La fiscal regional, Marcela Cartagena, precisó que se investiga el tránsito de un barco entre ambas ciudades, el que transportaba petróleo iraní, que contiene ácido sulfhídrico.
Por seis horas se extendieron las diligencias realizadas por efectivos de la PDI en la planta de Enap en Hualpén, por el posible vínculo entre el trasvasije de crudo iraní con las intoxicaciones registradas en agosto de este año en Talcahuano, Quintero y Puchuncaví, investigado por el Ministerio Público.
Las diligencias estuvieron a cargo de funcionarios especializados en delitos medioambientales de la policía civil de Valdivia.
La hipótesis que se investiga es que Enap trasvasijó crudo proveniente de Irán horas antes de la emergencia registrada en Talcahuano, el 4 de agosto, cuando se evacuó el Mall Plaza Trébol y la clínica Bío Bío, a raíz de una emanación, que en ese momento se creyó que era gas, diligencias que fueron encabezadas por los fiscales Ana María Aldana y Mauricio Dünner.
Mediante un comunicado, Enap confirmó que fiscales y detectives “ingresaron a nuestras oficinas del Terminal Marítimo de San Vicente en Talcahuano y las dependencias de Enap Refinería Bio Bío, en la comuna de Hualpén. Esto, en el marco de las diligencias que buscan esclarecer las causas de la crisis ambiental vivida en la Región de Valparaíso en agosto y septiembre, y una eventual vinculación con lo ocurrido en la comuna de Talcahuano en agosto pasado.
El abogado Remberto Valdés, que representa a 688 víctimas de la contaminación ambiental en Quintero y Puchuncaví, destacó la acción e indicó que “por responsabilidad no podemos decir que el caso se encuentra aclarado, pero estamos muy satisfechos, porque la línea de investigación que propusimos en nuestra segunda querella está siendo adoptada por la fiscalía con mucha seriedad”.
Valdés, quien presentará una sexta querella el 12 de enero, aseguró que “es impresentable que el Estado no tenga la capacidad de informarnos qué está matando a la gente en Quintero y Puchuncaví”. Enfatizando que “las autoridades deben aplicar la norma y el sentido común, para que las empresas que están violando la ley y la ética en los procesos productivos, de una vez aprendan a no envenenar a la gente”, concluyó.
La fiscal regional, Marcela Cartagena, confirmó que el objetivo “era encontrar documentación y otros antecedentes que prueben alguna de las hipótesis que tenemos”. Agregó que “el factor común es un barco de Enap, que se mueve de acá a Quintero. El monte Toledo hace un trasvasije al cabo Victoria, que es el que va a Quintero. El problema del crudo iraní es que tiene niveles de ácido sulfhídrico, que puede causar la muerte de las personas.
La fiscal explicó que en Quintero la sustancia quedó en piscinas de decantación al aire libre, y por eso el daño en esa zona fue mayor que lo ocurrido en Concepción.