Hasta el 22 de noviembre tiene plazo la gerencia del Colegio Almondale de Valle Noble para informar a la comunidad de padres y apoderados la fórmula que solventará la continuidad del proyecto educativo.

El establecimiento se encuentra en una disyuntiva crítica, puesto que la falta de recursos no le permite dar curso a una segunda etapa de ampliación que le faculte albergar el tramo de enseñanza de 7° Básico a 4° Medio.

Desde sus inicios en 2012, dicha sede del Almondale contempla matrícula hasta 6° Básico, por lo que siempre se vislumbró desde la plana directiva la posibilidad de extender el servicio con otra edificación, a levantarse en el mismo perímetro de Valle Noble.

Los ajustes en el marco de la Ley de Inclusión, sin embargo, truncarían las aspiraciones del colegio particular subvencionado.

Así lo cree que la organización de padres y apoderados, que en estos días puso la voz de alerta. Según la entidad, Almondale no cuenta con financiamiento para construir la segunda etapa de este, pese a haberse hecho gestiones con Banco Estado.

En ese sentido, precisaron que el establecimiento está inhabilitado de solicitar dinero en la banca, debido a su condición de fundación con menos de un año de operaciones.

Por lo anterior, la gerencia del colegio propuso dos salidas. Una, renunciar a la Ley de Inclusión y pasar a modalidad privada a partir del año 2020, duplicando el valor del arancel; y dos, llegar con el proyecto hasta 8° Básico, pero dejando solo dos cursos por nivel.

Los apoderados proponen otra salida. En primer lugar, agotar las vías de financiamiento (300 mil UF) y, en segundo lugar, incidir políticamente para conseguir la tramitación de una ley corta.

Robin Cabezas, vocero de los apoderados, señaló que se han comunicado con los diputados Sergio Bobadilla (UDI) y Gastón Saavedra (PS), el seremi de Educación y la superintendencia del ramo. Asimismo, los padres desarrollaron ayer una marcha desde el colegio hasta la Rotonda Bonilla, exigiendo que se visibilicen sus peticiones. “Habría que modificar el marco legal, reformular algunos elementos de la ley que nos tienen entrampados. Una ley exprés, momentánea, restringida a este asunto específico”, dijo.

A la par de lo que sucedía en Concepción, otro grupo de representantes del establecimiento más la Red de Colegios Particulares Subvencionados de la Región del Bío Bío (Redcol) se trasladó hasta la capital para reunirse con autoridades del Ministerio de Educación.

“Lo que pedimos al Ministerio es que nos ayude a solucionar a partir de algún método el problema de Almondale y, por otra parte, que en la Ley Miscelánea podamos incluir los mecanismos que permitan que los establecimientos educacionales puedan acceder a algún tipo de garantía estatal”, apuntó Andrés Cárter, presidente de Redcol.

“Lo que está pasando ahora es lo que nosotros advertimos hasta el cansancio que iba a pasar con la mala Ley de Inclusión. De hecho, cuando una ley queda mal hay que corregirla, por eso se ha corregido tres veces. Lo que suceda al Almondale no es culpa del sostenedor del Almondale, es culpa de una ley que quedó mal hecha”, sentenció.