Fiscalía se declara incompetente en caso de sacerdote Hernán Enríquez

Su abogado aseguró además que la supuesta víctima se rehusó a declarar frente al fiscal Sergio Caro. Ahora sólo queda esperar la decisión de la Iglesia.

Hace unas semanas, el abogado Raúl Bustos solicitó una audiencia del artículo 186 del Código Procesal Penal, para conocer el detalle de por qué estaba siendo investigado el sacerdote Hernán Enríquez, tras una denuncia en su contra de presunta violación a un menor  de 14 años en 2002.

Esta instancia permite que cualquier persona  que se considere afectada por una investigación que no se haya formalizado, podrá pedir al juez de Garantía que le ordene al fiscal informar acerca de los hechos que son  objeto de ella.

El objetivo era conocer en detalle las diligencias que llevaba a cabo la Fiscalía en el bullado caso, que provocó que el presbítero fuera suspendido de su labor pastoral.

Sin embargo, la audiencia no se realizó, ya que en la instancia la Fiscalía informó que se declaraba incompetente, ya que los supuestos hechos habrían ocurrido el 2002, y la Reforma Procesal Penal entró en vigencia en diciembre de 2003, por lo que el tribunal de Garantía también es incompetente para conocer de los hechos.

Raúl Bustos, defensor de Enríquez, explicó que en la misma audiencia conoció que la supuesta víctima del caso, un joven de 30 años en la actualidad, se rehusó a declarar frente al fiscal del caso.

“Al ser hechos que presuntamente ocurrieron el 2002, no es posible  una investigación del Ministerio Público, ni tampoco que estos hechos sean conocidos por el tribunal de Garantía de Concepción”, dijo el abogado, quien agregó que por esto la Fiscalía está inhabilitada de investigar.

Para aclarar lo ocurrido, el fiscal Sergio Caro, a cargo de la causa, había citado a declarar a la supuesta víctima, “la que no quiso declarar. Más los antecedentes derivados de la Iglesia, se decidió la incompetencia”.

Bustos recordó que el caso ya fue  investigado por la justicia, donde el sacerdote fue sobreseído. “Y tampoco hay nuevos antecedentes, ni siquiera una nueva declaración de la víctima”, precisó.

Y en la justicia canónica, el hecho ya había sido investigado en 2009, pero no se logró comprobar ni la existencia del delito ni la participación del sacerdote en éste. Sin embargo, hoy se abrió una investigación previa (paso necesario antes de llegar a una investigación canónica), la que aún está en curso.

“Vamos a hacer una presentación en esta instancia, que es la única que está abierta en el caso”, dijo el profesional, quien insistió en que se está frente a una denuncia vacía, ya que no hay declaración de la presunta víctima, no hay tiempo, espacio, ni modalidades del hecho”.

El abogado insistió en que por ahora están concentrados en cerrar las causas que enfrenta el presbítero, y que luego estudiarán posibles acciones destinadas a limpiar el nombre del sacerdote.

El fiscal del caso, Sergio Caro, confirmó que “hoy se realizó una audiencia para resolver la situación en Fiscalía del sacerdote Hernán Enríquez. Los hechos que se investigan tuvieron lugar bajo la antigua legislación, anterior a la Reforma Procesal Penal, y por este motivo el tribunal declaró la incompetencia para continuar con el  conocimiento de estos hechos, y los remitió al Primer Juzgado Civil de Concepción, que es donde esta causa se encontraba radicada, porque ya se había investigado en su momento por estos hechos”.

La historia del caso

A través de una carta anónima enviada al portal Sabes.cl, el padre de la supuesta víctima, reveló que el entonces adolescente había ingresado al seminario Menor, del cual se retiró días después, sin revelar los motivos a sus padres.

Sin embargo, sólo hasta 2009 le habría revelado a sus padres los motivos de su salida, por lo que recurrieron a la justicia penal y canónica, con los resultados antes mencionados.

El pasado 13 de septiembre, se realizó un allanamiento en el arzobispado de Concepción donde se llevaron casi 300 documentos con información sobre la iglesia, el paso del cardenal Ricardo Ezzati por la ciudad y los antecedentes que pudieran existir sobre  denuncias contra sacerdotes en la Región.