La falta de empresas interesadas gatilló que hoy el futuro del proyecto esté “en evaluación”. Consultados por esta situación, funcionarios de Sename expresaron sus críticas, mientras que consejeros anunciaron que el seremi de Justicia será citado a la comisión de Fiscalización a dar explicaciones.
El 12 de junio de este año, la Comisión Interinstitucional de Supervisión de los Centros Privativos de libertad de Adolescentes (Cisc), visitó el Centro de Intervención Provisoria y Régimen Cerrado (CIPCRC), en el marco de las visitas semestrales que realizan las autoridades que la integran.
En ella participan el seremi de Justicia, como coordinador, además de representantes de los colaboradores que trabajan con los infractores de ley; de instituciones que trabajan con infancia; un representante del mundo académico y de la Defensoría Penal Pública.
Su visita era clave, luego del intento de suicidio masivo de adolescentes que remeció el Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Coronel, el 15 de octubre de 2017, hecho que motivó la intervención del recinto por parte del Departamento de Justicia Juvenil de Sename Nacional.
Así, las autoridades llegaron al lugar, tras lo cual evacuaron un informe que conoció Diario Concepción.
El escrito da cuenta de las históricas deficiencias estructurales del recinto, como mejorar el espacio de celdas de aislamiento, redistribuir espacio entre imputados y condenados y mejorar las condiciones de habitabilidad de las casas, lugares que están en un estado deplorable.
En el informe se asegura que todas estas deficiencias se subsanarán con “el inicio de la ejecución de obras del proyecto de conservación del centro, planificado para este semestre”.
Pero eso no ocurrirá, al menos en el corto plazo, pues la licitación de este proyecto, abierta el 13 de diciembre de 2017, no fue adjudicada a ninguna empresa el 28 de junio de este año, apenas a 16 días de la visita de la comisión.
Esto, porque la única postulante superó en $300 millones el presupuesto del proyecto, estimado en $1.114.995.000.
Así, el 6 de julio se realizó un segundo llamado, dentro de la misma licitación. Sin embargo, no hubo ofertas de ninguna constructora, por lo que el proceso se declaró desierto el pasado 4 de septiembre.
Tras confirmar la información con el MOP para aclarar el futuro del centro, Diario Concepción ubicó al seremi de Justicia, Sergio Vallejos, en una pauta de prensa el día viernes 28.
Al ser consultado por este medio, el titular de Justicia explicó que “se realizó una segunda licitación, que en términos formales no ha sido resuelta por la unidad técnica. Pero nosotros ya estamos trabajando junto con Sename a nivel nacional en dos alternativas para que el proyecto se concrete”.
Las fuentes consultadas comentaron que las opciones que se bajaran es presentar el mismo proyecto, más dinero o reformularlo por completo y presentar un nuevo proyecto.
Vallejos insistió en que esto debe ser visto como una oportunidad. “El proyecto de reparación del CIP-CRC de Coronel es algo que lleva 10 años y que perfectamente puede admitir mejoras”.
El seremi agregó que “en la primera licitación la única oferta fue de $1.400 millones y fue declarada desierta por no ajustarse al presupuesto. Se hizo una segunda licitación, la que está en proceso, y lo más probable es que se declare desierta. Desconozco cómo está en Mercado Público, pero hay una segunda licitación que está concluyendo”.
Ante las dudas de si eran una o dos las licitaciones, y los plazos vigentes, este medio se comunicó nuevamente con el MOP, y fue el director de Arquitectura, Aldo Careaga, quien debió corregir la información entregada por el seremi de Justicia sobre el Centro.
Al respecto, precisó que es una licitación con dos llamados, y ya se está cerrando el segundo por falta de oferentes.
Careaga sostuvo que el primer llamado fracasó porque la empresa superó el monto de lo presupuestado, “y no se le adjudicó por instrucciones del mandante, en este caso Sename, por lo que se instruyó hacer un segundo llamado, por lo que la licitación quedó desierta al no haber interesados”.
