Tras la reunión, sus padres salieron devastados, ya que les confirmaron que los restos hallados el pasado lunes también pertenecían a su hijo. Aún no se sabe cuándo podrá ser sepultado.
Abrazados y llorando salieron de la Fiscalía Regional los padres y hermana de Sergio Mardoff Peirano (25), desaparecido desde 2005, tras recibir, de boca de la fiscal regional, Marcela Cartagena, la noticia que ellos ya sabían: el cuerpo hallado en 2015, en el kilómetro 38 del camino a Santa Juana y que permaneció tres años guardado en el Servicio Médico Legal (SML) penquista, era de su hijo y hermano, antecedente que conocieron por una llamada anónima recibida hace ya dos semanas y que abrió una caja de pandora en la Fiscalía de Bío Bío por los errores en la investigación.
Más dolor tuvieron que soportar ayer, ya que se les confirmó el resultado del rastreo que realizó la PDI en el lugar donde desapareció Sergio, por orden de la Fiscalía: esos restos, hallados 13 años después de su desaparición, también corresponden al universitario.
Por eso, ayer prefirieron guardar silencio y dejar que sus abogados, Carlos Alegría y Leonel Castro, contestaran las preguntas de los medios de comunicación. Más aún, al enterarse de que no hay una causa de muerte en el caso de su hijo, pese a que estuvo tres años en el SML, por lo que aún no tendrán el consuelo de sepultarlo, ya que deberán esperar a que se realicen todas las pericias pertinentes para esclarecer qué fue lo que le sucedió desde que se le perdió la pista, en la casa que cuidaba en el sector El Recodo, en el kilómetro 1 del camino a Santa Juana.
“Todavía no hay una causa de muerte, esa es una de las razones por las cuales nuestros representados están profundamente afectados. Esperábamos saber qué le pasó y de qué murió, y tampoco tenemos una fecha clara de cuándo se va a entregar esa información. Y ellos quieren darle cristiana sepultura, pero no saber cuándo lo entregarán”, dijo Carlos Alegría.
Ni de ese hecho ni de cómo se explica que, a 13 años de su desaparición, la PDI haya encontrado restos del cuerpo en el kilómetro 38, recibieron una explicación clara por parte de la Fiscalía, dijo el abogado Alegría.
Su colega Leonel Castro reveló que ayer se encontraron con que el tribunal de Garantía de San Pedro de la Paz, sin la autorización de la familia, decretó el cierre de la causa.
“A don Sergio Mardoff padre nunca se le informó esto. El Ministerio Público comunicó, en 2011, la decisión de la Fiscalía de no perseverar. Pero se debía notificar al padre y eso no pasó, porque se resolvió hacerlo mediante una carta simple y no se hace así. Por eso, hoy pedimos a ese tribunal que se anule lo obrado en esa audiencia, porque don Sergio Mardoff vive en el campo, entonces, es claro que nadie llegó a entregar dicha carta. Aquí se ha faltado a una garantía constitucional básica, que es el debido proceso”.
Más aún, porque a esa audiencia sólo asistió el fiscal, “y no hubo nadie que representara los derechos de la familia”.
Castro explicó que en el caso “hay diversas irregularidades, como protocolos que no se cumplieron en el tema de hallazgo de cadáver, hay irregularidades en las policías y ahora lo ocurrido en el juzgado de Garantía, que no se actuó ajustado a derecho”.
Es por eso que insistirán en que el fiscal nacional, Jorge Abbott, intervenga en el caso, “y que se haga una investigación exhaustiva y, por eso, queremos que se nombre a un fiscal a investigar la causa que no tenga ninguna relación con esta fiscalía”.
Pese a que se esperaba que la fiscal regional, Marcela Cartagena, se refiriera a la causa, sólo se emitió un comunicado que informaba los detalles de la reunión entre los padres de Sergio Mardoff, la fiscal regional, el fiscal a cargo de la investigación, Eric Aguayo, y con la jefa de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, María Alejandra Monsalve.
En el escrito, la fiscalía también confirmó que comunicó a la familia “que el 8 de octubre último, se halló nueva evidencia criminalística, de suma relevancia para la investigación, en el lugar donde el 6 de abril de 2015 se encontraron las primeras piezas óseas, que en ese momento levantó y perició el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar)”.
Por eso, sigue el comunicado, la fiscal regional ofició al jefe de la Octava Zona de Carabineros, general Rodrigo Medina, para que se indaguen eventuales irregularidades en el trabajo técnico efectuado por Labocar hace tres años.
También, se informó a los padres del joven que el fiscal de la causa, Eric Aguayo, “ya trabaja en determinar la causa de muerte del joven, para lo cual se dispondrá de la labor de todos los especialistas forenses que se requieran a nivel nacional para esta tarea”.
Además, precisa que “con el propósito de esclarecer cómo se gestaron las falencias ya detectadas en el ámbito administrativo en este caso, por parte de funcionarios públicos que pudieran tener responsabilidad en ello”, la fiscal Cartagena dispuso el inicio de una investigación a cargo del fiscal jefe de Talcahuano, Julián Muñoz.