Las deudas del sistema en el combate a la violencia contra la mujer

Cinco femicidios en 36 horas motivaron la reactivación de iniciativas para proteger a las potenciales víctimas, ya que en el caso de Soraya Sepúlveda, asesinada en Concepción, había medidas cautelares a su favor. Redes de apoyo son claves para protegerlas.

El femicidio de Soraya Sepúlveda Riquelme (29) a manos de su esposo Luis Alberto Gutiérrez Salgado (68), el pasado lunes en la galería Caracol, conmocionó a toda la ciudad. Se transformó en el tercero del año en Bío Bío y parte de una seguidilla de cinco muertes de mujeres en 36 horas a nivel nacional, que elevó la cifra de femicidios a 15 en lo que va del año.

Estos violentos hechos provocaron diversas reacciones que pretenden mejorar cómo se persigue a quienes intentan agredir o lograr quitarles la vida a las mujeres, sobre todo porque hay casos en las que ellas contaban con medidas de protección, que no fueron impedimento para que fueran asesinadas.

Fue la misma ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, quien reconoció que en Chile no existen las leyes adecuadas para evitar los femicidios. “Manifestamos nuestra máxima preocupación y quiero manifestar, con total responsabilidad que nosotros como país no tenemos una política robusta para enfrentar la violencia contra las mujeres”, dijo la secretaria de Estado el pasado martes, tras el femicidio de Soraya Sepúlveda.

En Bío Bío, palabras similares tuvo el fiscal jefe de Concepción, Octavio Stuardo, quien, tras el femicidio del lunes, aseguró que “hoy nuestro actual sistema no tiene todas las herramientas que nos permitan como sociedad proteger a nuestras víctimas y testigos. Hay buenas medidas que entrega la fiscalía, que pueden disponer los tribunales, pero no son suficientes a la luz de la realidad que hemos visto”.

En esa misma línea, la recientemente electa fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, aseguró que la violencia intrafamiliar es un ámbito extremadamente difícil. “El agresor es una persona que está emocionalmente ligada con la víctima, y entonces pueden faltar herramientas. Hay factores que son muy difíciles de controlar en el círculo de la violencia intrafamiliar, como que estas personas vuelven con sus victimarios. Hay aspectos que salen de lo delictivo y entran en lo psicológico”, sostuvo.

Agregó que es un tema en el que se debe educar “y como Fiscalía tenemos que utilizar todo lo que tenemos a la mano para protegerlas”.

Desde el hemiciclo

Desde el ámbito político, la diputada Loreto Carvajal pidió una Sesión Especial para el miércoles 20 de Junio, con el objeto de tratar esta problemática y conocer las medidas legislativas y de seguridad pública, a impulsar.

Para ello, se citará al Ministro del Interior y de Seguridad Pública, Andrés Chadwick, a la Ministra de la Mujer y de Equidad de Género, Isabel Plá, y se pedirá autorizar el in greso durante dicha sesión a la Sala de Sesiones, a la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

La representante de la nueva Región de Ñuble indicó que “muchas de ellas estaban con denuncias y resoluciones en tribunales y muchas de ellas tenían medidas de protección de las que no se hacen cargo las policías”.

Lo mismo planteó el diputado DC, Jorge Sabag, ya que, si bien la ley elevó las sanciones, estableciendo además con claridad el delito de femicidio, “nada sacamos si los órganos auxiliares de justicia no actúan con celeridad. En el caso, de la mujer muerta en Concepción, el agresor tenía dos medidas de restricción decretadas a favor de la víctima, sin embargo éstas no se cumplieron.

El senador Felipe Harboe hizo un llamado a poner suma urgencia al proyecto de ley, que busca incorporar el uso de brazalete o tobillera electrónica como medida cautelar en casos de violencia intrafamiliar, ya que “tenemos que permitir que las policías sepan dónde están los potenciales victimarios y qué hacer frente a la posibilidad de que se acerquen a sus víctimas, o a la persona que han amenazado”, señaló.

