Confiados en que sus negociaciones ante la Tesorería llegarán a buen puerto se mostraron los accionistas del Mercado Central de Concepción, tras conocer que nuevamente el recinto está en riesgo de ser rematado, por una deuda de contribuciones que ascendería a mil 700 millones de pesos, según se informó desde el municipio.

Jimena Meneses, presidenta del Directorio de la Inmobiliaria Mercado Central, precisó que espera que estas negociaciones eviten esta decisión. Sin embargo, criticó la decisión del alcalde Álvaro Ortiz, de indagar en Tesorería sobre la deuda.

Esto, porque a través de un comunicado, el jefe comunal manifestó su preocupación por la deuda que mantienen las Sociedades propietarias del Mercado Central de Concepción con la Tesorería General de la República, situación que repone el riesgo de remate.

“Hay que aprovechar de tomar esto como una nueva petición y oportunidad para decirle al Gobierno Regional que pueda entregar los recursos para poder expropiar porque no puede ser que el valor patrimonial, el valor histórico que tiene este espacio, finalmente, termine en manos de un privado que pague un precio, según lo que se estipule en el remate, que puede ser bastante conveniente, pero muy perjudicial para Concepción”, dice el comunicado.

“Él fue a pedir información sobre eso, pero consideramos que es una forma de presionar al Gobierno Regional apurando el remate del Mercado por contribuciones”, dijo Meneses, quien agregó que así se materializaría la expropiación del recinto, aprobada durante la administración del ex intendente Rodrigo Díaz, con un monto de 10 mil millones de pesos, a la que se opuso la administración del ex intendente Jorge Ulloa, por considerar que ese monto sería insuficiente y se arriesgaban como Gore a demandas de todos los involucrados en el caso.

Opinión que los accionistas comparten, pues insistieron en que ese monto “no va a alcanzar para todo, porque eso incluye el diseño, el proyecto y la expropiación. Este paño vale al menos 50 a 60 mil millones y ninguno de nosotros se va a quedar tranquilo con eso, porque sabemos cuanto cuesta cada uno de nuestros locales”.

Sin embargo, desde la intendencia les entregaron una luz de esperanza, pues se creó una subcomisión para destrabar el conflicto.

“El intendente nos recibió esta semana para enterarse en qué estábamos. Ahí nos comentó que había formado una subcomisión para analizar este tema, además de soluciones para los mercados de Talcahuano y Arauco, donde está incluido el Ministerio de Vivienda, Bienes Nacionales, Desarrollo Social y Serviu”.

La noticia los tranquilizó, pues con esto no se materializaría la temida expropiación. Giacaman solicitó a los integrantes del equipo que en 30 días recopilen toda la información necesaria para comenzar a trabajar en las soluciones de cada caso.

Meneses insistió en que la única solución posible es que se materialice el fallo de la Corte Suprema de 2013, ignorado por las autoridades, donde el municipio se comprometía a buscar un inversionista para recuperar el edificio.

“Nosotros estamos trabajando para dejar saneado el proceso de contribuciones. No entendemos por qué el alcalde cerró el mercado, si el informe del Idiem dice que se puede reabrir, porque el arco no sufrió daños mayores. Por eso, creemos que se debe cumplir el acuerdo que se llegó ante la Corte Suprema el 2013, porque yo no encuentro sentido a que se saquen 10 mil millones de pesos del gobierno regional, que no van a alcanzar para nada”, precisó Meneses.

En ese documento, firmado el 15 de mayo de 2013, ante el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, el municipio penquista, la inmobiliaria Concepción 2000, la inmobiliaria Mercado Central y los comerciantes, llegaron a un acuerdo para solucionar el juicio por la venta frustrada del recinto, en 1996. La municipalidad se comprometió a desarrollar un proyecto inmobiliario que considere la construcción de un nuevo mercado, conservando el patrimonio arquitectónico del lugar. Debía entregar 249 locales a los accionistas, los que cederían antes la propiedad del recinto para permitir su reconstrucción. Con esa inversión, se pagaría la deuda a Concepción 2000. El fallo daba cuatro años para concretar el proyecto. Por esto, los accionistas pidieron el cúmplase del acuerdo a la justicia, resolución que aún no se conoce.