El sicólogo adelantó que la familia estudia acciones legales contra el Estado y contra el policía que lideró la investigación por la muerte del universitario.
A una semana de la entrega del sumario del caso Matute a la familia por parte de la ministra Carola Rivas, las consecuencias de estas revelaciones ya comienzan a conocerse, sobre todo luego de que la jueza descartara definitivamente que fueran los siete jóvenes procesados los autores de una supuesta golpiza a Jorge Matute.
Es más, en sus declaraciones, la magistrada criticó el proceder del comisario a cargo del caso en esos años, Héctor Arenas, cuya arista daba cuenta de que Matute había muerto de una golpiza propinada por siete jóvenes que estaban esa noche en La Cucaracha.
Carola Rivas aseguró que esa teoría no tenía sustento científico y que incluso los jóvenes -que promediaban los 20 años en esa época- habían sido víctimas de apremios ilegítimos, cuando fueron detenidos, incomunicados y procesados por obstrucción a la justicia, en 2001. Hoy la ministra estableció que el universitario murió envenenado con pentobarbital, en manos de un hombre de orientación homosexual que concurría a las discotecas en busca de sexo casual.
Sus palabras fueron recibidas con alivio y agradecimiento por el grupo de ex procesados. Cristian Araos, quien ofició de vocero del grupo en esos años, y hermano de Óscar, uno de ellos, destacó el hecho que fuera la misma ministra, hablando en nombre de un poder del Estado, quien los deja libre de culpa.
“La magistrada dijo tres cosas graves: estableció que esta teoría donde está la verdad surgió a los pocos días, y es Héctor Arenas el que se encarga de anularla y de anular también al policía responsable de esa hebra investigativa, es él quien obstruyó el foco de la investigación”, dijo Araos.
Además, según las palabras de la jueza, siguió Araos, “en base a prejuicios Arenas elabora un informe con mentiras, fue sólo según sus creencias, no tenía ningún sustento real y acomodaba los datos para crear su fantasía. Él seleccionó a personas inocentes, y que siempre lo dijeron. Héctor Arenas vino a tapar el caso de Santiago, a proteger a personas y con eso a los jóvenes los persiguieron y los sometieron a juicio social por años”.
Por esto, Araos aseguró que la familia está evaluando con abogados las acciones legales que interpondrán, las que serán dirigidas contra el Estado y también contra el hoy retirado detective.
“Él confundió a la opinión pública, a la sociedad, a la justicia, a las policías y a los medios de comunicación durante años. Eso es corrupción, y Arenas va a tener que dar explicaciones en Tribunales por esto”.
Araos recordó que en el tiempo que el grupo estuvo detenido, en el año nuevo de 2001, hubo uso de fuerza y apremios ilegítimos con tal de conseguir una confesión.
“Como investigador, Héctor Arenas es lo peor que ha tenido la historia de Chile. Tuvo confundida a la opinión pública por un decenio, es una vergüenza como policía, corrupto y violador de derechos humanos”, fustigó Araos, quien recordó que no es primera vez que pasa algo similar en un caso guiado por Arenas, y recordó el caso de Ema Pinto, acusada de matar a Marcela Casanueva en 1998, que se suicidó en la cárcel y que siempre dijo que era inocente.
Y aunque aseguró que habrá acciones legales, insistió en que el daño ya está hecho. “Después de casi 20 años podemos decir que materialmente perdimos todo y podemos acreditar una pérdida patrimonial significativa. Mi padre trabajaba para el Estado, nunca más lo llamaron y lo perdió todo”.
Sí, destacó las palabras de la ministra Rivas, “que nos permiten dar vuelta la página porque al menos el tema es incuestionable cuando el mismo Estado, en voz de la jueza, te absuelve públicamente, es algo que se agradece”.
Carlos Alarcón fue uno de los procesados en el caso, y también recibió con alivio los dichos de la ministra Rivas. “Primero sentí alegría porque se reconoció que fuimos víctimas de apremios, apuntados por la mitad de Chile, con los papeles manchados y pegas perdidas, esto es el inicio de reconocer que aquí hubo mala intención”.
Alarcón recordó los tiempos en que estuvieron detenidos: “Nos tenían sin comida, sin dormir, sin descanso, incluso estuvimos incomunicados, nos hicieron mucho daño”. Insistió en que “acá se hizo una investigación desastrosa y no se pudo entregar una respuesta a una familia que no tiene consuelo y a siete jóvenes que les arrebataron su adolescencia en una noche de Año Nuevo”.
Por todo esto, agregó que evalúan acciones legales, “porque acá hubo un daño que tiene que ser reparado”.