En 2017, Diario Concepción  tomó como uno de sus temas principales la situación de los niños que estaban bajo la tutela de los centros del Sename, haciendo eco del impacto que se vivía a nivel nacional con las revelaciones dadas a conocer por la directora nacional de la institución, Solange Huerta, quien aseguró que 1.313 los niños y adolescentes habían fallecidos en el servicio entre 2005 y junio de 2016. En el recuento, están incluidos los menores de edad fallecidos en el sistema de protección, en el sistema de justicia juvenil y además quienes ya eran adultos en el momento de su muerte, pero habían ingresado como menores al servicio.

En Bío Bío, la directora regional de Sename, Rina Oñate, reveló que entre 2005 y 2016 murieron 124 niños y jóvenes bajo la supervisión del servicio. De ellos, 93 eran menores y 31 adultos. 

Tras eso, este medio puso énfasis en la realidad de los centros en Bío Bío. Y a través del testimonio  de los educadores y de los informes emanados, se fueron revelando las deficiencias de los recintos.

En la zona hay tres Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) destinados al área de protección: el hogar Arrullo, para niños entre 0 y 6 años; el hogar Capullo, para niñas y adolescentes hasta los 17 años, y el hogar Nuevo Amanecer, para niños y adolescentes a la misma edad. Además, ya en el área de Responsabilidad Penal, está el Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Coronel, donde ingresan los adolescentes privados de libertad, y el centro semicerrado, donde van los jóvenes que deben cumplir sanciones en el medio libre.

De ellos, las situaciones más graves se registraron en 2017 en el Centro Nuevo Amanecer, un recinto construido en 1960, a partir del cual una serie de reportajes de Diario Concepción revelaron que, pese a tener los dineros aprobados desde 2012, aún no se iniciaba su reconstrucción; y en el CIP-CRC  de Coronel, donde siete jóvenes intentaron suicidarse tras haber consumido benzodiazepinas, tras lo cual fueron golpeados por los gendarmes.

El centro que no fue

En un reportaje publicado  en  julio de 2017, Diario Concepción reveló que,  pese a que en 2012 el Core aprobó en 2.020.800.000 millones de pesos para la reposición del Centro Nuevo Amanecer,  el recinto tenía cinco años de retraso.

El proyecto era urgente, porque el recinto fue abierto en 1966, muchos años antes de la creación del Sename (1979).  El 28 de diciembre de 1995, Sename asumió en forma directa la administración de ese centro.

Sin embargo, mediante solicitudes vía Transparencia, Diario Concepción logró precisar que, en el proceso de consultoría, en 2014, el presupuesto aumentó a .904 millones,  es decir, faltaban  .785.825.000 para ejecutarlo.

Recién en julio de 2017, la directora nacional de Sename, Solange Huerta, le anunció al intendente Rodrigo Díaz que sería el Sename el encargado de entregar el monto restante y que ya se encontraba incluido en la partida presupuestaria del próximo año.

Sin embargo esto no ocurrió, ya que en el presupuesto de la institución para 2018 solo se asignaron  410 millones de pesos  para el período 2018.

Por ello, al no contar con todo el presupuesto, la licitación fue declarada desierta en febrero de 2018.  Sin embargo, ya se realizó un segundo llamado a licitación, la que se cierra el 20 de junio de este año.

Intento de suicidio

En octubre de 2017, un gravísimo incidente puso en el tapete las deficientes condiciones en que cumplen sus condenas los adolescentes en el CIP-CRC de Coronel.  Un grupo de siete adolescentes denunció haber sido agredido por personal de Gendarmería -con golpes de pies, bastones y gas pimienta- el 15 de octubre pasado, tras volver del hospital debido a un masivo intento de suicidio provocado por la ingesta de medicamentos.

El hecho motivó la intervención del centro por parte del Departamento de Justicia Juvenil de la Dirección Nacional, para imponer medidas que calmaran la situación en el recinto. Sin embargo, en noviembre, luego de la interposición de un recurso de amparo por parte de la Defensoría Penal Pública, la Corte de Apelaciones resolvió acoger la acción y acreditó que se cometieron excesos en el trato a los menores. Y en diciembre, el juzgado de Familia de Coronel ordenó el traslado del teniente John Cruz,  jefe del destacamento de  Gendarmería, y de Raúl Fuentealba Guzmán, coordinador de turno del Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Coronel, tras los apremios ilegítimos que sufrió uno de los jóvenes.

