La investigación que hoy tiene en el ojo del huracán al fiscal Emiliano Arias preocupa a quienes fueron parte de la institución, por los efectos que puede traerle.
La disputa entre el fiscal nacional, Jorge Abbott, el fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, y el fiscal Sergio Moya, amenaza toda la imagen del Ministerio Público a nivel nacional.
Hoy, el persecutor a cargo del caso por abusos sexuales en la iglesia es investigado administrativa y penalmente por una denuncia realizada por su subalterno, la que daría cuenta de la participación de Arias en actos de corrupción.
La acusación ha sacudido a todo el sistema judicial, ya que a Arias se le acusa de tener vínculos con políticos, para favorecerlos en los casos judiciales que investigaba la Fiscalía de O’Higgins.
Fiscal regional de Rancagua, Emilio Arias.
Para el ex fiscal Julián Carrasco, el perjuicio a la Fiscalía “es evidente y grave, ya que distrae el foco y el objetivo de las investigaciones afectadas por este conflicto, y, en términos generales, el prestigio, la imagen y posicionamiento del Ministerio Público se ve deteriorado ante la ciudadanía, la que percibe a Fiscales más preocupados de defender sus intereses que desempeñar la importante función que por Ley les corresponde”.
Para la abogada Ximena Sepúlveda, ex fiscal de Talcahuano, la disputa “puede causar muchísimo daño, porque genera desconfianza en una institución que hasta hace poco era una de las mejor evaluadas dentro del contexto de aquellas que administran justicia. Ello finalmente podría redundar en que la ciudadanía no denuncie o bien denuncie en menor medida hechos constitutivos de delito, lo cual podría invisibilizar los fenómenos criminales, que es un efecto muy nocivo en la estrategia de persecución criminal”.
Para Andrés Cruz, ex fiscal jefe de Talcahuano, “el golpe a la imagen del Ministerio Público ya está hecho y eso va a tener que repararse, para reposicionarse y que la ciudadanía tenga confianza en la institución que persigue los delitos en este país”.
Paolo Muñoz, consejero regional de la Asociación de Fiscales, comentó que en la agrupación hay preocupación por lo que está ocurriendo, pero están esperanzados que las investigaciones ordenadas por la Fiscalía Nacional logren que la institución logre superar esta crisis.
“Creo que se pone a prueba el sistema y esto no le hace bien a la institución, no es bueno que existan pugnas entre el fiscal nacional y los fiscales regionales. Entendemos que se hizo lo correcto para que esto se investigue a través de la ley”.
Para el dirigente, esta pugna Abbott-Arias-Moya es uno de los hechos más graves que ha vivido el Ministerio Público.
Para Julián Carrasco, la causa de todo esto es “un problema de definición de roles y diferencias de criterio en cuanto a la manera de enfrentar las causas y el trato con los intervinientes en las mismas, sin perjuicio de una aparente consideración especial a autoridades vinculadas a las investigaciones o que intervinieron en los procesos de nombramiento de los fiscales involucrados”.
Para Raúl Bustos, ex fiscal de jefe de Talcahuano, el problema está en la falta de una jerarquía clara dentro de la institución, y que hay perfiles distintos de fiscales dentro del Ministerio Público. “Hay mucha guerra de egos adentro. Cada fiscal es su propia isla, y eso genera roces”.
Para Andrés Cruz, el gran problema es que el conflicto se haya dado a conocer primero por los medios de comunicación. “Esto es por la falta de estructuras en el Ministerio Público para denunciar este tipo de hechos. Y es más complejo, porque todos sabemos que el fiscal Arias ha tenido disputas con el fiscal nacional, entonces para que el fiscal Moya haya tomado esta decisión es porque tuvo el respaldo de la autoridad a nivel central”.
Uno de los puntos en los que se ha centrado el debate, es cómo se garantiza la autonomía del Ministerio Público, en cuanto a las elecciones de sus jefaturas, como de la independencia de sus investigaciones, al revelarse que hay filtraciones a medios, pugnas de poder entre los Fiscales, y vínculos con personajes políticos y del poder Judicial.
Para Julián Carrasco, “todos los técnicos y entendidos opinan que es indispensable reforzar la autonomía del ente persecutor en cuanto a la designación de sus autoridades, así, por ejemplo, una buena medida sería que la designación de los Fiscales Regionales no pase por la intervención de las Cortes de Apelaciones, sino que ello se decida al interior de esta institución a través de criterios objetivos, por ejemplo, privilegiando la carrera funcionaria”.
En cuanto a la independencia de las investigaciones, Carrasco indicó que “para evitar confusiones y suspicacias debiera revisarse el rol que por ley corresponde a los fiscales regionales en cuanto a las investigaciones que llevan los fiscales adjuntos, quizás limitando su intervención a un sistema de recursos administrativos que puedan interponer los intervinientes o derechamente entregando a los fiscales regionales la responsabilidad y titularidad de ciertas investigaciones, asumiendo los restantes fiscales y los demás intervinientes que es el fiscal regional la única voz autorizada para disponer diligencias, negociar términos anticipados o tomar decisiones en la causa”.
La ex fiscal Sepúlveda aseguró que tras este caso cobran relevancia los sistemas de selección de las personas que integran el ente persecutor. “Sistemas que debieran incluir estrictos criterios idénticos para todos los fiscales, de capacitación previa, y de análisis rigurosos de sus eventuales conflictos de compromiso e interés, Por eso, agregó que debe establecerse un plazo dentro del cual no pueden ejercer ciertas funciones en el ámbito de la profesión, luego de haber dejado su cargo en las agencias de persecución penal.
Para Andrés Cruz, la clave está en modificaciones legales: “para determinar la forma en que se designan los fiscales regionales, la independencia que tengan con la autoridad central. El componente político enturbia la elección de este tipo de autoridades, porque puede dar a compadrazgo o a cobros de favores como lo que hemos visto”.
Una opinión similar tiene el fiscal Muñoz, quien planteó que es compleja la intervención que tienen las Cortes de Apelaciones en la elección de los fiscales regionales. “Pero debe seguir siendo basado en el mérito y en el desarrollo de la institución”.
Lo ocurrido en la Fiscalía planteó una duda clave: ¿es factible que la Fiscalía investigue y logre resultados en causas relacionadas con corrupción con este nivel de presiones?
Para Julián Carrasco, quien fue Fiscal especializado en Delitos Funcionarios y Probidad Pública, este tipo de causas resultan de una complejidad mayor, “por involucrar personas con mayor exposición pública, con mejores asesorías y con mayor acceso a fuentes de información, lo que demanda al Ministerio Público una mayor especialización y dedicar más recursos y tiempos que los que habitualmente se destinan a la generalidad de las investigaciones penales”.
Para Raúl Bustos, es imprescindible que exista una unidad de control, de auditoría y de protección para quienes investigan corrupción. “Creo que sí se puede, pero hay que rediseñar muchas cosas”.
Andrés Cruz finalizó planteando que sí se puede investigar corrupción, “y hay muchos fiscales que son capaces de soportar la presión, lo han demostrado y han obtenido resultados”.