En una cuenta pública marcada por las mejoras en los tribunales de la zona, el presidente de la Corte de Apelaciones, César Panés, entregó el resumen de todo lo realizado el 2018, y entregó el mandato a su sucesor, el ministro Rodrigo Cerda.

El ministro Panés, en su discurso, destacó las mejoras realizadas en los juzgados de la zona, lo que se permitió por la ley que creó 110 nuevos cargos de jueces en tribunales de todo el país, que en nuestra zona se materializó en la ampliación del Juzgado de Letras y Garantía de Laja,  que ya cuenta con un segundo juez y cinco funcionarios adicionales; el Juzgado de Letras y Garantía de Mulchén, que aumentó también su dotación con un segundo juez y cinco nuevos funcionarios; y misma cantidad de personal extra para el Juzgado de Letras y Garantía de Curanilahue.

En la Región del Bío Bío, hay siete iniciativas para mejorar la infraestructura en los tribunales, en Tomé, Concepción, Los Ángeles y Cañete. Tal es el caso del Centro Judicial de Tomé, cuya primera piedra fue colocada el 20 de diciembre de 2017, obra de 4 mil 253 metros cuadrados que albergará a los juzgados de Familia y de Letras, y  que debiera concluir durante el año 2020.

También se ha avanzado en la materialización del futuro Centro Judicial de Concepción, en la medida que se ha buscado priorizar presupuestariamente dicha obra, para luego avanzar en la licitación de la consultoría de diseño. Este inmueble de 10 mil 468 metros cuadrados cobijará los tres juzgados civiles de la ciudad, junto a los juzgados de Familia y de Cobranza Laboral y Previsional penquistas.

Además, se terminó el diseño del Juzgado de Familia de Concepción, esperándose la licitación de construcción durante este año, con una duración estimada de obras de 18 meses. Este edificio, de 1.393 metros cuadrados, se emplazará junto al Juzgado de Garantía y el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad, y será la solución definitiva para los graves problemas de hacinamiento que han debido enfrentar los usuarios y funcionarios desde que el terremoto del 27 de febrero de 2010 inutilizó las dependencias que ocupaba.

“La prioridad está en el centro de Justicia de Tomé, y el juzgado de Familia de Concepción, que es primera prioridad nacional, y que se va a construir detrás de donde actualmente está el Tribunal Oral en lo Penal. No sólo queremos mejorar, sino cambiar en 180 grados su infraestructura porque no están satisfaciendo las necesidades de los usuarios y no están prestando la seguridad a los funcionarios”, dijo el presidente saliente.

Otro objetivo cumplido  fue reforzar las iniciativas innovadoras de tribunales. Fue así como a comienzos de julio de 2018, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, se firmó el protocolo interinstitucional para realizar lecturas de sentencias por videoconferencias. Esta iniciativa comenzó en diciembre de 2016 en el  tribunal oral de Los Ángeles con la cárcel de Yumbel, extendiéndose posteriormente el proyecto a otros penales.

Además, el  Juzgado de Familia de Coronel fue el primer tribunal del país que desarrolló una audiencia con traducción en línea del español al creolé, algo que actualmente es replicado en prácticamente todo el país. Y en el juzgado de Familia de Yumbel desarrollaron un sistema mediante el que se conectaban audífonos al computador en que se está grabando el audio, con cables más largos y con volumen regulable, lo que permitía que personas como Diego -un joven sordo-, practicante de la Corporación de Asistencia Judicial, pudiera escuchar de manera adecuada lo obrado en las audiencias respectivas.

En ese sentido, el nuevo presidente, Rodrigo Cerda, explicó que “lo que a mí me compete es continuar la buena marcha de la Corte de Apelaciones y todos mis esfuerzos van a ir en este sentido. Es un fin institucional estar en contacto con la comunidad, para que no sólo vean sentencias, sino que también rostros y hacer más humana la jurisdicción”.

En su gestión, se implementó en forma efectiva la denominada Mesa Técnica del Centro de Observación y Cumplimiento de Medidas de Protección y representantes de los 17 tribunales con competencia en materia de Familia de esta jurisdicción, participaron de las 22 reuniones sostenidas con funcionarios de la seremi de Justicia y Derechos Humanos; la Seremi de Desarrollo Social,  el Sename y demás servicios y programas de la red que intervienen en el cumplimiento de una medida de protección. Entre los principales temas revisados por la mesa estuvieron las dificultades operativas con el Sename como los problemas en las listas de espera; las licitaciones y cierre de programas o la entrega de informe de avances. Otros puntos fueron la coordinación con programas y servicios de la red salud; los traslados de niños, niñas y adolescentes o el abandono del sistema residencial y tratamiento de las órdenes de búsqueda.

“Nos preocupamos de las cuestiones más álgidas, como la atención de niños, adolescentes y migrantes, que tratamos de solucionar con los escasos recursos con los que contamos”, dijo el ministro Panés.

Otro grupo especialmente vulnerable son los pacientes psiquiátricos involucrados en procesos judiciales-penales, debido a la falta de camas y de horas para diagnosticar sus patologías y, eventualmente, su inimputabilidad, lo que los llevó a crear de una mesa de trabajo, de la que participó el seremi de Justicia, la directora regional del Servicio Médico Legal y las autoridades del Servicio de Salud y del Hospital.

En ese tema, el nuevo presidente explicó que están preocupados de esa situación, pero sólo pueden hacer recomendaciones al respecto.