Pero los desórdenes, riñas y agresiones en el Centro continuaban sin control.  Tras una serie de reportajes publicados por Diario Concepción, en febrero de este año, y que daban cuenta del no cumplimiento por parte de Sename Bío Bío de los plazos dados por el organismo a nivel nacional sobre la precaria situación del centro de Coronel, la aún directora regional, Rina Oñate, removió de su cargo y del Sename al jefe técnico Patricio Baeza,  quien fue cuestionado incesantemente por los dirigentes de los trabajadores,  por sus escasas cualidades para asumir ese cargo.

El verano tampoco fue una buena época para el centro, que funcionó con apenas un educador por casa, por vacaciones y licencias médicas, lo que también dio a pie a la ocurrencia de agresiones a funcionarios y peleas entre los adolescentes, situación que aún persiste, según comentaron a este medio algunos educadores que trabajan en el recinto penal.

Arrullo: muertes de niños y fraude al Fisco

El centro de Lactantes Arrullo es  el otro recinto de protección que se ha visto envuelto en complejos incidentes:  el recinto, de administración directa del Sename, es uno de los  que más muertes tiene a nivel nacional, con 8 casos entre 2005 y 2015. En este hogar se alberga a menores entre 0 y 6 años de edad. Además, ha registrado denuncias por supuestos maltratos y abusos sexuales, pero que no han llegado a la justicia.

Y en 2017, se conoció el caso de Noemí Betanzo Otárola, ex funcionaria de Sename, quien se desempeñaba como encargada de presupuesto del hogar de Lactantes Arrullo, y que es investigada por haberse apropiado de los dineros destinados a pago de proveedores, mediante el sistema de la “bicicleta”. En la querella quedó constancia de que, en su declaración, la encargada de presupuesto afirmó haberse apropiado de 30 a 40 millones de pesos “y que este dinero lo gastó apostándolo en el casino, por lo que se puede presumir que las sumas de dinero fueron sustraídas y no fueron restituidas, causando un perjuicio fiscal equivalente a las cantidades antes mencionadas”.

Contrataciones políticas cuestionadas

Una de las más fuertes quejas de los dirigentes gremiales de la Asociación Nacional de Funcionarios (Anfur) y de la Asociación de Funcionarios de Sename (Afuse) es que el Sename fue usado como “botín político”, es decir, para pagar favores realizados en las campañas, se  colocaba a las personas en cargos para los que simplemente no estaban preparadas.

Uno de los ejemplos, y que causó el mayor nivel de críticas fue el del ex jefe técnico del CIP-CRC de Coronel Patricio Baeza, militante comunista, de profesión filósofo, y casado con la ex seremi del Trabajo,  Victoria Fariña, también militante de ese partido.

Baeza no sólo fue cuestionado por los dirigentes gremiales, sino que también por el departamento de Justicia Juvenil de Sename a nivel nacional, que intervino el centro después de los hechos del 15 de octubre: en documentos conocidos por este medio apuntaron al escaso liderazgo técnico de Baeza y detalla los errores cometidos en el manejo del centro. Finalmente, fue removido de su cargo y del servicio en febrero de este año.

La intervención del INDH

A principios de este año, el Instituto Nacional de Derechos Humanos  entregó los resultados de la misión de observación que realizó entre enero y abril de 2017, en la que visitó 171 centros a nivel nacional, de los cuales llegaron a los 28 centros de la Región, tanto los que dependen de Sename, como los de las instituciones colaboradoras.

El informe fue lapidario: los niños develaron casos de abuso sexual, violencia entre pares y castigos hacia los niños, como dejarlos sin comer, despertarlos en medio de la noche, dejarlos sin visitas de su familia, llevarlos solos de noche al patio, bañarlos con agua fría e incluso maltrato físico grave, como patearlos o quemarlos con cigarrillos.

La directora regional del Indh, Carolina Chang, precisó en esa oportunidad que realizaron todas las denuncias pertinentes cada vez que se encontraron con alguna vulneración o delito, tanto a los Tribunales de Familia como al Ministerio Público y agregó que hay seguimiento a las denuncias realizadas y que como Indh siguen atentos a la situación de los niños en la Región del Bío Bío.