Debía estar en el Centro de Régimen Cerrado de Coronel, condenada por asaltos a conductores Uber, pero nunca se dictó una orden de detención en su contra.
Más dudas que certezas ha dejado hasta el momento el caso de Brittany Figueroa Ramírez (18), quien murió tras chocar contra un poste en un auto robado, la madrugada del martes, en Hualpén. La joven murió junto a Miguel Uribe Farías de 19 años, cuando huían de Carabineros.
Horas más tarde, se conoció que Britanny Figueroa debía cumplir una condena en el Centro de Régimen Cerrado de Coronel, como autora de tres robos con intimidación a conductores de Uber, ocurridos en enero de 2017.
Debía cumplir 12 meses de internación en régimen cerrado, con un programa de reinserción social y, luego, otra pena de 6 meses de régimen semicerrado con el mismo programa. Sin embargo, nunca llegó a cumplirlas.
¿Qué fue lo que ocurrió? La joven cometió esos delitos como menor de edad. Sin embargo, entre julio y noviembre de 2017 estuvo en El Manzano, por otro delito, por lo que estaba en prisión preventiva cuando fue condenada por los asaltos a conductores Uber, en octubre de 2017.
En noviembre, la joven salió de la cárcel y quedó con un régimen de libertad vigilada.
Así, Britanny Figueroa quedó libre. Nunca ingresó a cumplir la condena por el tribunal, porque luego de que en un procedimiento abreviado se le condenó por los asaltos Uber, el tribunal citaba a todas las partes involucradas para elaborar ambos planes de intervención social.
Hubo tres audiencias, y en dos de ellas no asistieron los delegados, uno del centro semicerrado de Sename y, en otra, el delegado del centro de Reinserción Social de Coronel.
Sin embargo, ambos planes finalmente fueron aprobados por el tribunal, pero a la última de estas audiencias, realizada el 22 de enero de 2018, nunca asistió Britanny Figueroa, sin que nadie se preocupara de ubicarla para asegurar que cumpliera la condena dictada por los asaltos a conductores Uber.
Con los planes aprobados, el 16 de febrero de 2018, todo fue derivado al tribunal de Garantía de Coronel, que es el juzgado encargado de ejecutoriar la pena. Pero la joven seguía en libertad, ya que no se dictó una orden de detención en su contra para que ingresara a cumplir la condena.
Así, la joven siguió fuera del sistema, hasta que la madrugada del martes murió huyendo de la policía.
Pedro Marileo, director regional de la Asociación de Funcionarios de Sename (Afuse), lamentó la muerte de la joven y afirmó que “aquí nos damos cuenta claramente que el sistema en su totalidad no funciona o funciona malamente, o falló completamente. Últimamente para todo, la culpa es de Sename, sin embargo, nadie ha dicho que en muchos casos son responsables los jueces, fiscales y defensores en las malas decisiones que toman o no toman con los niños y jóvenes, y después la culpa es de Sename. Es necesario investigar el porqué una joven con condena desde octubre del año pasado no estaba cumpliendo. Claramente se necesita con urgencia realizar los cambios legislativos a la ley de responsabilidad juvenil, existen muchos vacíos y que nadie ha querido escuchar, y que ponen en riesgo la vida de los jóvenes que se atienden bajo esta ley”.
En un comunicado, Sename precisó que “durante el proceso judicial se aprobó el plan de intervención que ordena la ley, el cual fue firmado por la joven tras gestiones realizadas por el centro cerrado de Coronel. El ingreso efectivo de la joven al centro cerrado no se realizó, ya que la orden de ingreso no fue decretada por parte del tribunal y no corresponde al Sename instruir una orden de ese tipo”.
La ex directora de Sename, Jessica Flores, manifestó su indignación por lo ocurrido y aseguró que estudia con sus abogados la presentación de acciones legales “por la seguidilla de negligencias que llevó a la muerte de esta joven”.
Aunque fueron consultadas, la Fiscalía, el Poder Judicial y la Defensoría, optaron por no referirse al tema.