Intendente Giacaman convocó para el viernes a parlamentarios de la zona y a todos los gremios involucrados para zanjar el conflicto. Hoy se reúne en el Congreso la Comisión de Pesca del Senado.
Cerca de 2 mil trabajadores de la industria pesquera y de un sector de la pesca artesanal, específicamente los trabajadores cerqueros, llegaron ayer hasta la intendencia del Bío Bío para solicitar a la máxima autoridad regional, Sergio Giacaman, que realice “las gestiones que sean necesarias” para prorrogar la Ley de la Jibia por 24 meses, ley que debiese entrar en vigencia el próximo 17 de agosto, además de anular la ley corta de pesca.
Desde las 10 de la mañana comenzó a verse el movimiento, muy bien organizado, desde el Puente LLacolén, con pescadores de Coronel y Lota; desde la costanera con trabajadores de Talcahuano y San Vicente; y desde Paicaví con otros de Tomé, todos bajo las mismas demandas, lo que provocó gran atochamiento vehicular por diversas arterias de Concepción por cerca de tres horas.
Hugo Roa, presidente del sindicato de tripulantes, señaló que “la prórroga por 24 meses es fundamental para la industria, porque serán cerca de 12 mil trabajadores directos e indirectos, 70% de ellos mujeres jefas de hogar, sin empleo, sin el sustento para su hogar”.
Añadió que “este es un tema de interés nacional ya que la Organización Regional de la Pesca de Pacífico Sur, ORP, es la que regula los recursos pesqueros que asigna cuotas históricas por país. “De 200 mil toneladas globales llevamos recién 39 mil toneladas, porque todos sabemos que la pesca artesanal no es capaz de llegar al 80% destinado por ley para su sector, por lo tanto, se pone en riesgo la fuente de miles de trabajadores, pero también los intereses del país”.
Raúl Morales, presidente de la Federación de Plantas Pesqueras de Consumo Humano, expresó que “vemos al Gobierno muy pasivo en esta materia. Solo en Pacific Blue implica la desvinculación de 600 personas”. A su vez, José Venegas, vocero de los trabajadores de Blumar, pidió al gobierno escuchar sus demandas, pero además “que el gobierno nos garantice una plataforma social, ya que seremos miles de familias afectadas por esta ley que no beneficia a nadie”.
El intendente manifestó su disposición para abrir puertas de diálogo y convocó para el viernes a una mesa entre parlamentarios de la zona y a todos los gremios de la industria, como de los artesanales, que ya anunciaron una nueva movilización para hoy.