En la fiscalía regional de Bío Bío, se reunieron Sergio Mardoff padre, junto a sus abogados, con el fiscal regional de los Ríos, Juan Agustín Meléndez, quien quedó a cargo de la investigación de la querella por obstrucción a la investigación interpuesta por la familia, el pasado 27 de octubre, contra todos quienes resulten responsables de todos los errores que ha habido en el caso de Sergio Mardoff Peirano, cuyo cuerpo estuvo tres años en el Servicio Médico Legal de Concepción, sin que su familia fuera notificada.

En la querella, se pidió citar a declarar al ex fiscal regional Julio Contardo, a la fiscal regional Marcela Cartagena, a los fiscales Sandra Véjar y Paolo Muñoz, junto a oficiales del Labocar Concepción.

Esto, ya que el rastro del universitario se perdió en 2005, lo que motivó una amplia búsqueda encabezada por su familia, la que no arrojó resultados.

En 2015, su cuerpo fue encontrado por brigadistas forestales en el kilómetro 38 del camino a Santa Juana. Carabineros levantó su cuerpo y este fue trasladado al Servicio Médico Legal, donde no había podido ser identificado vía ADN.

Sin embargo, a principios de octubre, una llamada anónima alertó a la familia que el cadáver estaba en el SML, por lo que su padre concurrió al lugar y comprobó que se trataba de su hijo, lo que más tarde se verificó con ADN.

Esto causó la indignación de la familia, que no lograba entender cómo el cuerpo estuvo tres años en el recinto sin ser identificado, lo que destapó varias irregularidades más cometidas en el servicio.

Leonel Castro, abogado de la familia, explicó que se reunieron con el persecutor por un tema protocolar y para definir coordinaciones, debido a la distancia que hay entre Bío Bío y Los Ríos.

El abogado criticó que, pese a que ya han pasado casi dos meses desde que se reveló que era Mardoff quien estaba en el SML desde 2015, la Fiscalía de Bío Bío aún no puede precisar la data ni la causa de muerte del joven, caso que está a cargo del fiscal Eric Aguayo.

“No sabemos nada. Por eso ahora estamos esperando la decisión que tome el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que anunció querella, pero que hasta el momento no lo ha hecho. Tampoco el fiscal nacional se ha pronunciado sobre la solicitud que hicimos, pidiendo que el caso no lo tomaran fiscales que hayan sido cercanos a esta causa y también esperamos el pronunciamento de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados”, dijo el abogado, quien no descartó iniciar acciones civiles solicitando indemnizaciones por los daños y perjuicios que ha sufrido la familia.