Un par de semanas tardó la PDI en identificar a una mujer de 26 años como habitual vendedora de cannabis en la Universidad de Concepción.

La joven compraba, dosificaba y, posteriormente, comercializaba la sustancia al interior y en los alrededores del campus, por lo que fue detenida, y luego en un allanamiento en su domicilio en Hualpén donde fueron incautadas 42 dosis de cannabis sativa lista para la venta, $524 mil pesos en efectivo generado presumiblemente por el delito y otros elementos propios de ilícito.

Por este hecho, la casa de estudios presentó una querella, la séptima en los dos años que llevan trabajando contra este flagelo en la universidad.

El abogado  de la casa de estudios, Andrés Cruz, precisó que la detenida no sólo vendía drogas a los estudiantes, sino que también a personas externas, “lo que pone en riesgo la seguridad no solo de quienes transitan por aquí, sino que también de los funcionarios y estudiantes, porque este tipo de delitos está asociado a otra criminalidad”.

El profesional explicó que por esto se está trabajando dentro de la universidad para evitar este tipo de hechos, “pero tiene que ser un compromiso de la comunidad completa”.

Ésta es la séptima querella presentada, y ya hay dos condenas a personas que traficaban dentro del  campus.

El director de Servicios de la Universidad de Concepción, Alejandro Tudela, detalló las medidas que viene tomando la Universidad para evitar la ocurrencia de estos delitos en sus instalaciones.

“El campus pertenece a la comunidad universitaria, y también del Gran Concepción. En este trabajo de cerca de dos años, se ha entrenado a los guardias para detectar posibles lugares de foco para tráfico de drogas, que no es solo la venta del producto, sino de otras acciones que pueden dañar a nuestros usuarios, como alumnos, funcionarios y la comunidad, como hechos de sangre o cuando los mismos traficantes intentan quitar la droga o el dinero a otros delincuentes”.

Tudela precisó que lo que se ha logrado es mover a estos grupos hacia la periferia del campus, “que es abierto, lo que es una ventaja desde el punto de vista de la ciudad, pero al mismo tiempo lo hace muy permeable para este tipo de actividades. Por eso el objetivo es detectar los lugares donde se comercializa”. Agregó que las personas deben denunciar estos hechos y recurrir a los guardias si son víctimas de algún delito.