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Los saqueos a plena luz del día obligaron a las criticadas autoridades a reforzar el orden mediante un alto despliegue, que incluyó tanquetas y personal fuertemente armado para que la situación se normalizara.
Las calles del Gran Concepción se convirtieron en un verdadero escenario apocalíptico. El terremoto 8.8 y posterior tsunami golpearon fuerte a la Región del Bío Bío, tanto en lo físico como en lo emocional. Hubo lamentables pérdidas humanas. Y los daños estructurales quedaron visibles durante meses, como heridas que hacían recordar a cada instante el dolor de sentir una destrucción que llegó de súbito en la madrugada del 27 de febrero de 2010.
Los primeros días, sin duda, fueron los más difíciles. El movimiento telúrico se transformó en uno social. Devino la incertidumbre ante las dudas de los abastecimientos de insumos básicos pudieran sostenerse en el tiempo.
Entonces, los saqueos en supermercados, negocios y grandes tiendas irrumpieron como otra ola, pero humana, una que buscaba con desesperación cualquier producto que diera seguridad en momentos de tanta fragilidad.
“¡Busco leche para mi hijo!”, gritaba una madre que salía de la sucursal Líder de Avenida Prat, mientras Carabineros trataba de dispersar a la multitud con el carro lanza aguas y bombas lacrimógenas.
Otros sacaban a toda prisa objetos de valor: televisores, lavadoras, ropa, entre otros.
Los vecinos increpaban, pero los perpetradores, corrían silenciosos.
El presidente de la Cámara de Comercio local en aquel entonces, Marcos Caamaño, calificaba la situación directamente como “un terremoto social”.
“Los que nos ha dado la autoridad, el gobierno, es más terrible que el terremoto”, decía un vecino.
En las noches reinó la incertidumbre bajo un Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por 30 días. El temor de que se saquearan casas con familias no dejó dormir. Tal situación era generalizada en el Gran Concepción.
Se veían barricadas con personas portando todo tipo de armas. Los bates con clavos en manos de vecinos intimidaban.
El relato en vivo del ex alcalde de Hualpén, Marcelo Rivera, del 1 de marzo de 2010, se sigue recordando y es la prueba del terror que reinó.
“Los delincuentes se han tomado la ciudad. Que manden efectivos. Seguridad necesitamos. El agua, los alimentos, pueden esperar. Ya no le tenemos miedo a los temblores, le tenemos miedo a los delincuentes. Por favor, que pongan mano dura. Si tienen que matar, que maten, pero esto es ya el caos ( su voz en este punto se quiebra), se los pido llorando, por favor”, imploraba la primera autoridad comunal. El relato está en Youtube y tiene más de 73 mil reproducciones.
El intendente de aquel año y hoy diputado, Jaime Tohá, al ser consultado, miró atrás y evaluó así: “ Los saqueos fueron muy sorpresivos y de gran magnitud. Las fuerzas policiales tenían tareas que eran vitales para salvar vidas, prestar ayuda a los heridos, buscar desaparecidos, ayudar al restablecimiento de los servicios básicos, junto con reclamar información del resto Región, con la cual no existían comunicaciones. Por tanto, los saqueos no eran una primera prioridad”.
La autoridad fue categórica con su gestión: “Como intendente, desde el primer momento, tanto a nivel local como nacional, solicité la presencia de las Fuerzas Armadas. Su llegada, algo tardía, resolvió en pocas horas los saqueos y desmanes. Soy de la opinión que ante desastres naturales de esa envergadura la oportuna actuación de las FF.AA. es un requisito ineludible”.
La fiscal regional, Marcela Cartagena, en aquel periodo no tenía el rango que hoy ostenta, pero tuvo la responsabilidad de investigar los desmanes. “Fue muy fuerte, muy duro lo que tuvimos que vivir, porque ninguno de nosotros podía sustraerse como ser humano, como persona, de vivir un cataclismo como el que vivimos en Concepción”.
Precisó que se dio una señal súper potente. “No dejamos que el sistema dejara funcionar nunca (…). Tomamos la decisión de colocar todo en la Comisaría. Es decir, estaba el juez y los fiscales. Pedimos a médicos que constataran lesiones a los detenidos (…), incluso, volvimos a tomar huellas”, recordó la fiscal regional.
La persecutora resumió todo con esta frase: “En circunstancias tan precarias como aquella, se funciona y se puede funcionar. Es la lección que nos deja con el tiempo”.
