El abogado Remberto Valdés, representante de la empresa Claro Vicuña Valenzuela, confirmó la interposición de acciones legales contra el municipio de Concepción, el Gobierno Regional y el Ministerio del Deporte, por la no devolución de la boleta de garantía cobrada a la empresa por $1.980 millones, en  2016.

El profesional recordó que ese cobro, por parte del municipio, se realizó en el marco de la investigación  por la instalación de las butacas en el estadio Ester Roa Rebolledo, que apuntaba a que la empresa no habría cumplido con su instalación. Pero la Contraloría dictaminó, en noviembre de ese año, que ese dinero debía devolverse a la empresa.

Valdés explicó que en estos dos años han realizado presentaciones a los tres estamentos solicitando el cobro de este dinero. Sin embargo, esto no se ha materializado. Es por eso que la empresa ya presentó una acción ante el Primer Juzgado Civil de Concepción, demandando el cobro de ese dinero, que reajustado ya asciende a $2.137 millones.

Además, Remberto Valdés adelantó que en los próximos 15 días interpondrán dos acciones más contra los mismos estamentos: una por el daño a la imagen de la empresa y otra cobrando las multas que estaban contempladas en el contrato que se les impuso cuando tomaron la obra luego de la salida de la empresa Copasa.

“Hemos tenido la obligación de interponer la primera acción legal, y atendido a que el municipio  se resiste a devolver el dinero que le pertenece a la compañía, nos hemos visto obligados a interponer dos acciones adicionales: la primera por cobro de multas del contrato y la segunda por indemnización de perjuicios por daño moral. En total estas demandas suman 15 mil millones de pesos”.

En cuanto a los montos solicitados, Valdés explicó que sólo hacen referencia a lo que está especificado en el contrato, “y nosotros vamos a exigir ese cumplimiento”.

La abogada del municipio, Ximena Torrejón, precisó que  está pendientes en la Contraloría algunos requerimientos que ellos deben responder y, además, está la acción interpuesta por Claro Vicuña para el pago de la boleta de garantía, en el Primer Juzgado Civil penquista. Esto, porque  la municipalidad, el Gore y el Mindep aseguraban que el asunto debía resolverse en sede administrativa, pero la Contraloría determinó que debía llevarse a la justicia.

“Planteamos al principio que no había legitimidad para llevarlo a Tribunales, y estamos apelando de la resolución de Contraloría y ya contestamos la demanda que interpuso la empresa”, dijo la profesional.