Por considerarlo inviable económicamente, la administración del hogar de ancianos Santa Marta decidió el cierre del recinto, tras el incendio que terminó con la vida de 10 ancianas, el pasado 14 de agosto.

Ayer, la vocera de la familia dueña del recinto, Rocío Esteban López, confirmó que tras la tragedia, tomaron la decisión “irreversible” de cerrar el lugar, por lo que ya comenzaron el proceso de desvincular a los trabajadores, tras 53 años de actividad.

En su declaración, la joven reafirmó la certeza de la familia de que, al momento del incendio, “nuestras instalaciones estaban adecuadamente mantenidas, que habían sido fiscalizadas por las entidades correspondientes, sin que estas formularan observación alguna y que siempre hemos contado con personal idóneo y capacitado”.

Esto, luego de la declaración de la seremi de Salud, que reconoció que desde 2010 no aplicaban ni fiscalizaban la norma que los obligaba a exigir un certificado de prevención y protección contra incendios, emanado por Bomberos o prevencionistas de riesgos. Por eso, 41 de las 44 hogares de ancianos de la Región del Bío Bío no cumplen con esta condición.

Sin embargo, la joven insistió en que el recinto sí cumplía con la normativa, ya que fueron objeto de numerosas fiscalizaciones por parte de la seremi de Salud.

“En cuanto a la necesidad de tener el certificado de 2010, nosotros interpretamos que se refería a nuevos establecimientos, pero nosotros ya teníamos los permisos, entendíamos que esa norma no regía para nosotros. Ahora, si es que hubiera sido necesario, eso debería haberse manifestado en las fiscalizaciones de las que fuimos objeto y eso nunca pasó”.

Incluso, agregó que tienen un documento fechado en 2006, donde queda constancia de que el recinto contaba con un plan de evacuación visado por Bomberos, información que fue entregada a la seremi de Salud.

Rocío Esteban aseguró que ese plan se ejecutó el día del incendio.

Como no hay seguros comprometidos y aún no han podido ingresar al pabellón siniestrado, Rocío Esteban aseguró que la reconstrucción correría por cuenta de la propia familia propietaria, la que actualmente tiene un permiso provisorio para mantener a 10 personas y sólo cuentan con 6 residentes, lo que no alcanza para sostener el servicio con 40 trabajadores. Más aún, agregó que nunca recibieron dinero del Estado “y que, según datos del Hogar de Cristo, mantener a un adulto mayor cuesta 918 mil pesos, muy lejos de los 650 mil que cuesta la mensualidad en esta residencia”.

Macarena Cuevas, nieta de Laurentina Espinoza, una de las 10 ancianas fallecidas en el incendio del hogar Santa Marta, afirmó que “con esto, creemos que esta decisión obedece a que ellos se dieron cuenta de la negligencia que cometieron, perdieron credibilidad, entonces, no es rentable seguir con el hogar. Para nosotros es una buena noticia, nos da tranquilidad, porque se está cumpliendo la ley”.

La mujer recordó que ya hay dos familias que presentaron querellas contra quienes resulten responsables de lo ocurrido, a las que hoy se sumarían tres más.

Este viernes se cumple un mes de la tragedia, por lo que las familias invitaron a una misa que se celebrará en la capilla del Hogar de Cristo, a las 19:30 horas.