Los parlamentarios presentaron un proyecto de resolución para pedir al Ejecutivo el envío al Congreso de un proyecto de ley que cree un subsidio estatal para ellos.
Entre 2018 y lo que va de 2019, cinco mujeres han muerto a manos de sus parejas en la Región del Bío Bío.
Con los asesinatos de María Luz Inzunza Correa, Soraya Sepúlveda Riquelme, Elba Roma Fica, Berta Vargas Quilodrán y Lissette Riffo Cayupán, son 12 los niños y adolescentes que perdieron a sus madres y, con ellas, su principal apoyo emocional, con un daño que se extiende para toda la vida.
Es por esto que 10 diputados, de diferentes bancadas, presentaron un proyecto de resolución para pedir al Ejecutivo el envío al Congreso de un proyecto de ley que cree un subsidio estatal para los hijos e hijas de personas condenadas por parricidio o femicidio de su otro cónyuge.
La iniciativa tiene el respaldo de parlamentarios de distintos colores políticos, como Diego Schalper (RN) , Emilia Nuyado (PS), Sandra Amar (UDI), Catalina del Real (RN), Sofía Cid (RN), María José Hoffmann (UDI), Maya Fernández (PS), Catalina Pérez (RD), Carolina Marzán (PPD) y Joanna Pérez (DC), esta última diputada por el distrito 21 de la Región del Bío Bío. Ésta fue apoyada por la Cámara en su votación el pasado 7 de mayo, sin votos en contra ni abstenciones.
“Hay una situación en las sombras, que no ha sido cubierta por el ordenamiento jurídico con la eficacia que merece, considerando el grave perjuicio que genera, y es el caso de los hijos menores de edad, que quedan en el más completo desamparo”, dice el texto, el que además insiste en el abandono en que quedan los niños que son víctimas en estos casos.
El proyecto incluye a los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Justicia y de Desarrollo Social, para que elaboren y envíen al Poder Legislativo un proyecto que considere la “fijación de un monto mensual de subsidio estatal a niños, niñas y adolescentes cuyos padres sean condenados por el parricidio o femicidio de su otro padre o madre”. Con respecto al sistema de cuidado personal, solicitan que éste tenga como objetivo “generar una rápida contención de los menores de edad afectados” y que el protocolo “contemple al menos la asistencia psicológica y defensa legal para los menores de edad” que viven en esta realidad.
Para Joanna Pérez, una de las patrocinantes de la iniciativa, que este proyecto se materialice es absolutamente necesario. “Es un tema que nos hace sentido. Estos niños quedan en una situación muy compleja desde un punto de vista psicológico y legal. Creemos que hay una desprotección hacia ellos. Por esto pedimos el apoyo al Ejecutivo, porque con la legislación actual tienen que postular a pensiones, debe intervenir Sename para sacarlos del ambiente de violencia en que están, pero no hay apoyo económico y quedan muy expuestos”.
La parlamentaria explicó que se hizo vía proyecto de resolución, ya que, al haber un subsidio monetario involucrado, debe ser una iniciativa del Ejecutivo.
La diputada Loreto Carvajal había presentado también, hace un tiempo, un proyecto similar
“Esta es una realidad de la que es urgente hacerse cargo. Hay que tener un cambio de legislación para estos niños que no solo sufren la tragedia de perder a su madre, sino que además el padre o pareja de la mujer se suicida o termina en la cárcel”.
En su proyecto, la parlamentaria proponía un Plan de Apoyo Integral a los hijos menores de edad de víctimas de femicidio y de violencia familiar, que contemple, entre otras medidas, el establecimiento de una pensión de gracia. “Es necesario que el Estado se haga cargo de estos niños que quedan en total desamparo cuando ocurren estos femicidios”.
Para la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Marisa Barro, un femicidio “es la expresión más extrema de la violencia contra la mujer y afecta de forma grave, no sólo a la víctima directa sino a todo su entorno. Los hijos e hijas muchas veces quedan en la total indefensión y creemos que toda iniciativa que busque ayudarlos a salir adelante ante esta situación apunta en la dirección correcta”. En este mismo sentido, informó que SernamEG y Serviu, cuentan con un c o n v e n i o que asegura el acceso preferencial a subsidios habitacionales a mujeres que están siendo víctimas de violencia grave por parte de su pareja. “Esto, en el entendido de que la dependencia económica de la víctima respecto a su agresor, muchas veces no les permite salir del hogar en común arriesgando sus vidas y las de sus hijos”.
Consultada por cuál es la realidad en la que quedan los niños, desde el punto de vista psicológico, social y económico, tras un hecho como éste, la seremi aseguró que “las consecuencias de un femicidio para los hijos e hijas son muy graves. La afectación psicológica puede ser permanente, por eso es importante que accedan a atención reparatoria por parte de especialistas”.
Pero con la legislación actual, ante un femicidio, SernamEG se encarga de derivar a las víctimas indirectas a los servicios que corresponden. En el caso de los menores, al Sename a través de las Oficinas de Protección de Derechos.
Desde la Defensoría de la Niñez, en Santiago, se indicó que “es positivo poder legislar sobre la situación de los niños y adolescentes cuyos padres sean condenados por el delito de parricidio o femicidio. La mayoría de las mujeres víctimas de violencia y femicidio son madres, y en muchos casos hay niños a los que lamentablemente les ha tocado presenciar estos actos de violencia, o quedar sin un padre o madre producto de estos hechos, por cuanto es ahí donde debe intervenir el Estado de una manera integral para la atención de esos niños niñas y adolescentes que se encuentran particularmente vulnerados. Y este tema, hasta ahora no ha sido abordado”.