Tuvieron que ir a pelear a la Corte de Apelaciones de Concepción para que la justicia reconociera el derecho de B., hoy de casi dos años y medio, de quedarse con la familia de acogida que lo había cuidado desde que tenía cinco meses.

Favio Ruiz y Vilma Araos había manifestado su interés por adoptarlo, pero habían sido ignorados por el Sename, que no presentó sus antecedentes al juzgado de Familia y que escogió a otra pareja para ser sus padres, procedimiento que fue anulado por el tribunal de alzada, el que ordenó que fueran evaluados para ser los padres adoptivos del niño. El viernes, el juzgado y el otro matrimonio apelaron a la Suprema, por lo que el caso deberá resolverlo el máximo tribunal del país.

Su caso se suma al del matrimonio de Lorena y Fernando (quienes pidieron que sus apellidos se mantuvieran en reserva), tras ser oficializados, en marzo de este año, como los padres adoptivos de S., el niño que recibieron en 2016, cuando apenas tenía seis meses y que, tras ser su familia de acogida por un año y medio, decidieron adoptarlo.

Este último caso fue patrocinado por la abogada del matrimonio, Marianela Villarroel, de la Fundación Pro Bono, quien insistió en que no hay nada en la ley vigente que im pida que los cuidadores adopten.

“No hay ningún impedimento para eso en la ley. Lo que hay es un malentendido al creer que algunos cuidadores podrían querer saltarse el proceso de adopción, lo que es absolutamente falaz, porque ellos ya hicieron todos los test que le permiten ser idóneos. No creo que el Sename le va a pasar un niño a una persona que no es idónea, por lo que los guardadores son los primeros que deberían adoptar”.

El pasado miércoles, la Cámara de Diputados aprobó la indicación del Gobierno que buscaba no privilegiar a las familias guardadoras, señalando que solo podrán participar del proceso de adopción cuando hayan tenido a otro niño a su cargo con anterioridad y el que quieran adoptar no sea el primero bajo su cuidado. Además, obliga a que éste se haya mantenido bajo su protección durante un plazo de 18 meses.

El proyecto ahora debe pasar al Senado.

Para la abogada Villarroel, que la norma se apruebe con esta indicación “no toma en consideración el interés de éste, ni el afecto ni el apego seguro que generó con la familia que lo acoge, generando una nueva revictimización al alejarlo de quienes desde su punto de vista, son sus familiares más cercanos. ¿Cuál es la lógica que al ser el primer niño que acojan no puedan optar a adoptarlo? ¿Por qué perjudicar a ese niño? ¿Por qué si son aptos para adoptar al segundo al primero no? Hay que preguntarse qué interés se pretende proteger con esta norma, porque claramente al adoptado no”, inquirió la profesional.

Vulneración de derechos

La Defensoría de los Derechos de la Niñez ha seguido la discusión de este proyecto de ley, e informó que ingresará sus recomendaciones por escrito al inicio del Segundo Trámite Legislativo.

“Consideramos un importante avance incorporar a los guardadores como solicitantes de adopción. Sin embargo, no se comparte el hecho de que esto sea respecto del segundo hijo que cuiden y nos parece, además, que el plazo de 18 meses resulta excesivo, considerando los plazos judiciales y administrativos del proceso mismo de adopción lo que podría conllevar a una vulneración del derecho de los niños y adolescentes a vivir en familia”, dijo la defensora nacional de la Niñez, Patricia Muñoz.

La abogada reiteró que ellos tienen derecho a vivir en familia “y la institución de las Familias de Acogida, a diferencia de las residencias para niños y adolescentes, hace posible que ese derecho se resguarde de mejor manera”. Agregó que ahora “la discusión debiera enfocarse en la búsqueda de familiares que puedan asumir el cuidado personal de los niños; en cómo ponderar, en el caso concreto, el vínculo con la familia de origen y la posibilidad de ser adoptado desde el interés superior de ese niño, preocupándonos la falta de importancia que el presente proyecto de ley se le da a los vínculos afectivos creados por los niños que son susceptibles de ser adoptados; la falta de acompañamiento real que se plantea, tanto para las familias de origen, como para las familias de acogida y las familias adoptantes”.

