K.E.C, de 17 años, y B.C.G., de 16 años, fueron formalizados por el robo con homicidio de Luis Sánchez Viveros (36), tras asaltar su casa en Los Lobos.
Pamela Sánchez Viveros rompió en llanto al escuchar al fiscal Cristian Oróstica relatar, ante el tribunal de Garantía de Talcahuano, cómo murió su hermano, Luis Alberto Sánchez Viveros (36), en el asalto a su vivienda, ocurrido el miércoles pasado, en el sector Los Lobos, donde, además, su padre, Luis Alberto Sánchez Sandoval, de 62 años, quedó con lesiones de gravedad.
Ayer, el juzgado de Garantía de Talcahuano dejó con internación provisoria a K.E.C. y B.C.G., imputados por el Ministerio Público como autores del delito consumado de robo con homicidio.
En la audiencia, la magistrada Humilde Silva ordenó el ingreso de ambos adolescentes al Centro de Internación Provisoria (CIP) de Coronel, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y por la gravedad del delito. Además, fijó el plazo de investigación en seis meses.
En la audiencia, Oróstica reveló que alrededor de las 4:20 horas de la madrugada, los imputados ingresaron al patio de la vivienda tras saltar el cerco, ingresaron en el inmueble rompiendo un vidrio y accedieron a la habitación del primer piso en la que dormía Sánchez Sandoval, produciéndose un forcejeo en el que K.E.C. lo atacó con un cuchillo.
Con los ruidos, desde el segundo piso bajaron sus hijos. Mientras el hombre ayudaba a su padre, la hija subió al segundo piso para llamar a Carabineros, pero fue interceptada por B.C.G., quien le quitó su celular y una billetera.
El adolescente bajó al primer piso, donde las víctimas, pese a que se estaban desangrando, retenían a K.E.C., quien había acuchillado a ambos. B.C.G. le pegó en la cabeza al dueño de casa con el palo que portaba, dejándolo inconsciente. Ambos huyeron del lugar, con las especies sustraídas, luego de que la mujer les abriera la puerta, que estaba cerrada con llave.
En el relato del fiscal, se confirmó que la familia asaltada conocía a K.E.C., ya que había vivido en el sector por años, a unas tres o cuatro casas de distancia, por lo que la hija de la víctima le rogó que se fuera. Incluso, la tía y la abuela del adolescente llegaron a la vivienda minutos después a prestar ayuda a sus vecinos asaltados.
El fiscal Oróstica confirmó que, al momento del crimen, ambos adolescente estaban formalizados por robo con intimidación, en una audiencia que se realizó el 7 de abril, por lo que tenían una medida cautelar vigente de prohibición de acercarse a la víctima.
Además, agregó que B.C.G., de 16 años, tenía 25 condenas por diferentes delitos, como robos y hurtos. En 2018 había cometido un robo por sorpresa, por el que estuvo en el CIP, pero en febrero la medida fue reemplazada por arresto domiciliario, el que no cumplió. 10 días después fue llevado al tribunal por un robo y quedó con cautelares. En marzo cometió otro robo y había quedado bajo un programa de intervención ambulatoria de Sename.
En el caso de K.E.C., en enero de 2019 fue condenado a seis meses de libertad asistida especial por un robo con intimidación y dos días después fue nuevamente condenado a libertad asistida simple por un robo con violencia.
“Estamos frente a un robo con homicidio y está en la escala más alta del Código Penal, por lo que para adolescentes lo máximo que pueden tener como condena son 10 años. Expusimos al tribunal que, al tener causas y condenas pendientes, son un peligro para la sociedad”, precisó el fiscal.
Su defensora, Claudia Rodríguez, se opuso a la internación provisoria de los adolescentes, asegurando que había diligencias pendientes y que los jóvenes habrían actuado bajo la influencia de drogas.