Consecuencias del consumo pueden ir desde un dolor de cabeza a una intoxicación. Pero, además, se trata de un rubro ejercido por quienes no tienen otras opciones de laborales.
Jugos naturales, completos, variedades de panes, anticuchos, tutifruti, sopaipillas y empanadas de queso. Esos, por nombrar algunos alimentos, son parte del menú que a diario se ofrecen, sin regulación, en carros de comida en el centro de Concepción.
La alimentación callejera, que proliferó tras el estallido social y tomó fuerza al término de la cuarentena, tiene adeptos. “No cocino, ahorro plata y no pierdo tiempo esperando en una fila de un negocio o que llegue el delivery. Además, nunca me he enfermado”, dijo José Coronado, vendedor de retail.
A pesar de la opinión del penquista, la verdad es que el consumo de alimentos en la calle es un riesgo, que puede derivar en enfermedades de transmisión alimentaria (Etas), que generen dolores de cabeza, diarrea, deshidratación, cuadros infecciones e intoxicaciones, aseguró Lino Alarcón, coordinador regional de Seguridad Alimentaria de la Seremi de Salud.
Los riesgos para la salud, detalló Alarcón, están en la reutilización de agua para el lavado de manos, utensilios y alimentos; falta de cadena de frío y contaminación; reciclaje de aceite y manejo de dinero.
Además, en el contexto de la pandemia, que se acerca con fuerza a los 33.000 casos en la Región, es importante seguir las medidas de prevención, entre las que está el uso obligatorio de mascarilla en espacios públicos, comentó el seremi de Salud, Héctor Muñoz. “El consumo de este tipo de alimentos invita al consumo inmediato y, con ello, al retiro de la mascarilla, sin resguardar el distanciamiento físico. Hay un mayor riesgo de contagio de Covid-19”, sostuvo.
Por todo lo anterior, la Seremi de Salud, junto con la mesa provincial de control de comercio ilegal convocada por la gobernación de Concepción, ha desarrollado en menos de un mes dos operativos de fiscalización que derivaron en 14 sumarios sanitarios a quienes venden estos productos de manera ilegal.
El gobernador de Concepción, Julio Anativia, aseguró que se está trabajando en el control del comercio ilegal que, en ese caso, no sólo acarrea un riesgo sanitario, sino también a la “seguridad pública, afecta al comercio establecido que paga impuestos y que se ha visto fuertemente perjudicado por la pandemia”.
Anativia reconoció que gran parte de los ambulantes ilegales son extranjeros, por lo que se trabaja en conjunto con la PDI para su control y aseguró que la fiscalización “es igual para todos y no se hace una distinción si son comerciantes nacionales o extranjeros”.
El concejal de PR, Ricardo Trostel, afirmó que tras el levantamiento de la cuarentena en Concepción aumentó de forma considerable el comercio ilegal lo que, en su opinión, revela que las medidas tomadas por el Gobierno, para auxiliar a quienes perdieron sus fuentes laborales, son insuficientes.
Aseveró que para el comercio ilegal, en general, ahora se necesita una mirada social que incluya catastrar a quienes están cesantes y ahora se encuentran vendiendo en las calles, entregarles canastas e ingresarlos a la oficina de empleos municipal para que puedan postular cuando hayan ofertas de empresas.
Específicamente sobre la venta de alimentos, reconoció que han aumentado y que le preocupa la salubridad “que debe ser mayor en pandemia, para evitar contagio de coronavirus y otras enfermedades”.
Estimó que lo ideal es que los carritos de comida sean regulados para que cumplan con todas las medidas sanitarias. “Son gente que está tratando de llevar el pan a su casa y necesita vender”, dijo.
Revuelo causó en redes sociales el decomiso y posterior destrucción de carritos de comida tras un operativo el martes en Concepción.
La destrucción de los carros de comida fue catalogada por el concejal penquista, Ricardo Trostel, como inhumana, pues elimina un elemento de trabajo a personas que “quedaron sin trabajo tras el estallido social, situación económica que se agudizó en pandemia. Creo que debió haber un mayor criterio”.
A pesar del cuestionamiento, el coordinador regional de Seguridad Alimentaria de la Seremi de Salud, Lino Alarcón, aseguró que la ley del código sanitario faculta a las Seremi y a los municipios a realizar decomisos, y disponer de los elementos que se ocupan en el rubro sancionado.
En el operativo, comandado por la Gobernación, en conjunto con la municipalidad, Seremi y Carabineros, “se determinó en conjunto que seis carros fueran eliminados en relleno sanitario (…). Eran insalubres para el funcionamiento y, además, era una falta reiterativa”, recalcó Alarcón.
Desde el municipio, sólo se limitaron a indicar que son parte de mesa de trabajo conjunto y sostenido en materia de comercio ambulante, y dentro de ese tema está la venta de comida sin autorización como un riesgo importante no sólo para la seguridad, sino para la salud de las personas y, en ese contexto, se desarrolló este operativo”.