La fiscal regional de Bío Bío, Marcela Cartagena, se inhabilitó de investigar la querella por desacato contra los ministros de la Corte de Apelaciones de Concepción, interpuesta por el ex juez de Garantía de Cabrero, Leonel Castro.

La acción legal se originó en que los jueces que integraban este pleno, en 2016, no acataron la orden de un sumario administrativo, que ordenaba oficiar a la Fiscalía para investigar el hurto de un celular institucional desde su oficina y que luego fue encontrado en la misma Corte penquista.

Fue ese aparato el que confirmó que Castro cometió irregularidades siendo juez, por lo que fue destituido de su puesto en el Poder Judicial y hoy enfrenta una investigación por falsificación de instrumento público, la que hoy está en etapa de preparación de juicio oral.

Cartagena confirmó su inhabilitación en el caso, ya que es nuera de una de las juezas denunciadas, María Leonor Sanhueza, por lo que ahora la Fiscalía Nacional debe designar al persecutor que deberá investigar la querella.

“Conociendo los antecedentes, yo los pongo en conocimiento del fiscal nacional y le solicito que por razones de inhabilidad, tenga a bien sacar la querella de la Región del Bío Bío. Me pidió que le enviara los antecedentes, cosa que yo ya hice, y es él quien debe decir qué Fiscalía Regional la va a investigar”.

Sin embargo, la inhabilitación de los ministros dejó en una compleja situación a la Corte penquista, ya que se debe cambiar la integración de las salas cuando se revise una causa investigada por la Fiscalía, con abogados integrantes y ministros que no estén inhabilitados.

Al respecto, el defensor regional, Osvaldo Pizarro, afirmó que lo ocurrido afecta el funcionamiento de la Corte, “y nos parece correcta la decisión de los ministros, estimando que existe un antecedentes que ha cuenta de un elemento que podría afectar la imparcialidad en el deber de juzgar. Creemos que la Corte va a tomar las medidas necesarias para darle fluidez a las audiencias y evitar los retrasos en la integración de las salas”.

La jueza Margarita Sanhueza, presidenta de la Asociación de Magistrados, consideró que “esto no sólo va a conformar retrasos en la integración de las salas, sino que también una recarga en el resto de los ministros que no se han inhabilitado. Hay que estar formando salas y creo que es algo engorroso”.

Agregó que “creo que no había causal para inhabilitarse, ya que están en el Código Orgánico de Tribunales y no había ninguna en este caso”.