Las diligencias investigativas, pese a las dificultades, entonces, dieron resultados, ya que hubo cientos de personas formalizadas. “En ese tiempo, el delito fue el de receptación (…) y le explico porqué. El grueso de los ataques a la propiedad se produjeron a pocos momentos de producirse el terremoto. Claramente, los dos o tres días siguientes, cuando nosotros estábamos un poco más preocupados de que se salía el mar u otras situaciones, como que colapsó el edificio Alto Río. Entonces, cuando tomamos la dimensión de lo que había ocurrido, de que se había saqueado sistemáticamente todas las comunas: San Pedro, Chiguayante, Concepción, así de manera brutal, comenzamos investigaciones que nos permitieron dar con las personas que tenían las especies robadas, sustraídas y acopiadas en su poder. Y eso conllevó a la figura de receptación”.
Al desesperado llamado del entonces alcalde de Hualpén, Marcelo Rivera, pidiendo a la presidenta Michelle Bachelet y a las autoridades de gobierno local imponer el orden, se sumó también la alcaldesa de Concepción en aquella época, Jacqueline van Rysselberghe (antes de asumir como intendenta del Presidente Sebastián Piñera). La autoridad alertó de los “riesgos sanitarios” ante la ausencia de agua potable en diversos sectores del Gran Concepción.
Y ante las críticas por “los atrasos de despliegues de tropas”, el ministro de Defensa de aquella época, Francisco Vidal, en una visita a la capital de la Región, salió a defender la gestión.
“Por ahora, lo que interesa es enfrentar los problemas y trabajar. Ya llegará el momento de la evaluación y de hacer un papel para la historia. Pero lo que hoy importa es garantizarle tranquilidad a la gente de la Provincia de Concepción y todas sus comunas”, dijo.
Foto | Diario Concepción
El ex intendente Jaime Tohá, al ser consultado en la actualidad, reconoció que “durante las primeras 72 horas hubo muchas carencias en la respuesta que el Estado estuvo en condiciones de desplegar”, pero que después fueron subsanadas.
El lunes 1 de marzo, el general de División, Guillermo Ramírez, anunció a la ciudadanía que se instauraba un Toque de Queda desde las 20:00 hasta el mediodía del martes.
Ante esto, informó que alrededor de 3.500 militares, 1.200 carabineros, 1.200 efectivos de la Armada de Chile y 450 oficiales de la PDI salían a poner orden.
“Lo que está ocurriendo hoy en la ciudad no se aviene a explicaciones racionales. Por lo tanto, decidimos aplicar una medida distinta. Además, confiscaremos vehículos fiscales para darle mayor desplazamiento al personal militar”, explicó Ramírez.
La ciudadanía en las calles sentía que estaba “en tierra de nadie”. El miércoles 3 de marzo se informaba del primer balance tras el Toque de Queda.
Los rigurosos controles militares y policiales entre la noche del lunes hasta el mediodía del martes rindieron efectos: 85 detenidos por saqueos, de acuerdo a lo informado por la Prefectura de Concepción.
Foto | Diario Concepción
Una década después, el general Guillermo Ramírez (hoy en retiro) al ser contactado prefiere restarse de opinar. Eso sí, dio a entender que la misión se cumplió de manera positiva.
Tras los primeros días de la catástrofe, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Concepción, Marcos Caamaño, hizo un duro balance: que entre el 80% y 90% del comercio “estaba en ruinas”. Igualmente, que el 90% de los locales del casco histórico de la capital regional eran víctimas de saqueos, lo que él calificó como “un terremoto social”.
En aquellos momentos, el dirigente apuntó, igualmente, a las autoridades locales en el manejo: “Todos escuchamos al intendente (Jaime Tohá) y al gobernador (Eric Aedo) en la radio y quedó evidente que los periodistas tenían más claro lo que pasaba en la Región y las medidas que se debían implementar.
Foto | Isidoro Valenzuela M.
A su juicio, la presencia de más militares de manera rápida habría evitado las situaciones extremas que se vivieron. “En Temuco hubo un principio de saqueo y Carabineros puso orden desde el inicio. Como resultado, no ocurrió el desastre que vimos acá en la Región. Por eso es que decimos que el estado debería pagar los costos del saqueo, porque no actuó de manera rápida y eficiente para evitarlos”.
Hoy Caamaño, al ser consultado, prefiere guardar silencio. Es un periodo que para él está sellado.