Abogados coincidieron en que la privación de libertad no aleja a los jóvenes del delito y que lo que corresponde es mejorar el funcionamiento de la actual normativa.
El asesinato del cabo de Carabineros Óscar Galindo Saravia (29) a manos de un joven de 17 años, reabrió el debate sobre la ley de Responsabilidad Adolescente. Desde el Gobierno anunciaron cambios a la norma, los que apuntan a tomar en cuenta la reincidencia como agravante y poner fin a la facultad de los jueces para bajar un grado a la pena dictada a un menor. Sin embargo, la iniciativa no fue bien recibida en la zona por quienes intervienen en el sistema judicial.
El abogado y ex fiscal Andrés Cruz aseguró que las iniciativas para aumentar las penas a los adolescentes que delinquen no sirven de nada por sí solas, y agregó que sólo son “populismo penal”.
“La ley de Responsabilidad Penal Adolescente requiere un ajuste, porque desde que se implementó se hizo con problemas. La institucionalidad no está preparada, no tiene profesionales que estén debidamente capacitados para este efecto, no hay infraestructura adecuada para llevar a cabo las sanciones que la ley establece, considerando el espíritu de esa norma es ser resocializadora, no punitiva. Por eso, si el Gobierno pretende modificarla, tiene que levantar el velo en torno a cuál es el objetivo en torno a la delincuencia juvenil: castigarlo todo y aumentar las penas, o preocuparse de establecer una institucionalidad dedicada a acoger a aquellas personas que carecen de oportunidades para lograr algo, no la reinserción, porque en algunos sectores los jóvenes nunca han estado insertos, por lo que no se puede hablar de resocialización”.
Las palabras del abogado remiten a las declaraciones de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, quien aseguró que en TVN que “los narcos reclutan a los niños como soldados a cambio de un par de zapatillas de marca o el teléfono que nunca van a poder tener”.
Cruz insistió en que “si se desconoce esa realidad, aunque se aumenten las penas, el resultado va a ser ineficaz. Ya la ley no responde a las necesidades de la comunidad, pero hay que ser más inteligentes y medirlas circunstancias a largo plazo para ofrecer una alternativa efectiva y que hechos tan repugnantes como éste no se repitan”.
La recién asumida defensora de la Infancia, Patricia Muñoz, aseguró que “la revisión de la legislación no puede hacerse al alero de crímenes tan brutales como éste, porque se corre el riesgo de legislar sobre la base de una limitación de los aspectos que hay que revisar. Resolver temas de esa naturaleza imponiendo penas privativas de libertad no resuelve nada. El foco debiera ser prevenir la ocurrencia de los delitos y hacerse cargo de generar mecanismos que permitan que la ley penal adolescente se cumpla eficientemente.
La abogada recordó que en Estados Unidos, los adolescentes son juzgados como adultos, “y eso no ha impedido que ellos se vean involucrados en hechos de gravedad como éste”. Agregó que se debe dotar de la suficiente capacidad técnica y presupuestaria a quienes se hacen cargo de esta normativa para poder cumplir los objetivos. “Hay que hacer una intervención de vida para revincular al adolescente a la sociedad y alejarlo de la comisión de delitos”.
El defensor regional, Osvaldo Pizarro, insistió en que, si se va a modificar la ley, tiene que se en base a estudios especializados en el área, desde la reincidencia, “pero los estudios vigentes de Sename sólo dicen que las sanciones privativas de libertad causan mayor nivel de reincidencia en los adolescentes que aquellas sanciones que no lo son”.
Agregó que si se busca una solución agravando las sanciones de los adolescentes, sólo se va a encontrar el efecto de aumentar los niveles de reincidencia y precisó que “no se puede pretender que los problemas de seguridad ciudadana y las percepciones asociadas a la impunidad sean resueltas por el sistema de justicia criminal, ni el de adultos ni de adolescentes. El foco tiene que estar en la prevención y reeducación de aquellos jóvenes que tienen el primer contacto con infracciones. Incluso, la primera intervención debe ser antes, en el ámbito proteccional, y ahí debe estar el foco para obtener resultados en prevención”.
Karina Zuchel Pérez, psicóloga y Directora Técnica de Fundación Tierra de Esperanza, también concordó con los abogados en el hecho que no existe evidencia que dé cuenta que el aumento de penas sea más efectivo para reducir los hechos de gravedad delictiva.
“Es más, el contacto con el sistema penal es un factor de riesgo para consolidar identidades delictivas. Si estamos frente a niños, niñas o adolescentes que están consolidando su identidad, lo recomendado es disminuir el contacto con otros pares o adultos con conductas asociadas al delito y fomentar su integración con personas que no avalen el delito y obviamente un aumento de las penas lo que hace es reforzar la exclusión de grupos normativos acordes a su etapa del desarrollo”.
En cuanto a soluciones, agregó que “ninguna medida por sí sola es efectiva. Fundación Tierra de Esperanza constató que el 90% de los jóvenes con delitos judicializados, atendidos en sus programas bajo esta modalidad, presentó vulneraciones de derechos en la niñez.
“Por ejemplo, hay quienes cometen delito asociado a la etapa adolescente y ahí es la familia que debe aprender a mejorar la supervisión y control pero en aquellos donde es la propia familia que fomenta el delito, la intensidad y el control es responsabilidad de todos los actores, y me refiero a los programas de sanción, educativos, de salud y también comunitarios”.