Ley 20 mil imposibilita un cambio en la materia. La mirada de expertos y activistas en el tema apela por un cambio generacional que posibilite mayor apertura en casos críticos.
Luego que la Corte de Apelaciones acogiera parcialmente el recurso de protección ingresado por el Hospital Regional, contra dos padres que realizaban un tratamiento con aceite de cannabis para tratar la epilepsia refractaria de su menor de cinco años, nuevamente se abrió la polémica por el uso de marihuana terapéutica.
Si bien los protagonistas afirmaron que jamás dijeron que no usarían los medicamentos sugeridos por los especialistas médicos, sí apuntaron a los graves efectos secundarios que estos generan, razón por la cual los tenían considerados como elementos de última instancia.
La decisión del tribunal en rigor obliga a los progenitores permitir el tratamiento convencional recomendado por los pediatras del centro asistencial, pero sin que éstos lo condicionen al retiro del aceite de cannabis.
Tal como explica Andrea Bello, coordinadora regional de Fundación MamáCultiva, “un papá nunca va a querer hacer daño a un hijo” y lo que sucede es que los efectos adversos de los medicamentos lícitos sugeridos por los médicos muchas veces llega a provocar situaciones muy angustiantes, más aún cuando se trata de menores.
“Somos papás súper responsables, que estudiamos mucho sobre el tema, tenemos apoyo jurídico siempre y la cannabis medicinal está reconocida mundialmente como terapia (…). En tribunales es un tema lícito, porque no hay fallos que digan lo contrario”, puntualizó la activista, quien también señaló que el acompañamiento médico en estos casos es crucial.
Quien también se refirió a la arista jurídica es la doctora Ximena Steinberg, master en Bioquímica y Bioinformática de la UdeC, y parte del directorio de la fundación Ciencias para la Cannabis, quien sostiene que en materia de evidencia científica y médica comprobable a nivel internacional, dan cuenta de las complejidades de administrar de fármacos a pacientes con patologías epilépticas, ya que estos tienden a inhibir su desarrollo cognitivo, situación que no fue considerado en el fallo en función de proteger el derecho a la salud.
“En este caso particular, y como ocurre en la mayoría de sentencias en Chile, los jueces utilizaron la evidencia científica entregada por los médicos, pero en mi experiencia como perito para causas de ley 20.000, es que se debe considerar toda la evidencia de los últimos 20 años y poner a disposición todos los expedientes para que haya un fallo”, explicó Steinberg.
Para Steinberg hay cierto grado de cambio generacional que es necesario para comprender en una mirada amplia el desarrollo de terapias que incluyan el cannabis en tratamientos de patologías como el cáncer, la epilepsia o el dolor crónico. Aunque la científica clarifica que dicha situación dista mucho de la realidad actual en Chile, donde la instrucción en bioética resulta fundamental para posibilitar un cambio.
“Nuestro país dista mucho de la realidad internacional en esta materia, estamos a años luz a que exista una normativa en una mirada de salud pública donde las instituciones permitan tratamientos con cannabis medicinal (…). Hay un dejo de conservadurismo y un afán de moralidad que no deja avanzar”, enfatizó la doctora en ciencias.