Así, falta sólo la firma de la resolución que declara cerrado el proceso, lo que debería ocurrir esta semana, y ahora se debe realizar una reevaluación económica, “para determinar por qué el proyecto no fue atractivo para las empresas y ver la posibilidad de aumentar los fondos o realizar un rediseño del proyecto”.
Careaga descartó que se le adjudique el proyecto vía trato directo a alguna empresa, “porque para eso se necesita la autorización expresa del ministro y en este caso no se configura el escenario”.
Por esto, agregó que “no vale la pena instruir un tercer llamado si se va a hacer en las mismas condiciones. Si se decide mantener el diseño habría que incluir mayores recursos y para eso nosotros como dirección de Arquitectura tenemos que esperar lo que decida Sename como mandante”.
Ahí quedan dos opciones: que Sename decida mantener el mismo diseño, y en ese escenario MOP debe informar cuántos recursos más se necesitarían, o realizar cambios al diseño del proyecto, y en ese caso se debe diseñar, aportar dinero y luego instruir una nueva licitación, por lo que aún están a la espera de la decisión de Sename.
El 29 de marzo de 2016, el Consejo Regional aprobó por unanimidad una inversión superior a los mil millones de pesos, trabajos que permitirían mejorar más de 3 mil 837 metros cuadrados en infraestructura como puertas, ventanas, revestimiento de pintura, reposición de artefactos e instalaciones y salas de baño, entre otros, proyecto que, según el Core, se justificaba por las malas condiciones de las actuales dependencias e instalaciones del recinto privativo de libertad de Coronel.
El centro lleva meses en el ojo del huracán, luego de lo ocurrido en octubre de 2017. El centro fue intervenido desde Santiago. Sin embargo, un reportaje publicado por Diario Concepción a inicios de este año reveló que el Sename Bío Bío se negaba a cumplir las exigencias de la Dirección Nacional para mejorar el CIP-CRC.
El informe entregado por el Departamento de Justicia Juvenil daba cuenta de una conducción del centro “desorganizada y con escaso liderazgo técnico que afecta negativamente la estabilidad, funcionamiento y rutina del centro”. Aseguraba que la rutina diaria de los jóvenes “es escasa y poco diversificada, con casi nula participación de los jóvenes para elaboración de talleres que sean de su interés”.
El informe también denunciaba que “los adolescentes no reciben una atención integral de salud mental y que el centro no se está anticipando frente a situaciones de riesgo para los jóvenes que puedan generar eventos críticos o alteraciones en la rutina diaria del centro. También consigna que en el recinto son separados del grupo los jóvenes con tratamientos psiquiátricos, psicológicos y en tratamiento por consumo de drogas y alcohol, lo que va contra la ley”.
Los problemas no fueron solucionados y el verano de 2018 tampoco fue una buena época para el centro, que funcionó con apenas un educador por casa, por vacaciones y licencias médicas, lo que también dio a pie a la ocurrencia de agresiones a funcionarios y peleas entre los adolescentes, situación que aún persiste.
Con el cambio de gobierno, en marzo de 2018, a cargo del servicio quedó Patricio Muñoz, como director regional (s), a la espera del concurso público para completar el puesto. Pero en agosto de este año, éste se declaró desierto por el desistimiento de uno de los candidatos de la terna, por lo que se continúa con la subrogancia.
El hecho provocó la molestia de los gremios, quienes aseguran que en la zona se instaló la desidia y la falta de gestión, ya que al ser una subrogancia, no se toman decisiones de fondo.
Y los incidentes han seguido ocurriendo en el recinto: el pasado sábado 21, una intoxicación alimentaria afectó a 14 adolescentes, entre 14 y 17 años, cuatro funcionarios y 2 gendarmes, 13 de los cuales fueron atendidos de manera ambulatoria en el hospital San José de Coronel.
Esa misma tarde, los jóvenes de casa 11 se robaron y tomaron los medicamentos de la Unidad de Corta Estadía del recinto.
