El Seremi de Justicia y DDHH, Sergio Vallejos, junto al director General (s) de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), Gonzalo Contreras, revelaron los resultados de un informe de Contraloría que revela graves deficiencias en el funcionamiento de la CAJ.

“Consultorios que no abren, funcionarios que firman el libro de asistencia y no asisten a su lugar de trabajo, dirigentes sindicales que no han firmado el libro de asistencia por un periodo de 2 años y que no han tramitado ninguna causa durante 2018, entonces todas esas irregularidades repercuten en las personas más vulnerables de nuestro país que son los usuarios de la CAJ” dijo Vallejos.

En la institución, algunos de sus trabajadores que son parte de Afun Bio Bío y Afun sur, se encuentran movilizados por una pérdida parcial del bono de asignación por desempeño (equivalente a un 3,6 % de la remuneración total). Respecto a lo anterior, la autoridad aclaró que en noviembre del 2018 se inició una investigación sumaria, decretada por el Consejo directivo de CAJ Bío Bío, para determinar responsabilidad administrativa por graves deficiencias en el proceso de reportabilidad estadística mensual a la DAJ, la que aún no arroja resultados.

Ambas autoridades se refirieron al paro de la CAJ,  por la movilización motivada por una pérdida parcial del bono de asignación por desempeño (equivalente a un 3,6 % de la remuneración total).

El seremi Vallejos insistió en que el bono no se pagará, porque no cumplieron la meta. “Entonces no pueden pretender que les paguen una meta que ellos mismos definieron”.

Por esto, insistió en que el consejo directivo de la CAJ se está realizando este sumario por los errores  en el reporte estadístico,  que debía informar el número de causas y de atenciones a  usuarios. “Los reportes no fueron oportunos, veraces, exactos y estaban llenos de errores, durante nueve de los 12 meses del año. Ese es el problema”.

Ayer, los funcionarios movilizados se tomaron las oficinas de  su dirección general, para reclamar por el no pago de este bono.

La dirigente nacional de la Asociación de Funcionarios de la CAJ en Bío Bío, Marta Latorre, explicó que tras un mes de protestas decidieron radicalizar la movilización al no tener respuesta alguna del Gobierno y  detalló que exigen restitución de este  bono a 650 trabajadores. La dirigenta aseguró que han dejado de ingresar 3.000 demandas, por lo que hay un perjuicio a la ciudadanía del que el Gobierno no se hace cargo.