En noviembre de 2017, el entonces director de la Fundación Tierra de Esperanza, Pedro Canales, reveló a Diario Concepción una dramática realidad: los jóvenes infractores de ley no eran recibidos en los establecimientos educacionales cuando cumplen sus condenas, por lo que no les queda nada más que volver a los recintos donde cumplieron medidas cautelares o condenas y encerrarse para poder estudiar.

Tierra de Esperanza es la Fundación la que está a cargo de la Escuela El Renoval, la que está ubicada dentro del Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (CIPCRC), de Coronel. Tiene una directora, profesores, psicopedagogas y una educadora diferencial. Las clases se desarrollan en containers habilitados como salas, las que se ubican en el sector tanto de imputados como de condenados.

Ante esta realidad, en la Fundación comenzaron a soñar con conseguir un aula que reúna a todos aquellos adolescentes que no sean recibidos en un colegio o no puedan reinsertarse en el sistema tradicional, por lo que están en potencial riesgo de desertar del sistema escolar.

Tras la publicación de Diario Concepción, se les acercó un empresario de la zona, quien les entregó una casa en comodato por 10 años, ubicada en el centro de Concepción, para que iniciaran su obra. Su única solicitud fue que su donación permaneciera anónima.

Sin embargo, ahora necesitan recursos del Estado o de privados para remodelarla y dejarla en condiciones para operar como escuela.

Rafael Mella Gallegos, hoy director ejecutivo de Tierra de Esperanza, recordó que llevan años trabajando en la escolarización de los jóvenes que egresan de los centros privativos de libertad, “pero lo que queríamos era dar un paso más allá y salir de la intervención directa que ya tenemos con ellos, a generar un modelo más ambicioso. Con eso contamos con el apoyo de una familia que nos dio en comodato esa casa y generamos un proyecto con la fundación Colunga, postulamos a un proyecto con ellos y esos fondos nos van a permitir sistematizar una intervención con jóvenes que están desescolarizados”.

Es decir, hoy cuentan con el financiamiento para el equipo de profesores, pero lo que nos permite este convenio con Colunga es sistematizar la experiencia para diseñar un modelo de intervención específico para adolescentes desescolarizados “y, a partir de eso, tener incidencia en la política pública y que sean muchos jóvenes a nivel nacional los que puedan acceder a un modelo que responda a sus necesidades”.

Esto, porque quieren evitar que pase lo que suele ocurrir con las distintas iniciativas que se dan en el área social, las que tienden a ser aisladas y no generan registro, “y así muy difícil poder transformarlas en una política que incida en más jóvenes, se acaban los fondos, se acaba la iniciativa y no se puede reproducir, la idea es contar con eso y a partir de esa sistematización poder avanzar en instalar en distintas regiones. La idea de Colunga es poder ampliarlo o traspasarlo a Mineduc o al Sename para que lo puedan instalar”, precisó Mella.

Desafío permanente

Mella recordó que, al analizar la trayectoria de los jóvenes que salen de los centros privativos de libertad, algunos pueden llevar 5 a 6 años desescolarizados. “Hay jóvenes de 17,18 años, que tienen educación básica incompleta. También están los chicos con sanciones en libertad, que ya arrastran años de desescolarización importante, con historias escolares con hartas complicaciones, con frustración con su ingreso a la educación normal y no poder mantenerse allí, expulsados, con dificultad para ser admitidos en una escuela formal”.

Han podido comprobar esa realidad no sólo en el CIP-CRC, sino que también en un proyecto que tienen en las provincias de Concepción y Arauco, que tiene 100 plazas y que tiene como objetivo fomentar la inclusión de estos jóvenes en la educación formal, financiado por Sename. Hoy están atendiendo a 50, ya que cuesta encontrarlos y motivarlos, en un proyecto que está enfocado a la nivelación escolar.

“Es un perfil complejo de motivar para el estudio, pese a que hay una utilidad práctica, ya que así, al sacar su cuarto medio, pueden postular a un trabajo, pero por la dispersión territorial y el perfil se hace difícil tener las 100 plazas hoy. Yo creo que ahí tenemos un desafío importante de lograr, porque chiquillos hay”.

Sin embargo, para el proyecto de Tierra de Esperanza, junto a Colunga, aún hay dificultades: pese a que cuentan con la casa para instalar la escuela, necesitan $10 millones para poder repararla. “Inicialmente hemos hecho contactos con empresas, porque creemos que puede ser un poco más fácil por ahí, con algunas constructoras nos ha ido bien en la donación de materiales más que en la entrega de recursos, pero estamos abiertos a esa posibilidad, porque necesitamos fondos recursos para poder hacer las adecuaciones”.

Mella sabe que estos proyectos son necesarios, tras ver a los adolescentes volver al CIP-CRC para estudiar, y al comprobar que también es difícil su llegada a una escuela de adultos.

“Ellas se adaptan un poco más a las necesidades de los jóvenes, pero no tienen una subvención adecuada, por lo que es difícil que instalen equipos profesionales que den respuesta a la complejidad del caso. Y van muchos adultos también, entonces, que asista un joven de 18, 19 años, un poco más inquieto y demandante, se les hace difícil, por eso, hay que asegurarse de contar con equipos que manejen el perfil. Hay que tener presente que probablemente están descendidos en términos de conocimientos duros, pero lo más importante tiene que ver con poner foco en aquellas habilidades necesarias para su desarrollo”.