Foto por Carolina Echagüe M.
Uno de las situaciones que fue criticada en varios informes Cisc, fue que los jóvenes eran encerrados en celdas de castigo, situación que fue revelada el año pasado, y que fue criticada por la Defensoría.
En este documento, se asegura que se está aún instalando un protocolo y procedimiento para la unidad de segregación, precisamente la que ha sido insistentemente criticada por la Cisc, por sus malas condiciones. Precisamente, el informe recomienda no utilizar los espacios de segregación, hasta que sean reparados, lo que claramente no sucederá a corto plazo, tras el fracaso de los dos llamados a licitación.
Tampoco se podrá mejorar los espacios del centro, ni mejorar las condiciones de habitabilidad de las casas, otra sugerencia del informe. El proyecto contemplaba también la revisión del sistema de calefacción de agua y de la calefacción.
Pedro Marileo, director nacional y regional de la Asociación de Funcionarios de Sename, manifestó su sorpresa por lo ocurrido y aseguró que “esto es inaceptable, impresentable, es una falta de respeto a los jóvenes que siguen esperando por mejores condiciones. Creo que el discurso de los dos gobiernos es de doble estándar, ya que por querer tapar lo mal que lo han hecho prometiendo mejoras y cambios radicales, hoy tienen en un desamparo tremendo a los jóvenes que necesitan de estas mejoras de condiciones y también a nuestros funcionarios que son los que día a día deben lidiar con las ineficiencias de las autoridades, poniendo en riesgos sus vidas y hoy la descarga de responsabilidades va hacia nosotros.
Cualquier cambio legislativo sin mejoras sustanciales va a ser lo mismo con otro nombre. Ante tanta negligencia exijo se tomen medidas con quienes son los responsables, empezando por las autoridades que hoy dirigen”.
Alejandro Saavedra, presidente regional de la Asociación Nacional de Funcionarios (Anfur ), y además educador de trato directo del recinto, aseguró que este hecho da cuenta de la falta de gestión que rodea a Sename, “Hay una la baja capacidad para reponer los cargos faltantes tales como psicólogo, nutricionista y educadores en el CIPCRC de Coronel. Además, no se mejora el marco disciplinario, manteniéndose las condiciones de inseguridad para jóvenes y funcionarios lo que ha provocado entre otros la escalada de violencia de los jóvenes hacia funcionarios”.
Saavedra agregó que la caída de la licitación influye en que aún no se mejoran los espacios, “ya que los jóvenes siguen siendo vulnerados en sus derechos al estar juntos mayores con menores, imputados con condenados, jóvenes en tránsito con la población. Al parecer el lema del gobierno “Los niños primero” no aplica en la Región del Bío Bío”.
El resultado de esta licitación no cayó bien en el Consejo Regional, quienes anunciaron para la segunda semana de octubre una comisión de fiscalización para que el seremi de Justicia aclare lo ocurrido.
La consejera por Coronel, Tania Concha, manifestó que “esto es el colmo, cualquier persona que entre a ese recinto se da cuenta de que se necesitan cambios urgentes. Si se aprueba en un momento, estos proyectos deben partir de inmediato, pero ocurre lo contrario, se estancan y ahí quedan”.
En tanto, Luis Santibáñez, señaló que “hay que revisar el sistema de evaluación de proyectos que tiene Desarrollo Social, hay una irrealidad entre lo evaluado y los valores de mercado que son atendibles por la empresa constructora. A esto, debemos sumar si el actual canon de inversión está en línea con los nuevos lineamientos del Sename”.
Santibáñez espera que el proceso de reevaluación que debe realizar el Ministerio de Desarrollo Social no se extienda por más de 60 días.
Alicia Yáñez es otra crítica a la situación por la que viven los proyectos del Sename. Quien estimó que “es vergonzoso que no logremos afinar los criterios con respecto al mercado. Desarrollo Social debe ser capaz en la evaluación de contemplar los tiempos y recursos. Estos son proyectos con impacto regional”.