Aumentar dotación de planta que permita fiscalizar todas las residencias y un apoyo estatal irrestricto fueron algunas de las medidas planteadas.
Tras conocerse los antecedentes del posible caso de abuso y explotación sexual infantil en la Residencia Nido de Hualpén, autoridades nacionales, regionales y la población en general han solicitado que el Servicio Nacional de Menores (Sename), entidad a cargo de la protección infantil, sea sometido a varios cambios.
Sin embargo, no solo personas externas al servicio han hecho eco del caso de Hualpén para manifestar que el Sename debe ser modificado, funcionarios del organismo también, consideran que el método para velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes ya está “algo obsoleto” y que debe generarse una reestructuración que permita eliminar prácticas a las que los menores están expuestos.
“A nosotros como funcionarios también nos duele enterarnos de estos casos porque dan cuenta de situaciones irregulares que se viven a diario en estos recintos, que en varias ocasiones han sido reportados y que no han tenido respuestas”, comentó Luis Jara, funcionario del Cereco de Coronel.
Un aspecto que siempre se le ha cuestionado al servicio son las falencias en el aspecto técnico y la preparación del personal para cumplir con las funciones que demanda el trabajo con menores de edad.
Desde ese punto de vista, Luis Jara cree que una medida idónea para cambiar este sistema es aumentar la cantidad de funcionarios que puedan ejecutar los diversos roles que el Sename demanda.
“Necesitamos aumentar la planta y contratar más funcionarios que puedan fiscalizar el trabajo que realizan entidades colaboradoras y privadas. Como funcionarios directos estamos sometidos a diversos controles y protocolos. Pero se nota que cuando se debe trabajar con recintos privados, existe falta de supervisores porque son demasiados centros y hogares, por lo que, la dotación no alcanza a cubrir todas las supervisiones”, comentó.
Señaló que debe existir una inversión real en personal, recursos, una política efectiva y la fiscalización necesaria en estos centros.
Christian Araya, secretario nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios de Sename, cree que tanto el Estado, como la sociedad chilena tienen una deuda pendiente con la protección de menores. “La deuda parte porque no tenemos una Ley de Protección Integrada de la Infancia. Esa es una deuda histórica que ningún gobierno ha sido capaz de sacar adelante. Necesitamos apoyo de muchos sectores sociales”, comentó.
También expuso que incluso, las mismas residencias de Sename tienen falencias porque no cuentan con el apoyo del Ministerio de Educación ni del Ministerio de Salud. “Hay una falta de compromiso tremendo con los niños que están en nuestros hogares y en residencias colaboradoras. El tema es algo general que debe cambiar. Nos falta apoyo de muchos sectores”, señaló.
Sobre el caso de Hualpén, ambos funcionarios comentaron que, teniendo las resoluciones judiciales, se deben cumplir y cursar las responsabilidades administrativas y penales de inmediato, pero realizaron un llamado a que antes de emitir un juicio, se espere el fin de las investigaciones respectivas.
“Se ha juzgado públicamente sin una investigación previa. Hay que tomar el tema con cautela y esperar que el Ministerio Público resuelva el caso. Aún hay presunción de inocencia de estas tres personas”, dijo Araya.