La seremi de Salud de Bío Bío reconoció ayer que 41 de los 44 establecimientos de larga estadía de adultos mayores (Eleam) de la Región no cumplen la norma sobre prevención y control de incendios.

Esto, luego de un reportaje de radio Cooperativa, que reveló que la casa de reposo Santa Marta, donde murieron 10 ancianas el pasado 14 de agosto, no tenía el certificado respectivo que acreditara el cumplimiento de los requisitos de prevención y protección contra incendios establecidos en el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.

El problema se originó porque la norma cambió en 2010, a través del Decreto Supremo 14, del Servicio Nacional del Adulto Mayor, el que ordenaba que estos recintos entregaran un certificado de un experto en prevención de riesgos o del Cuerpo de Bomberos que acredite que cumple con los requisitos de prevención y protección contra incendios.

El escrito establece, además, que los recintos construidos antes de 2010 tenían tres años para regularizar su situación, es decir, los 41 recintos llevan cinco años fuera de la normativa vigente.

Sin embargo, en la seremi de Salud no se habían percatado de este cambio en la ley, por lo que siguieron fiscalizando sin exigir este documento.

Así hasta inicios de septiembre, cuando, alertados por el requerimiento ingresado por Transparencia por el medio de comunicación, revisaron la situación de los recintos en la Región, que hoy comprende las provincias de Concepción, Bío Bío y Arauco, los fiscalizaron y se percataron que 41 de los 44 estaban fuera de la norma.

Por esto, el seremi de Salud, Erick Jiménez, ordenó que estos recintos deben regularizar su situación en 30 días.

Además, ordenó un sumario administrativo para esclarecer responsabilidades dentro de su repartición.

“En total fueron fiscalizados antes del viernes 7 de septiembre del año en curso los 28 Eleam autorizados de la Provincia de Concepción, los 2 de Arauco, 14 de Bío Bío, incluyendo los 28 de Ñuble, a los que se les otorgó un plazo de 30 días hábiles desde la notificación para que los recintos cuenten con dicho certificado y lo presenten a la autoridad sanitaria”, declaró el seremi.

Desde el estudio jurídico Fuentealba y Hernández, quienes ofician como representantes de los familiares de cuatro víctimas fallecidas en el incendio de la Casa de Reposo, mediante un comunicado, aseguraron que “comunicamos que actualmente la investigación penal se encuentra en curso, existiendo diligencias pendientes orientadas a acreditar en la carpeta fiscal los atestados formulados a través de la prensa, establecer la causa del incendio y si existe o no responsabilidad penal imputable a alguna persona”.

El escrito agrega que “de acuerdo a los antecedentes recabados hasta la fecha, nos asiste la convicción que la autoridad administrativa no cumplió con su obligación legal de fiscalización, por lo que no se descarta una eventual responsabilidad fiscal en la causa del incendio, derivada de la falta de servicio de los órganos del Estado”.

“Esto es un golpe bajo. No esperábamos que el hogar estuviera fuera de normativa. Esperábamos negligencia, saber que no se cumplió o no había protocolo de seguridad, pero jamás se nos pasó por la cabeza que faltaba un documento tan esencial. Es muy doloroso, solo nos queda el consuelo que nos estamos dando entre nosotros”, dijo Macarena Cuevas, nieta de Laurentina Espinoza, una de las 10 ancianas fallecidas en el incendio del hogar Santa Marta.