Ya no se esperará el proyecto de conservación, sino que con fondos propios se comenzará a trabajar. A mediano plazo se contempla instalar tecnología para evitar ingreso de drogas.
Tras la visita del ministro de Justicia, Hernán Larraín, al Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (CIP-CRC), de Sename, el pasado jueves, la directora regional del organismo, Ximena Morgan, y el jefe nacional del departamento de Justicia Juvenil, Benjamín Ulloa, se refirió a las medidas que han estado ejecutando para superar la crisis que vive el recinto, que llegó a enfrentar 30 intentos de suicidio de adolescentes infractores de ley en diciembre de 2018, agresiones de jóvenes adultos a los menores de edad, y una infraestructura dañada y deficiente que no ha sufrido mejoras significativas desde 2007, problemas que han sido constantemente denunciados por los dirigentes de los trabajadores del organismo.
“El ministro se dio el tiempo de hablar con los adolescentes y algunos funcionarios, pudo constatar las problemáticas de infraestructura que enfrentamos en el centro, y estamos contentos con su visita”.
Morgan recordó que aún están a la espera de que se apruebe el proyecto de conservación del recinto que ya tuvo dos licitaciones fallidas: una porque la empresa superó el presupuesto estimado y la segunda, al no haber oferentes. Por eso, el proyecto debió reevaluado y hoy el Sename revisa las observaciones realizadas por el Gobierno Regional, que debe aprobarlo para que se abra una tercera licitación.
Sin embargo, ya se decidió realizar arreglos al recinto, con fondos del Servicio Nacional de Menores, los que se materializarán este año.
“Hay cosas que se tienen que hacer de forma inmediata, como crear separaciones e instalar muros en el centro para manejar los distintos grupos de jóvenes, disminuir sus conflictos y aumentar la seguridad”.
Ulloa precisó que hoy la prioridad es mejorar la habitabilidad del recinto, por lo que también se realizarán mejoras al sector cocina, recordando que este año han tenido al menos tres episodios de intoxicaciones, y una reparación de la red seca, falencia que constantemente aparece en los informes de la Comisión Interinstitucional de Supervisión de Centros Privativos de Libertad, y que los deja con un alto riesgo de incendio.
El plan de instalar muros en el sector de régimen cerrado se debe a que trasladarán ahí a los imputados y a quienes cumplen condena, al sector de imputados.
“Esto, porque hoy tenemos 38 imputados y sólo 8 condenados. Y en el sector de régimen cerrado hay más espacio, por lo que permite un mayor control por parte de los educadores y coordinadores de casa”, dijo Ulloa.
En cuanto al proyecto de conservación, informó que están subsanando las observaciones que hizo el Gore. Sin embargo, de todas maneras, tienen considerado como servicio un proyecto de mejoramiento de las casas donde viven los adolescentes infractores de ley, el que se materializará el 2020.
Ulloa recordó que a mediano plazo se planea construir un nuevo centro, con cupos para 72 jóvenes, con los nuevos estándares del servicio, para lo cual ya se realizarán los estudios topográficos en el recinto coronelino.
“Hoy a nivel nacional se está iniciando un nuevo modelo de gestión de centros, entonces es importante focalizar los problemas que requieren una solución inmediata. Sabemos que tenemos problemas de ingreso y de abuso de drogas, y por eso convocamos a una mesa de trabajo, junto a Gendarmería, PDI, Carabineros, Fiscalía y Defensoría, y esperamos contar con varias medidas en cinco centros priorizados, entre ellos Coronel”.
Entre ellas está la posibilidad de tener tecnología para detectar drogas durante el ingreso de visitas, lo que se materializaría a mediados del 2020.
También plantearon la necesidad de contar con la coordinación con las policías, “para realizar, por ejemplo, rondas preventivas en los centros. Tener fiscales que se orienten a los problemas que hay en estos centros y, como piloto, a mediados de agosto, plantearemos a las autoridades estas medidas, las que serán evaluadas en marzo del próximo año”.
Otra dificultad que sufren los adolescentes, y que también fue planteada por el mismo ministro Larraín, fueron los problemas de salud mental que tienen, “pero hay que recordar que el Sename no es una institución absoluta, es decir, trabajamos en redes. Este centro cuenta con una Unidad de Corta Estadía, gestionada por el Ministerio de Salud. Tenemos un dispositivo de drogas, a cargo de Senda. Por la escuela recibimos recursos del Educación, entonces para poder mejorar las condiciones de nuestros centros requerimos del compromiso de todos, y creo que se requiere un mayor esfuerzo”.
Ulloa fue más allá y aseguró que también se requiere del apoyo de la sociedad civil , “pero creemos que es importante abrir los centros a la comunidad. Somos conscientes de que hay un nexo de causalidad en los centros donde hay poca oferta programática, que ha sido una de las debilidades de este centro, y cómo se condice con los eventos críticos. Es relevante seguir avanzando, esto es un proceso y tenemos mucho que hacer”.