Cárcel de menores de Coronel: cinco años de informes, nulas soluciones

Desde al menos 2015, Sename plantea el proyecto de conservación como solución a los graves problemas del recinto. Mil millones de pesos prometidos, que aún no llegan, y los problemas siguen.

Cada seis meses, la Comisión Interinstitucional de Supervisión de Centros (Cisc) a los recintos administrados por el Servicio Nacional de Menores, para constatar en qué condiciones viven los adolescentes privados de libertad.

Esta instancia funciona a nivel nacional y está integrada por representantes de la Seremi de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Unicef y ONG’s.

Diario Concepción analizó los informes emitidos por esta institución en los últimos cinco años, los que constaron la crítica realidad en la que viven los adolescentes infractores de ley en un recinto que data de los años 90 y que no ha recibido mejora alguna desde el inicio de la Ley Penal Adolescente, documentos que dan cuenta de que la gran mayoría de las observaciones de los integrantes de la comisión han sido ignoradas por las autoridades de turno.

El ítem más crítico del recinto es su deficiente infraestructura: ya en 2015, se constaba que el centro tenía una capacidad para 112 menores, 56 para régimen cerrado, es decir, adolescentes que están cumpliendo condena, y 56 para internación provisoria, pero al momento de esa visita, el 6 de octubre de ese año, había apenas 17 jóvenes sentenciados y 84 en prisión preventiva, por lo que en esa modalidad hay sobrepoblación.

El informe consignó la existencia de espacios de segregación, donde se traslada a los adolescentes que generan algún tipo de conflicto, lo que según el informe de la comisión “es un hecho particularmente grave y contrario al reglamento. Están ubicadas en un sector húmedo, desprovisto de luz adecuada, ventilación y en un entorno hostil. Dos baños de este espacio no cuentan con agua y no tienen lavamanos ni W.C”. El documento criticó duramente las condiciones en la que residían los gendarmes, en dos containers ubicados en el exterior del centro, que se habilitaron para ellos.

En 2016, la situación no cambió, ya que seguían existiendo las celdas de castigo, con baños que no funcionaban, llenas de humedad y sin duchas”.

Y, en 2017, la situación se agravaba, ya que las celdas de aislamiento seguían funcionando y se conoció que tampoco había registro de cuánto tiempo permanecerían segregados los jóvenes del grupo y cuándo volverían a su casa en el centro.

Otro aspecto que tampoco se corregía es que la casa de mujeres imputadas está emplazada en el sector de condenados, lo que no debería ocurrir. Sin embargo, esa situación persiste hasta hoy.

Ese año, el segundo semestre, la situación explotó, cuando en una visita de autoridades, el defensor regional, Osvaldo Pizarro, exigió que se pudiera visitar el espacio de separación de los menores. Sin embargo, el seremi de Justicia, Jorge Cáceres, dijo que no se justificaba el ingreso, ya que el espacio sería eliminado y se utilizaría con otros fines, lo que fue corroborado por la directora regional de ese entonces, Rina Oñate.

Pero en la visita que realizó la comisión los días 12, 13 y 14 de junio de 2018, se constató, en otro informe Cisc, a través del registro que se mantiene en el lugar, que las celdas de aislamiento se seguían utilizando. En ese informe quedó consignado que un menor permaneció tres días encerrado, incluso con candado por fuera, en un lugar en muy malas condiciones, húmedas y con mal olor.

Y en la última visita, registrada el 10 de octubre de 2018, se constató que “los jóvenes, estando en estado de descompensación, destruyen en forma reiterada las instalaciones. Las dependencias de Enfermería son deficientes por falta de mantención y hay un anexo a la enfermería en que las condiciones en que se encuentran los jóvenes son infrahumanas”. En cuanto al espacio de separación, sigue operativo y aún no cumple las condiciones mínimas de habitabilidad, pero fue utilizado en 33 ocasiones en el segundo semestre.

Riesgo de incendio se mantiene

Desde 2015, la Cisc puso énfasis en las falencias de seguridad del recinto, como no tener línea directa con los servicios de emergencia. Los detectores de humo tampoco operaban y el sistema de iluminación nocturna es deficiente.

En 2016, se constató que el centro no contaba ni con red seca ni con red húmeda, lo que se extendió hasta 2017, donde tampoco funcionaban los detectores de humo ni los sensores de movimiento. Estos riesgos ya habían sido consignados en un informe emanado por el departamento técnico de Bomberos de Coronel, en julio de 2016, documento que alertaba sobre el sobreconsumo y el deterioro del sistema eléctrico, ya que se detectó el uso de extensiones no certificadas.

En 2017 estas irregularidades persistieron. Y, en la última visita, el 10 de octubre de 2018, se registró que la cámaras, sensores de movimiento y de humo no se han reparado. “La red seca sigue con problemas, ya que se encuentra en muy mal estado, y se señala que su costo y reparación no está considerado en ningún presupuesto”, por lo que la Cisc recomienda que sea reparada.

Consumo provoca intentos de suicidio

En el informe de 2015 ya había quedado registro del consumo de drogas que hay en el centro.

Entre abril y octubre del mismo año se registró un intento de suicidio en el centro. Sin embargo, durante 2016 hubo 13 intentos de suicidio en ese lugar.

Al año siguiente, hubo un masivo intento de suicidio de 10 jóvenes, los que además fueron golpeados por gendarmes. Ahí se reconoció, por parte de las autoridades, que los jóvenes no sólo consumían marihuana, sino que ya había ingreso de pastillas, como benzodiazepinas, por parte de visitas, lo que no fue detectado ni por Gendarmería ni por los educadores de trato directo.

Por esto, en el último informe de 2018, se dejó expresa constancia de la necesidad de que se asegure la posibilidad de atención a los adolescentes para que se garantice la atención de quienes sufren de depresión o consumo de alcohol y drogas dentro del recinto y una vez que obtengan su libertad.

2015

Proyecto:

Ya en esos años se afirmaba que el proyecto de remodelación del centro solucionaría sus problemas de infraestructura.

2016

Celda de castigo:

Hace ya 3 años se constataba de su existencia. las que estaban en pésimas condiciones para albergar a los adolescentes.

2017

Incendio:

Tanto la Cisc como Bomberos alertaron de que el recinto no tenía red seca, red húmeda ni detectores de humo.

2018

No hay solución:

A los problemas de seguridad, como la falta de red seca, ni a la insalubridad de la celda de aislamiento.

2019

Licitaciones:

El recinto ya lleva dos licitaciones fallidas para ser reparado. Se está a la espera de la decisión del Gobierno