En Concepción, el senador Alejandro Navarro solicitó a la Fiscalía que incaute las placas madres, para saber si las máquinas son de destreza o azar, ya que estas últimas están prohibidas por ley.
El pasado jueves, el senador Alejandro Navarro puso nuevamente en el tapete el debate sobre el funcionamiento de los casinos de juegos populares, al interponer en la Fiscalía una denuncia criminal contra este negocio y solicitando que se investigue la posible comisión de delitos en estos locales.
El tema lleva años en el debate, con una legislación no del todo clara, que permitió la proliferación de estas salas a nivel nacional.
En el Congreso existen dos proyectos de ley: uno patrocinado por el senador, que prohíbe su funcionamiento, y otro ingresado por los senadores Fulvio Rossi, Ximena Rincón, Carlos Bianchi y Jaime Quintna, que pretenden regular la explotación de estas máquinas.
Sin embargo, la Comisión de Gobierno del Senado rechazó la idea del parlamentario de prohibir y eliminar las máquinas populares de azar, iniciativa que Navarro considera necesaria “porque estimamos que las más de 600 mil máquinas van día a día aumentando el daño social y económico a personas vulnerables y a sus familias; generando ludopatía y siendo focos de delincuencia. Lo que no se debe seguir permitiendo”.
Por esto, el pasado viernes, el senador organizó un seminario, donde entre los expositores estaba la Superintendencia de Casinos de Juego, la Policía de Investigaciones y de la Agrupación Gremial de Máquinas Electrónicas.
El jefe nacional de Delitos Económicos y Medioambiente, prefecto inspector Eduardo Rodríguez-Peña explicó que los juegos de azar sólo pueden realizarse mediante una ley especial y en lugares determinados, como los casinos de juego. Fuera de allí, el Código Penal sanciona a los dueños y administradores de estas casas de juego y a los jugadores, quienes no saben que están cometiendo un delito.
Agregó que hoy, se debe consultar a la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) como la entidad administrativa que debe ser consultada sobre dudas si una máquina es de azar o de destreza, por lo que los municipios deben verificar que estas máquinas no sean de azar, lo que debe ser verificado por un informe de la SCJ.
Esto, porque afirmó que las municipalidades no tienen competencias para saber si las máquinas son de azar o destreza, “y de las que hay ahora en Chile, ninguna está autorizada por la Superintendencia”. Por eso aseguró que en Chile sólo hay renovación de patentes y no se han otorgado patentes nuevas.
En la exposición, aseguraron que este comercio trae asociado delitos como comercio clandestino, asociación ilícita, contrabando, delitos funcionarios y lavado de activos.
El subcomisario de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, Rodolfo Jiménez, explicó que “respecto a la proliferación de casas de juego con máquinas tragamonedas, como policía aplicamos la legislación vigente y en ese sentido tenemos varias investigaciones activas en coordinación con el Ministerio Público, pues hay casas de juego que estarían explotando comercialmente máquinas tragamonedas que serían de azar. Es lo que probaremos ante Tribunales y esa es nuestra línea de persecución penal e investigativa”. Y agregó: “Los municipios en caso de dudas si la máquina es de azar o de destreza deben consultar a la Superintendencia de Casinos de Juego”.
Asimismo, comentó que “lo que hemos averiguado en el contexto de las investigaciones y también como lo ha expuesto Aduanas, es que las máquinas no entran completas, sino que por parte. También nuestras indagaciones nos han permitido establecer que hay fabricación de máquinas tragamonedas en nuestro país”. Y, también, aseguró: “No hay ninguna máquina tragamonedas que funcione afuera de un casino que esté legitimada bajo el procedimiento que está establecido por la Superintendencia de Casinos de Juego”.
En tanto el jefe de la División Jurídica de la Superintendencia de Casinos de Juego, Manuel Zárate, dijo que “las máquinas de azar están prohibidas y de manera excepcional están permitidas al interior de un casino de juego que están regulados y previstos en la Ley 19.995. Así los casinos legalmente constituidos están obligados a comprar, y lo hacen en el extranjero, máquinas de azar que tienen que estar homologadas por laboratorios certificados por la Superintendencia de Casinos”.
El asesor jurídico de la Agrupación Gremial Propietaria de Máquinas Electrónicas y director del grupo jurídico LEX, Héctor Mella, sostuvo que para ellos, las máquinas de azar deben ser eliminadas, “pero el senador Navarro dice que todas las máquinas son de azar sin ningún fundamento técnico, sólo porque a él se le ocurrió. Hay que aclararle al senador varias cosas, como que nadie puede determinar la naturaleza de una máquina sin realizar un peritaje por un experto en el área. Navarro buscó refugio en la PDI, pero ellos no tienen las competencias técnicas para determinar la naturaleza de una máquina”.
Por eso, aseguró que hicieron las consultas técnicas a la SCJ, para saber cómo se harán las definiciones de azar, y ellos nos respondieron que la máquina debe dar resultados por aleatoriedad, lo que se sabe por el código fuente.
El abogado precisó que las cortes de apelaciones de distintas ciudades han exigido este peritaje, “por eso, cuando el senador pide las incautaciones a la Fiscalía, de las tarjetas, pretende provocar un daño económico impresionante a comercios que cuentan con patente para explotación de juegos electrónicos, sobre todo en Concepción. Hay muchos informes periciales que dicen que son de destreza, entonces ¿quién va a responder por el daño económico y por la gente que va a ser despedida? Porque él lo que pretende es eliminar ese comercio, sin importar el costo.
“Pedimos a las autoridades que regulen. Por eso la Comisión (de Gobierno) del Senado quiere regular, porque le hemos estado haciendo llegar información”. Y en cuanto al desempeño de otros locales, indicó: “El que no cumple, cierra. Así de simple”.