Precisó que, para la Defensoría, “es preocupante que no se definan los plazos de los programas y subprogramas de adopción y que no se defina qué organismo será encargado de fiscalizar y evaluar dichos programas”.

Agregó que, en relación con los plazos judiciales, “consideramos que siguen siendo extensos resultando imperioso considerar que su reducción resulta imprescindible para poder dar respuesta al deber estatal de garantizar el derecho de los niños de vivir en familia en un tiempo que sea acorde con su interés superior.

Patricia Muñoz recordó que, si se consideran las últimas cifras entregadas por Sename a la institución, los niños y niñas entre 1 y 3 años son los que más han sido declarado susceptibles de ser adoptados en los últimos años, situación que disminuye considerablemente cuando superan los 8 años de edad. “Por otro lado, los motivos de larga permanencia en residencias son, entre los más relevantes, su edad, la existencia de hermanos, la presencia de problemas de salud, la manifestación de trastornos conductuales, la presencia de trastornos socio afectivos, la presencia de alguna situación de discapacidad y la excesiva demora en la tramitación de las causas”.

“Donde caben seis, caben siete”

En Santiago, la fundación Proacogida trabaja en este momento para que se reconozca el derecho de los niños a quedarse definitivamente, en adopción, con las familias de acogida, cuando éstas han manifestado la voluntad de quedarse con ellos.

“Nos parece pésimo lo aprobado en la Cámara porque habrá niños tendrán que dejar sus familias de acogida e irse a familias adoptivas nuevas aún cuando ellos quieren estar ahí”, dijo Francisco Covarrubias, presidente de la fundación.

El también psicólogo precisó que, a su juicio, la indicación del tiempo de acogimiento y de número de acogidos “está basada en una desconfianza de que alguien pueda abusar del sistema y no en el interés superior del niño. Para eso existen pruebas psicológicas y el ojo clínico de los profesionales. El proyecto, en general, deja en el juez quién será la mejor familia, pero con esta letra chica lo obliga a sacar al niño de esa familia de acogida si no se han cumplido el año y medio”.

Para el profesional, quien junto a su pareja tiene un niño a su cuidado hace ocho meses, “las familias de acogida que se han evaluado como adoptiva deben ser la prioridad antes que nuevas familias de manera de no re-traumatizar innecesariamente. Los países de la Ocde así lo consideran o al menos no lo prohíben. Hoy al menos la ley no dice nada y eso es mejor, porque lo deja en manos del juez y en su criterio”.

Una prueba de que no todas las familias de acogida están interesadas en adoptar es Henry Ordoñez. Vive en Santiago, y es, junto con su esposa, familia de acogida desde 2015.

“Creo que somos de los más antiguos. La motivación parte por la inquietud de mi esposa al ver una publicidad en una revista. La campaña decía “Donde caben dos, caben tres”. Nosotros somos seis, así que transformamos la campaña en “donde caben seis, caben siete”.

Saben lo difícil que es separarse de un niño cuando ya va a hacer adoptado, y por eso siempre se han preparado. “Nosotros ya hemos completados tres procesos de acogimiento de distinta duración (22, tres y cuatro meses). Es un proceso de mucho amor y alegría, una alegría mojada de lágrima. Conocer a sus padres adoptivos y entregar al chiquitito a ello te llena de satisfacción. Es una tarea cumplida. Y ya estamos pensando en el próximo niño que apoyaremos.

Ordoñez sabe de lo que habla, pues además es familia adoptiva desde 2000, y 15 años después decidió acoger a niños. Por eso, ante la posibilidad de que las familias de acogida puedan adoptar, planteó que “uno no puede opinar sobre la decisión que toman otros. Sabemos lo que implica la adopción y es una opción válida para aquellos que la estimen conveniente”.