La normativa obliga a los recintos particulares a ser fundaciones sin fines de lucro, por lo que las instituciones financieras no les facilitan dineros para realizar las operaciones necesarias.
La ley de Inclusión educacional que se encuentra vigente desde el año 2015 trajo una serie de cambios a nivel educacional, especialmente en recintos particulares subvencionados, quienes debieron cambiar su modalidad de funcionamiento desde sociedades comerciales a fundaciones sin fines de lucro.
Esto se debe a que la normativa, entre sus ejes principales establece el fin al lucro y el término del copago por parte de los apoderados.
Durante la visita que realizó el día lunes a Concepción, el subsecretario Raúl Figueroa, se reunió con sostenedores de colegios particulares subvencionados, quienes le manifestaron sus inquietudes sobre la implementación de la normativa.
De acuerdo a la autoridad, la ley implicó una serie de complejidades para este tipo de sostenedores. “Estamos trabajando con ellos para determinar los nudos críticos que trajo la ley de inclusión y que no se tuvieron en cuenta cuando se legisló y encontrar una solución desde las realidades locales”.
Desde el punto de vista político, el diputado y miembro de la comisión de la educación de la Cámara, Sergio Bobadilla, aseguró que todos los cambios necesarios deben pasar por el parlamento. “La implementación de las últimas leyes han generado complicaciones prácticas desde el punto de vista del financiamiento, hay modificaciones legales que deben introducirse, pero no tenemos las mayorías en la comisión y en la Cámara, por lo que no hemos tenido éxito en nuestras iniciativas”, comentó.
Una de las mayores complicaciones que están viviendo los sostenedores se relaciona con las compras o ampliaciones de los inmuebles en donde se encuentran los establecimientos.
Esto se debe a que las instituciones bancarias se han negado a facilitar dineros para este propósito, puesto que quienes los solicitan son instituciones sin fines de lucro, por lo que los bancos no tienen respaldos para los préstamos.
Esto fue lo que vivió el Colegio Almondale del Valle, quien para poder continuar con su proceso de ampliación debió dejar de ser particular subvencionado y tener un régimen particular a contar de 2020, para así mantener su proyecto educativo.
Misael Valenzuela, presidente de Asepar, sostuvo que esta problemática se debe a que la banca no puede dar respuesta a la situación y que en la zona no se ha llevado a cabo ninguna transacción de este tipo. “La ley no puede dar respuesta a todos los proyectos educativos, con avalúos muy por debajo de los avalúos fiscales”.
En tanto, Eduardo Leiva, presidente de Redcol, comentó que la actual normativa no se preocupó de la calidad de la educación. “Hubo una preocupación por los fierros, la infraestructura, cambiando el foco de la educación. En donde los sostenedores nos hemos tenido que preocupar de la autocompra sin la ayuda de los bancos sacándonos de nuestros ejes”.
Otro de los temas es la situación que vive el Instituto San Pedro y la disputa legal que viven sus sostenedores que podría derivar en que más 800 estudiantes queden sin clases.
Con respecto a esto, la justicia acogió la Orden de no innovar presentada por los apoderados la semana pasada, con lo que se frena el lanzamiento ordenado.
Ante este escenario, el seremi de Educación, Fernando Peña, aseguró que “Con esto podemos asegurar el año escolar para los estudiantes, ahora buscaremos insistir con la Fiscalía, Superintendencia y el Consejo de Defensa del Estado la existencia de un delito. Lo importante es resguardar el derecho a la educación de los estudiantes”.
Hay que hacer presente, que el Instituto San Pedro abrió 72 cupos a través del Sistema de Admisión Escolar para el próximo año.