Nuevamente, la provincia de Arauco es escenario de atentados. Esta vez, un ataque incendiario afectó a cabañas y un recinto náutico en Puerto Peleco,  Cañete, administrado por una comunidad mapuche. Los desconocidos dejaron en el lugar un lienzo que indica “Weichafe Lemuel Vive”, a propósito de la muerte del comunero Lemuel Fernández, el viernes pasado en Tranaquepe, Tirúa, donde un grupo ingresó a una casa en Tranaquepe, Tirúa, para quemarlo, pero el dueño de casa  tomó su arma debidamente inscrita y disparó en defensa propia. A este hecho se  suma que la tarde de este martes, un grupo indeterminado de desconocidos quemó maquinaria forestal al interior del fundo Lanalhue, propiedad de Mininco, en Cañete.

El ataque se produjo contra un camión cama baja y un skidder, del empresario César Covili.

Además, el fin de semana fue quemada una cabaña de veraneo en Curaquidico, Tirúa.

“Este atentado afectó directamente a miembros de una comunidad indígena que está en ese lugar.  Estos son los mismos sujetos que en mucho tiempo han estado en tomas y en actividades contrarias a derecho, y encontraron una justificación para seguir cometiendo acciones delictivas que lamentablemente en este caso vuelven a ser dirigidas contra miembros de sus mismas comunidades originarias”, dijo el fiscal con dedicación exclusiva para casos de violencia rural en la provincia de Arauco, Juan Yáñez.

Al respecto, el intendente Sergio Giacaman confirmó la interposición de una querella por homicidio frustrado y porte de arma, y precisó que se evaluarán acciones legales por los otros dos hechos.

Sin embargo, para la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), este tipo de medidas ya no son suficientes y por eso presentaron un recurso de protección en contra del intendente de la Araucanía, Jorge Attton  y los gobernadores de  las provincias de Malleco y Cautín, Mauricio Ojeda y Víctor Manoli, por todos los hechos de violencia ocurridos en la zona, medida que se estudia replicar en la Región del Bío Bío.

En la acción legal, el gremio indica que se recurre por  “las omisiones  ilegales y arbitrarias relativas a sus obligaciones sobre orden, seguridad y tranquilidad pública”, ya que sólo entre 2018 y 2019 van 59 atentados en las regiones de Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. De ellos, 24 en esta zona, los que generan temor en los trabajadores y millonarias pérdidas patrimoniales. Desde 2014 ya llevan 138 atentados registrados en las cuatro regiones, donde el 41% de ellos ha ocurrido en Bío Bío.

Es por eso que solicitaron medidas concretas en la acción legal a las autoridades, como generar una mesa de trabajo preventivo en seguridad conjunta con la Asociación de Contratistas Forestales; la presentación efectiva de querella por la intendencia y gobernación en cada uno de los casos de atentados incendiarios, efectuando un seguimiento en etapa de investigación, solicitando diligencias y participando  en formalizaciones, entre otras.

“Llevamos casi seis años en esto, de violencia, de inoperancia de las autoridades, de falta de resultados, porque no hay culpables. Esto es una oportunidad, porque no estamos atacando a las autoridades, sino que estamos buscando una forma conjunta de trabajar. Nos propusimos estudiar esta medida en las cuatro regiones. Ya la presentamos en la novena y estamos estudiando los siguientes pasos en relación a este recurso”, dijo René Muñoz, gerente de Acoforag.

Al respecto, el intendente Giacaman señaló que “yo estoy haciendo la pega. He puesto como prioridad la seguridad de las personas, y por eso hemos generado un plan de copamiento de la ruta y reforzamiento policial, y acogido a cada una de las víctimas que han sufrido estos delitos de violencia rural, y estoy absolutamente disponible a seguir trabajando por ello”.