El “desastre de Rancagua”, como ya se conoce la denuncia que pesa sobre tres ministros de la Corte de Apelaciones de esa ciudad, amenaza con convertirse en un nuevo escándalo de corrupción, que se sumaría a lo ocurrido en el Ejército, con el “milicogate”; en Carabineros, con el “pacogate” y en la Iglesia Católica, con las denuncias por abusos sexuales.

Esto, por su estructura jerarquizada, la misma de las instituciones antes nombradas, y porque muchas de sus acciones no son públicas, por lo que no siempre se conoce el alcance de sus decisiones.

Esta semana, la Corte Suprema descartó la solicitud de remover a los ministros Emilio Elgueta, Marcelo Albornoz y Marcelo Vásquez, en un pleno extraordinario y en votación dividida de nueve contra ocho.

El vocero de la Corte Suprema recalcó que de esta manera se va a esperar la investigación disciplinaria que está realizando la ministra Rosa María Maggi contra los tres jueces del tribunal de alzada.

Además, ya se han anulado siete causas vistas por los jueces suspendidos. La causa además está siendo investigada por el Ministerio Público, y el ministro Elgueta será formalizado por enriquecimiento ilícito y prevaricación el próximo 26 de abril, en lo que constituye la primera vez en Chile en que habrá un juez sentado en el banquillo de los acusados.

Los tres ministros están sumariados por la Suprema desde diciembre de 2018, luego de recibir denuncias por supuestas irregularidades. Rosa María Maggi fue designada para investigar el caso y en paralelo a sus acciones el Ministerio Público indaga penalmente los hechos.

Según un reportaje de Informe Especial, los jueces estarían involucrados en tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, prevaricación, obstrucción en procesos por abusos sexuales de sacerdotes, sobornos por dejar libres a delincuentes y hasta prácticas de magia negra.

En una entrevista concedida a CNN, el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, dijo que “lo de Rancagua sorprende en términos lamentables”. Agregó que cree que están en presencia de delitos y que espera que el Ministerio Público los lleve a Tribunales.

“Ciertamente impacta y sorprende. Esperamos que la investigación nuestra concluya aclarando los hechos y el Ministerio Público lleve a Tribunales lo que sea delito”.

Agregó que luego que termine esta investigación se revisarán los mecanismos de control para que estos hechos no se repitan.

“Es de la máxima gravedad”

En el control, precisamente, pretenden poner el énfasis desde el Colegio de Abogados penquista, quienes esta semana entregaron al presidente de la Corte penquista, Rodrigo Cerda, una carta solicitando medidas para evitar que en la zona se viva una situación similar a la de Rancagua.

Estas son la realización de audiencias públicas para postulaciones y votaciones para cargos judiciales; grabar las sesiones de Pleno, subir los acuerdos a la página web del Poder Judicial y remitir copia al Colegio de Abogados; informar nombramientos por parte de la Corte; informar las causas donde figuren como abogados patrocinantes los mismos abogados integrantes del tribunal; informar trimestralmente los contratos de servicios, compraventas y arrendamientos de inmuebles, celebrados por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y la publicación de la agenda diaria del presidente de la Corte.

El presidente del Colegio de Abogados, Marcelo Parodi, precisó que “estas medidas no son la solución para todos los problemas que hoy tiene el Poder Judicial. Pero éstas son de rápida y urgente implementación, no requieren cambios legislativos y son medidas básicas de transparencia”.

Al detallar estas medidas, Parodi explicó que es importante que se conozcan los nombramientos, para evitar que se elija a parientes, amigos y conocidos, “ya que la comunidad jurídica tendría conocimiento de a quién se nombra y en qué cargo. Ahora no tenemos acceso a esa documentación”.

Lo mismo ocurre con los abogados integrantes, que alegan causas, “entonces un día podría ser jueces y otro día litigantes, y eso lo rechazamos. Pueden no inhabilitarse en una causa donde tengan intereses o dictar sentencias que a futuro puedan favorecer su posición en un juicio”.

Más preocupante para el gremio es no tener detalles de cómo opera la Corporación Administrativa del Poder Judicial, “que funciona con el dinero de todos los chilenos. Hay compraventa, arrendamiento de inmuebles, contratos de servicios por montos significativos, y no se conocen las empresas que se los adjudican, quiénes son sus dueños, y esos detalles. En la cuenta pública se informa de manera muy general, y lo importante es conocer la información”.

Parodi insistió en que el Poder Judicial “requiere una reforma profunda, con cambios de orden legislativo que va a ser necesario abordar”. Por esto, el dirigente llamó a la ciudadanía a denunciar, en todos los Colegios de Abogados del país, hechos que puedan ser calificados de corrupción.

“Lo que está pasando nos parece de la máxima gravedad, por eso nos parece necesario que se avance en la transparencia que hemos solicitado”.

La jueza Margarita Sanhueza, presidenta regional de la Asociación de Magistrados, afirmó que para ellos lo ocurrido en Rancagua es incomprensible. “Estamos sorprendidos y avergonzados. Nunca pensamos que ese tipo de conductas se iban a ver a nivel de jueces”.

Para la magistrada, hay que empezar por eliminar los “amiguismos” en el Poder Judicial. “Hay llamados, por ejemplo, para ofrecer o sugerir a personas para suplencias, pero que esté dentro de un listado de personas acreditadas y al principio pareciera que no tiene mayor importancia, pero el problema está cuando el que llama es el superior jerárquico. Entonces es algo normalizado, pero el problema es que si esas conductas se extralimitan pasa esto”.

Por eso, como asociación están reflexionando y analizando sus conductas. Agregó que no tiene conocimiento de irregularidades en la zona, “pero no me cabe duda de que ellos empezaron así, con amiguismos, y luego el poder los fue obnubilando en sus conductas. Creo que, a nivel de delitos, lo de Rancagua es un caso excepcional”.