La polémica suscitada hace un par de semanas, cuando el empresario Matías Pérez negó el acceso a la ribera del lago Ranco a tres mujeres, reavivó la polémica de cómo debe concretarse el acceso libre a las playas.

El Decreto Ley N° 1.939, que data de 1977, sostiene que “las playas de mar, ríos y lagos tienen la calidad de bien nacional de uso público y están sujetas a un régimen especial de uso y protección que requiere de una regulación que haga efectivo el derecho acceder a ellas”. Así, el Estado debe garantizar el acceso libre, sin estar obstruido por algún tipo de barrera artificial. Para que lo anterior se cumpla, el artículo 13 del decreto dispone que “los propietarios de terrenos colindantes con playas de mar, ríos o lagos deberán facilitar gratuitamente el acceso a estos, para fines turísticos y de pesca, cuando no existan otras vías o caminos públicos al efecto”.

Las vías de acceso serán efectuadas por la Intendencia Regional, con previa audiencia de los propietarios, arrendatarios o tenedores de los terrenos. Si no se logra un consenso o no asisten a la audiencia, el Intendente Regional hará las determinaciones correspondientes, evitando causar daños a los afectados.

En Bío Bío, van 179 denuncias desde el inicio temporada estival, el 7 de diciembre pasado, por este motivo, explicó el seremi de Bienes Nacionales, James Argo.

“El problema se genera cuando no hay un acceso y cuando eso no ocurre tenemos que solicitar a la Intendencia que lo active. Eso puede pasar cuando aparece una playa nueva o cuando hay un espacio abierto que de repente se cerró, o uno que siempre estuvo cerrado y nunca fue cuestionado”.

En Bío Bío, esa situación se ha producido en dos sectores: en Agua de la Gloria, camino a Florida, donde una familia que veraneaba en el río Andalién se encontró que el acceso por donde siempre ingresaban estaba cerrado, por lo que debieron regularizar la situación, que también se repitió en la Laguna Pirquinco, en Alto Bío Bío. En ambos casos el acceso fue fijado por Intendencia.

Uno de los sectores de la zona donde siempre ha existido el cuestionamiento del ingreso público es Pingueral. Al respecto, Argo aclaró que hay un acceso peatonal, pero en Contraloría cuestionaron el acceso a las calles, porque son bienes nacionales de uso público, por tanto deberían ser de acceso libre, por lo que se espera su dictamen.

En Punta de Parra hay un acceso fijado por la intendencia, el que bordea la linea del tren. El problema es que la gente trata de llegar en vehículo, por el terreno de un particular, que cobra por el estacionamiento, y ahí se generan las confusiones que producen las denuncias, situación que se repite en la desembocadura del Bío Bío, donde hay un acceso y los cobros están asociados a estacionamiento y el ingreso al museo.

La Laguna Chica de San Pedro de la Paz es un caso aparte, ya que Bienes Nacionales está realizando un estudio completo para saber dónde hay acceso libre y donde no, para saber si es necesario solicitar a la Intendencia que abra accesos para las personas.

“El estudio va en orden a determinar dónde tenemos playa, porque a lo mejor en algunos sectores hay y en otros no, para así tomar decisiones”, explicó el seremi. Más aún, falta decidir qué pasará con los horarios de acceso, por el Cendyr Náutico, que se cierra en las noches,

“Primero, ese espacio habla del acceso a la laguna, no a la playa. Y segundo, no se puede cerrar el acceso a los cuerpos de agua ni a las playas en restricción horaria, eso no tiene amparo”. Por eso, adelantó que las decisiones que tomen al respecto son parte del estudio que están haciendo de lo que ocurre en ese cuerpo de agua.

Para Argo, el balance es positivo, porque la campaña de difusión “Que no te falta playa” ha logrado que la ciudadanía se informe de cómo funciona la ley, lo que ha causado un aumento en las consultas y también en las denuncias, ya que en 2017 apenas hubo 24.