![](/templates/desktop/includes/img/DIARIO-CONCEPCION-LOGO.png)
La acción legal será la primera en este caso y son 61 personas las que requirieron los servicios del profesional. Solicitarán diligencias.
Para determinar a los responsables de la contaminación ocurrida en Quintero y Puchuncaví, el estudio del abogado Remberto Valdés, interpondrá una querella criminal hoy, en el juzgado de Garantía de esa comuna.
El profesional confirmó que representan a 25 familias, compuestas por 61 personas, quienes requirieron de sus servicios, pese a la lejanía. “No sé cómo nos ubicaron, pero nos interesó el caso y, por eso, decidimos hacernos parte”, comentó Valdés.
La querella es contra quienes resulten responsables y por los delitos de perjurio, “por las declaraciones falsas presentadas ante organismos fiscalizadores, por parte de algunos personeros que dijeron que las plantas estaban dentro de la norma, cuando no era así”.
También incluye el delito de daño calificado, “por haber contaminado bienes que son comunes a todos los ciudadanos, como el aire y el agua”.
Además, está el delito ambiental, que es propagar elementos a través del aire y agua que contaminen a la población.
“Y además, aquí resulta evidente el daño moral. Una familia que compró una casa que costaba $30 millones en Quintero y Puchuncaví no tiene posibilidad de venderla, no tienen ninguna posibilidad de enviar a sus hijos al colegio por el alto nivel de contaminación que hay y están creciendo en un medio que resulta perjudicial para el organismo seguir viviendo allí”.
De hecho, el mismo Colegio Médico (Colmed) solicitó al Ejecutivo, que las mujeres embarazadas y los menores de edad salgan de estas comunas, hasta que no se aclare esta crisis ambiental. Incluso, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) se encuentra en la zona de Quintero y Puchuncaví en una misión de observación, para levantar datos en materia de derechos humanos que se podrían estar vulnerando, a través de conversaciones con los habitantes de la comuna.
También, agregó el abogado, resulta evidente el daño al turismo, porque “según los antecedentes que manejamos, el 90% está perdido en aquel sector, entonces el diagnóstico es devastador”. Agregó que los micro y mediano empresarios en la zona están devastador por todo el daño provocado.
La querella se interpondrá contra quienes resulten responsables, “y la investigación debe determinar qué agentes intervinieron en este proceso de daño a la población. Una vez que eso esté claro, se podrá determinar a las personas responsables”, dijo Valdés, quien recordó que la responsabilidad penal es de las personas y no de las empresas.
El abogado agregó que ya hay dos informes que formulan cargos a Enap y Gasmar, “pero en nuestra querella pedimos que se investigue la totalidad de empresas que intervendrían en el proceso que ha llevado a este alto grado de contaminación en Quintero y Puchuncaví”.
Esto, porque aseguró que hay que diferenciar la emergencia que se produjo en agosto pasado y la situación que la población sufre hace años en ambas localidades, “y que se ha permitido desde el Estado que aquí exista un proceso de contaminación que ha provocado un daño en la salud de la población”.
En la acción legal, solicitaron diligencias como dilucidar los niveles de arsénico que hay en el suelo del lugar, para aclarar el origen de la contaminación profunda que hay en el lugar y, también, otras relacionadas con la contaminación que hay en el mar.
“Nuestro interés no es sólo la investigación y sanción de los responsables de este último evento, sino que la determinación global de todo el sector Quintero y Puchuncaví en el agua potable, tierra, aire y mar”.
Valdés aclaró que trabajó 11 años en el Consejo de Defensa del Estado, donde le correspondió ver causas contra empresas que contaminaban y agregó que no es primera vez que el estudio se hace parte de casos relacionados con el daño ambiental.
“Para nosotros es tremendamente honroso que familias que no son de nuestra zona nos pidan nuestro aporte en su defensa”, reconoció Valdés, quien precisó que simplemente no se ha involucrado en los casos de Coronel, conocida como otra zona de sacrificio, porque nunca se lo han solicitado.