15 días después del cierre de esa causa, Soraya Sepúlveda nuevamente denunció a Luis Alberto Gutiérrez Salgado. Recién este miércoles se realizaría una audiencia por un procedimiento simplificado.
Para hoy , miércoles 13 de junio, estaba fijada la audiencia de procedimiento simplificado en contra de Luis Alberto Gutiérrez Salgado (68), el hombre que entró armado a la Galería Caracol, la tarde del lunes, y disparó a su esposa, Soraya Sepúlveda Riquelme, causándole la muerte y dejando herida a su compañera de trabajo, Claudia Alejandra Abello Castro.
Causa que se originó por una denuncia que la joven interpuso el 17 de noviembre de 2016, ya que el 31 de octubre el hombre la amenazó en la calle, cerca de las 20 horas, y le dijo: “No te voy a dejar tranquila, voy a volver a vivir acá, te vengo a buscar, si te veo con alguien vas a sufrir las consecuencias tú y él”, hechos que la Fiscalía consideró como amenazas simples en contexto de violencia intrafamiliar, luego de que el caso les fuera derivado desde el Tribunal de Familia.
En ese juicio simplificado, la fiscal María Verónica Muñoz solicitaría 300 días de cárcel para Gutiérrez Salgado. El Tribunal ya había advertido que, si el hombre no comparecía, sería conducido a la audiencia mediante orden de detención.
Nada de esto se concretó, tras lo ocurrido en la galería penquista, ya que el hombre finalmente cumplió con sus amenazas.
Sin embargo, no era primera vez que la mujer lo denunciaba: el 9 de enero de 2016, apenas nueve meses después de casarse, el hombre la llamó por teléfono a la casa de su madre, ya que estaban separados de hecho hace cuatro meses, y le dijo: “Me dijeron que te vieron con otra persona, no vas a ser feliz nunca, porque los voy a matar a los dos”.
Sin embargo, el 28 de octubre de 2016, el fiscal Alejandro Alí decidió no iniciar investigación al respecto, “toda vez que las amenazas proferidas carecen de seriedad y verosimilitud, además de haber sido manifestado el deseo de no continuar la denuncia por parte de la víctima”, según consta en el escrito presentado ante el Tribunal de Garantía penquista, el que aprobó la decisión del Ministerio Público.
En esta causa, la mujer no contaba con el patrocinio del Centro de la Mujer de Penco, al que sí ingresó el 4 de mayo de 2017, después de la segunda amenaza. Sin embargo, solo aceptó el patrocinio de un abogado y no la terapia psicosocial.
El fiscal jefe de Concepción, Octavio Stuardo, lamentó lo ocurrido y precisó que, en el caso de la denuncia investigada por el fiscal Alí, se dictaron medidas de protección a favor de la mujer, pero en su declaración ella se desiste, “y en el delito de amenazas es esencial su declaración, para poder mantener la persecución penal. Como, además, él estaba en Santiago y ella en Penco, y fue una amenaza telefónica, se tomó la decisión de no iniciar la investigación, lo que fue aprobado por el Tribunal de Garantía”.
Agregó que se considera que la denuncia carece de verosimilitud y seriedad, porque la víctima desistió. Pero la segunda denuncia fue acogida al ser derivada desde el Tribunal de Familia.
“Como ya había una causa anterior, se levanta una pauta de riesgo de la víctima y se acoge la segunda denuncia, porque son hechos distintos”, precisó Stuardo. Agregó que hubo un escenario distinto, porque, además, el Tribunal de Familia decretó medidas cautelares en favor de Soraya Sepúlveda.
Ayer, el intendente del Bío Bío, Jorge Ulloa, repudió el femicidio de la joven y aseguró que “no es posible seguir aceptando que mujeres sean asesinadas. Es indigno que la sociedad esté viviendo esto y creemos que hay que hacer esfuerzos para evitar que estos hechos sigan ocurriendo”.
La seremi de la Mujer y Equidad de Género, Marissa Barro, ratificó que había medidas cautelares decretadas a favor de la mujer y que hoy sería la audiencia de procedimiento simplificado.
El gobernador de Concepción, Robert Contreras, recordó que la Violencia Intrafamiliar está contemplada dentro del plan regional de Seguridad Pública, por lo que se seguirá trabajando en este tema.
En cuanto a la seguridad en las galerías, agregó que “se van a analizar todos los espacios públicos de la provincia para determinar los protocolos de seguridad. Esta galería no contaba con cámaras de vigilancia, y eso es un llamado de alerta, porque éstas ayudan a identificar a las personas que puedan estar cometiendo delitos”.