El objetivo es que se resguarden los datos de las personas y que los delitos sean investigados y sancionados.
El pasado 25 de octubre, el Presidente Sebastián Piñera envió al Congreso el proyecto de Ley que modifica la actual Ley de delitos informáticos recogiendo las normas del Tratado sobre Ciberdelincuencia que se había aprobado el año pasado y que crea nuevos delitos, nuevas formas de investigación y medidas de cooperación internacional tendientes a sancionar los ataques cometidos a través de internet.
Según el Comité Interministerial sobre Ciberseguridad, en nuestro país los accesos a internet han crecido en un 45,3%, en el último bienio, pasando de 52,2 accesos por cada 100 habitantes a inicios de 2014, a 73,8 accesos por cada 100 habitantes en marzo de 2016 . Chile ostenta la mayor tasa de penetración de internet en América Latina, con más de un 70% de su población conectada.
En materia penal, ello ha significado pasar de la comisión material de ciertos delitos, a la comisión llevada a cabo en el denominado “entorno digital”.
Por tal motivo, el año pasado se aprobó y comenzó a regir en Chile el Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, conocido como el “Convenio de Budapest”, que constituye el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de Internet y de otros sistemas informáticos.
De esta forma, con la finalidad de adecuar nuestra ley interna a esas normas internacionales el proyecto de ley recientemente enviado por el Ejecutivo al Senado crea nuevos delitos (“ciberdelitos”) haciendo también responsable criminalmente a empresas en ciertos casos, establece nuevas formas de investigarlos e incluye un sistema rápido y eficaz de cooperación internacional.
Así, se incluyen delitos como sabotaje y espionaje informático; interceptación ilícita (phishing y pharming); falsificación informática; fraude informático y abuso de dispositivos.
La abogada Ximena Sepúlveda, del estudio Schübert y Sepúlveda, con especialidad en derecho de las nuevas tecnologías y propiedad intelectual, explicó que este proyecto deroga la ley sobre delitos informáticos, que está obsoleta, ya que es de 1993.
“Establece los delitos de sabotaje y espionaje informático, de una manera más actualizada. También incluye el fraude informático, de manera más avanzada”, dijo la abogada. Por ejemplo, se pueden usar técnicas especiales de investigación, en un fraude con tarjeta de crédito, se pueden usar figuras como agente encubierto, que se usa habitualmente en investigaciones por tráfico de drogas”, precisó.
Esto, cuando existan sospechas fundadas, basadas en hechos determinadas, de la participación de asociaciones ilícitas o agrupaciones de dos o más personas que realicen alguno de los delitos descritos en la ley, siempre y cuando medie la respectiva autorización judicial.
Esto se refiere, además de a agentes encubiertos, informantes, entregas vigiladas y controladas e interceptación de comunicaciones.
También se podrá seguir delitos informáticos que empiecen en un país y sigan en otro, “que es como la esencia de la ciberdelincuencia”.
La abogada precisó que las empresas pasarán a ser responsables, como personas jurídicas, para todos los delitos informáticos.
De hecho, según un informe de la PDI de abril de 2018, los delitos informáticos aumentaron en Chile en un 74% en 2017, en relación a 2016.
El senador Felipe Harboe informó que, además, está el proyecto de su autoría sobre protección de datos personales, el que está fusionado con el proyecto del gobierno, el que regula los datos personales de las personas, “porque hoy entregamos información y no sabemos dónde va”. La vulneración de esto acarrea multas que pueden llegar a los 300 mil dólares.
En cuanto al otro proyecto, que es el comentado por al abogada Sepúlveda, agregó que protege la privacidad de las personas. “Y con ambos, tendremos mejores normas en protección de datos, en delitos informáticos y falta un tercer proyecto, que debe mandar el gobierno denominado infraestructura crítica”.
Es decir, con esto se podrá perseguir penalmente a quien vulnere y utilice los datos de las personas sin su autorización, y sancionará delitos como espionaje comercial, o entre personas. “Y esto significa que las empresas privadas y públicas deben hacer las adecuaciones correspondientes”.