Delito prioritario

En Bío Bío, la violencia intrafamiliar fue incorporada, por tercer año consecutivo, como prioridad en el Plan Regional de Seguridad Pública, ya que los hechos en la zona se mantienen: entre enero y agosto de 2016 hubo 8 mil 857 casos policiales de violencia intrafamiliar en la Región, y en 2017 la cifra en el mismo periodo fue de 8 mil 631. Es el segundo delito de mayor ocurrencia en la Región del Bío Bío, sólo superado por el hurto.

El plan reveló que la violencia intrafamiliar se comete en los domicilios particulares, en un 86,1%. El domingo es cuando más ocurren agresiones, con un 21%, y se registran en la noche, pasadas la 20 horas.

Revisar el sistema judicial

Marissa Barro, seremi de la Mujer y Equidad de Género, y Alejandra Espinoza, abogada regional de femicidios y casos de connotación pública del Sernameg Bío Bío, analizaron el femicidio del pasado lunes.

Para la abogada, es clave revisar en la legislación, las atenuantes y agravantes que pesan sobre los imputados, y además hacer una revisión de la perspectiva de género en los fallos de los jueces.

“Por ejemplo, es muy usual que las defensas de los imputados por homicidio aleguen arrebato u obcecación al conocer una infidelidad, tratando de justificar los hechos de violencia de sus representados. Eso hay que revisarlo”.

En cuanto a las atenuantes, agregó que no se debería reconocer una irreprochable conducta anterior a un agresor histórico, “que ha ejercido 15 años de violencia, aunque no tenga ninguna anotación en su extracto de filiación, hay que entender que de irreprochable la conducta no tiene nada”, planteó y agregó que eso debería ser revisado por los legisladores, ya que el femicidio es la culminación de una vida de violencia que no se ha acabado y que va en escalada.

“A veces en los tribunales nos pasa que la historia de violencia anterior al femicidio no es considerada tan importante, porque la acusación se circunscribe a lo que ocurrió ese día.

En cuanto a las penas, explicó que en abstracto, el femicidio tiene una de las penas más altas que contempla la legislación, que van desde 15 años al presidio perpetuo calificado, pero como los jueces aplican atenuantes como la irreprochable conducta anterior, la pena desciende de inmediato. “Yo no tengo ninguna pena superior a 20 años por femicidio, cuando la ley lo permite”, precisó la abogada.

Sepúlveda agregó que sería una buena medida aplicar la tobillera electrónica o monitoreo telemático como medida cautelar, para evitar que posibles agresores se acerquen a mujeres. “Sería una buena forma de controlar las medidas cautelares, porque eso está entregado a la voluntad del imputado, bastante reducido, por un tema de dotación, porque no puede haber un carabinero por cada víctima o imputado”.

En Bío Bío, hay mil 31 mujeres que tienen patrocinio del servicio, y de ellas el 70% tienen medidas cautelares.

Por eso, para Marissa Barro falta mejorar la articulación entre jueces, fiscales y policías, para lograr una mejor protección de las mujeres.

La abogada agregó que es clave que las mujeres tengan redes de apoyo, “porque es una medida de protección, y no hay que mirarlo en menos. Está el deber del Estado de cuidarlas, pero también es rol de su familia y amistades. Hay muchas víctimas que no le dicen a su entorno porque les da vergüenza, pero como cercano, si uno se da cuenta, debe denunciar y no dejarla sola, preocuparse de ella”.

Por eso, para Barro, “hay que hacer un cambio cultural, empatizar, que realmente nos importe lo que está pasando, lo que está sufriendo una persona. Todavía hay gente que cree que no hay que involucrarse en problemas de pareja”.

Barro insistió en que esta evolución tarda, “pero el movimiento feminista puso en la mesa estos temas. Hay que hablar en familia, en las universidades, en los colegios. Los cambios están pasando y este movimiento los está acelerando”.