Deben tener cumplida la mitad o dos tercios de su condena, acreditar excelente conducta y haber estudiado o aprendido un oficio dentro del penal.
En una cifra inédita, el 94% de los internos postulantes, es decir, 240 de 255 internos consiguieron el derecho a la libertad condicional.
Esto, tras la revisión realizada por la comisión Libertad Condicional de la jurisdicción Concepción, que sesionó entre el miércoles y el viernes de la semana pasada.
La instancia es presidida por el ministro (i) Reynaldo Oliva Lagos e integran los magistrados Gonzalo Díaz y Nancy Vargas, del Tribunal Oral de Concepción; Gonzalo Rojas, del Juzgado de Garantía de Concepción; y Liliana Salgado Fernández, del Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz. La secretaria ad-hoc de la Corte, Yudith Burgos, actúa como ministra de fe.
Las solicitudes presentadas por Gendarmería corresponden a internos de los centros penitenciarios de Concepción, Bío Bío y Arauco.
Entre los requisitos legales que debe considerar la comisión para que los reclusos puedan cumplir el saldo de su pena en libertad se encuentran: haber cumplido la mitad o dos tercios de la condena que se les impuso (dependiendo de la gravedad del ilícito por el que fueron condenados), acreditar excelente conducta y haber participado en actividades educativas y/o de capacitación laboral en las respectivas unidades penitenciarias.
“Esta comisión tiene por objeto revisar los postulantes que presenta Gendarmería de Chile de los distintos penales de la jurisdicción de esta Corte para optar al beneficio de la libertad condicional. La comisión revisa los antecedentes, se percatan si cumplen los requisitos señalados por la ley y decide si le da o no dicha libertad condicional”, dijo el ministro (i) Reynaldo Oliva.
El magistrado precisó que, de los 15 rechazados, seis fue por haber tenido mala conducta dentro de la cárcel los días en que sesionó la comisión; cuatro por quebrantar beneficios que ya tenían, como la salida diaria; tres que ya tenían su pena cumplida y dos que fueron mal postulados.
El ministro Oliva precisó que la diferencia con el año pasado, cuando se liberó a sólo 130 de los 243 presos que postularon a esta instancia se explicaría porque Gendarmería envió por error los antecedentes de personas que debían tener cumplidos dos tercios de la condena como lo requirió la Ley Corta Antidelincuencia de 2016 para delitos más graves. Sin embargo, esto no regía para quienes fueron sentenciados antes de esa fecha.
En cuanto a la reinserción de estas personas, y que no vuelvan a delinquir, afirmó que eso no es materia de competencia del Poder Judicial, “algunos se reinsertan y otros no, para cualquier persona que pase un tiempo privada de libertad es complejo volverse a insertar. La sociedad no les da la oportunidad”.
La coordinadora de la Defensoría Penitenciaria del Bío Bío, María Cristina Melgarejo, destacó la cifra y agregó que esto no es un beneficio, sino un derecho contemplado en la ley. Recordó que estas personas quedan sujetas a una firma semanal y que su libertad condicional es revocada si no cumplen con esa exigencia, y se dicta de inmediato una orden de detención en su contra.
“No es fácil que una persona que estuvo 10 años en la cárcel salga y encuentre sus mismas redes de apoyo, por lo que no es fácil que encuentren trabajo, por lo que ahí no se han invertido recursos. Sin embargo, la cifra de reincidencia es bastante baja, y fluctúa entre un 7% y un 13”.
La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Chillán acogió 66 de las 101 solicitudes de internos de las diversas unidades penales de la jurisdicción que postularon a este derecho durante el primer semestre de 2018.
La comisión se reunió el lunes 30 de abril para revisar los antecedentes de cada postulante, resolviendo aceptar la petición de 13 internos del Centro de Detención Preventiva de Yungay; 5 del Centro de Detención Preventiva de Quirihue; 10 del Centro de Educación y Trabajo de Yungay; 7 del Centro de Educación y Trabajo de San Carlos; 8 del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Bulnes; 1 del Centro de Detención Preventiva de San Carlos, y 22 del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chillán.
La comisión fue encabezada por el presidente de la Corte de Apelaciones de Chillán, ministro Darío Silva, y la integraron los jueces penales Carlos Benavente y Manuel Vilches, del Juzgado de Garantía de Chillán; Óscar Ruiz y Marcela Ramírez, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán; además del secretario del tribunal de alzada, Juan Pablo Nadeau.