplicado los asentamientos informales.
Otros organismos relacionados, como Techo para Chile, estiman que en el último año se ha dado el mismo aumento en cantidad de campamentos que el registrado en toda la década que pasó.
“De cualquier forma que se mire, es un crecimiento explosivo”, dice Isidora Lazcano, directora de Techo para Chile en Biobío.
Tomé, Coronel, la provincia de Arauco, Chiguayante, se cuentan entre los lugares donde han aparecido más asentamientos informales.
Hay varios motivos: alza en el desempleo, subida en los precios del arriendo y el confinamiento. Este último factor golpeó especialmente a quienes viven de allegados. “Cuando las personas que compartían una casa, tuvieron que empezar a hacerlo tiempo completo por la cuarentena, se notó la falta de espacio y eso llevó a muchos allegados a irse a campamentos”, cuenta Lazcano.
Una primera dificultad para abordar el problema, son las distintas categorizaciones y metodologías que usan los organismos a cargo.
Las ONG’s como Techo para Chile, por ejemplo, engloban en el concepto de campamento a todos los grupos de viviendas que carecen de algún servicio básico, como luz o agua.
El Ministerio de Vivienda califica de campamentos a los asentamientos que participan de comités de vivienda. Las tomas, que se desarrollan por definición en terrenos de privados, son por eso mismo ilegales y no pueden ser objeto de planes o programas del organismo.
Municipios y agencias como Fosis, implementan pequeñas ayudas, pero no resuelven el problema de fondo, que es la carencia de vivienda.
Así las cosas, sólo se puede estimar la cantidad de conjuntos informales de vivienda.
“Nosotros pensamos que a nivel nacional podrían sumarse unas 25 mil familias, principalmente por el impacto de la pandemia en las familias más vulnerables”, dice Lazcano, quien adelanta que dentro de la semana se publicará el catastro que Techo para Chile elabora sobre el tema.
La última versión del mismo indicó que antes de la emergencia sanitaria, había 7.500 familias viviendo en campamentos en el Biobío. En los últimos dos años, y entendiendo que al efecto del coronavirus se suma la baja económica que provocó el estallido social, se habrían sumado 2.500.
Esto es casi la misma cantidad de familias que quedó viviendo en campamentos de damnificados tras el terremoto de 2010.
“Tras el 27-F, cerca de 3.700 familias fueron damnificadas, y eso causó que se generaran 80 aldeas, para que estas personas tuvieran el recurso temporal mientras se trabajaba en proyectos habitacionales”, recuerda Abudoj.
“Los campamentos nuevos son comunidades súper organizadas, casi siempre es gente que arrendaba, y que hoy ya no puede sostener ese gasto. Pero ojo, hay gente que sacó su 10% y que compraron materiales, es gente que se organizó, que tiene olla común todo el año”, aclara Lazcano.
Raphael Sierra P.
Cristina Durán dice que en su campamento se han organizado para tener mascarillas. Que han tenido capacitaciones en temas sanitarios, y que se cuidan lo más que pueden.
“Es difícil si, acá no es raro que viva harta gente en una misma casa, y en el fondo, estamos todos juntos. Acá, en este campamento, por ejemplo, no cabe más gente”, dice.
Hay ONG’s como Techo para Chile, o rondas médicas que organiza el municipio de Talcahuano, que les han traído implementos de protección personal.
Pero, la falta de agua, el hacinamiento y la necesidad que tienen las mamitas de salir a la calle a ganarse la vida, hacen a los campamentos lugares más susceptibles al contagio.
El doctor Germán Acuña, presidente del Colegio Médico local, señala que “sin duda que las situaciones de tomas y campamentos representan un riesgo para la salud de las personas que ahí están. Ahora, las personas han tomado decisiones, que los llevan a asumir estos riesgos, pero no podemos no señalar que el hacinamiento y las dificultades de saneamiento básico complican, es una situación de riesgo”.
Según Techo para Chile, el típico campamento que ha aparecido debido a la pandemia, es de unas ocho viviendas. “Dentro de todo, es manejable. Hay hacinamiento, pero incentivamos a estas comunidades a que al menos tomen medidas comunitarias”, cuenta la directora de la organización.
Abudoj, en tanto, señala que “si bien las tomas son ilegales, nosotros no perdemos de vista a las personas, no son invisibles, y el llamado que hacemos es a que postulen, a la vivienda definitiva y a otros beneficios, como el subsidio al arriendo, que comenzó esta semana”.
En tanto, Cristina Durán dice que perdió la esperanza, y que ya no pierde el tiempo con trámites. “Es complicado y, además, los subsidios son por $28 millones para comprar una casas… Y las casas ahora cuestan $35 millones. No sé cuál es la salida a esto, aguantar no más será”, reflexiona.