La ministra reveló que, en 1999, un comisario indagaba la entrega de tragos con droga a los jóvenes en La Cucaracha. Sus pesquisas quedaron olvidadas en una carpeta en el cuartel policial.
Dos semanas llevaba desaparecido Jorge Matute Johns, tras asistir a la discoteca La Cucaracha, el 19 de noviembre de 1999, cuando el comisario de la PDI Carlos Stuardo, a cargo del caso, ya había establecido lo ocurrido con el joven universitario.
Esto, porque el 2 de diciembre de ese mismo año, un testigo que pidió reserva de su identidad le relató que a las discotecas alejadas de la ciudad asistían hombres homosexuales, mayores y con recursos económicos, que llevaban una doble vida, y que para obtener sexo emborrachaban o introducían drogas en los tragos de los jóvenes para luego llevárselos en sus vehículos y abusar sexualmente de ellos.
Sin embargo, una vez llegado el comisario Héctor Arenas a Concepción, enviado desde Santiago para aclarar el caso, la hipótesis fue descartada y Arenas se concentró en la tesis de la supuesta golpiza a Jorge Matute, en la que fueron inculpados los 7 jóvenes que fueron procesados en el caso por obstrucción a la justicia.
A tal punto fue desechada la investigación de Stuardo, que ni siquiera ingresó en el expediente judicial y quedó olvidada en una bodega en el cuartel de la policía civil. Sin embargo, en marzo de 2015, la ministra Carola Rivas tuvo acceso a esta información.
La magistrada había tomado el caso en julio de 2014, y ya había logrado establecer que Matute había fallecido víctima de una intoxicación por pentobarbital. Tras revelarse la causa de muerte en los medios de comunicación, el mismo comisario Stuardo llegó hasta el despacho de la ministra Rivas para contarle esa información: el policía había tenido conocimiento de que, una semana antes de la desaparición de Matute, a un joven le había ocurrido algo similar al interior de La Cucaracha: le regalaron un jarro de alcohol y comenzó a sentirse muy mal. Se perdió, hubo una causa por presunta desgracia y el joven apareció en Coronel.
Así, la ministra Rivas unió la causa de muerte de Matute con esta información y le ordenó a su equipo que buscara la carpeta en el cuartel de la PDI. En ésta carpeta, denominada “Hoja de Parra”, ya que así bautizaron los policías a la droga que le habían dado a los asistentes al local nocturno, la ministra encontró la declaración de ese joven extraviado, sino que también la declaración dada por el testigo reservado, que daba cuenta del modus operandi de estos hombres mayores, que tras drogar a los asistentes a la discoteca se lo llevaban a lugares como el camino a Santa Juana, el mirador Laguna Grande o a Penco, y el testimonio de otro joven asistente a La Cucaracha que había sido recopilado en la carpeta por otro detective, y que decía que se había sentido muy mal tras beber un trago en ese lugar.
La carpeta tenía un listado de 19 personas sospechosas, determinadas por el comisario Stuardo, a las que iba a comenzar a interrogar, pero en ese momento llegó el comisario Arenas a Concepción, quien determinó que esa arista “no se investiga más”.
Ayer, la ministra Rivas se reunió con María Teresa Johns y con sus abogados, Fernando Saenger y David Vargas, a quienes les entregó el cuaderno secreto donde está esta arista de la investigación. Esto, al no tener más diligencias, ya que tras pesquisar esta tesis por dos años, se encontró con un escenario que no esperaban.
Rivas y su equipo encontraron a cuatro personas que habían sido víctimas de estos hechos, con más de 70 relatos que daban cuenta de estas prácticas en las discotecas alejadas de la ciudad.
Además, redujeron la lista de sospechosos a 12. Sin embargo, siete de ellos ya están fallecidos, y de los cinco que están con vida, dos de ellos están fuera de Chile.
“El paso del tiempo ha sido un escollo por la pérdida de los recuerdos de quienes estuvieron allí y la imposibilidad de identificar a los sospechosos, algunos están sólo con sus apodos o nombres de pila”.
Por eso, la magistrada aseguró que no ha cerrado el sumario, pero que no tiene diligencias pendientes, por lo que optó por entregarle la información a la familia para que soliciten diligencias para aclarar lo sucedido. Por eso, insistió, el caso sigue abierto.
Al aclarar dudas de los medios de comunicación, Rivas insistió en que los jueces de la causa no tuvieron conocimiento de esta hipótesis; descartó la participación de agentes del Estado en la desaparición del universitario y aclaró que estos hombres mayores actuaban por separado, y no conformaban una organización.
“No es un grupo organizado que se dedica a buscar jóvenes para drogarlos y llevárselos, sino que son acciones individuales”.
La jueza confirmó que interrogó a los cinco sospechosos: todos niegan su participación en los hechos e incluso haber asistido a la discoteca ese día, salvo uno que reconoce haber ido, pero niega haber tenido este tipo de conductas.
“Con ellas se realizó un trabajo previo de su entorno y saber qué estaban haciendo en esa época, pero ellos niegan el lugar, tener esos comportamientos y la presencia en la discoteca. Hoy nos falta el testigo que pueda ubicar a esas personas en el lugar, porque en esa época todas las preguntas se dirigían a: “¿usted vio una golpiza? Si ahora preguntamos si vieron a un hombre mayor acercándose a un joven, simplemente, nadie se acuerda”.
Sin embargo, Rivas declaró que hay un testigo que recordaba que se le acercaron dos hombres maduros con insinuaciones sexuales, “que le habían ofrecido trago, que lo habían invitado a su auto, pero él por la edad que tenía -que era bastante menor- le había dado miedo. Él andaba con un amigo y simplemente se refugió en un rincón hasta poder encontrarlo y poder irse. Obviamente, la persona que tiene este relato hoy no puede recordar ni las características físicas de aquellas personas que intentaron hacer contacto con él”, detalló la jueza, quien recordó que en los asistentes a la discoteca había personas de Chillán, Los Ángeles y Temuco.
Visiblemente afectada, María Teresa Johns salió de la reunión con la ministra y una vez más enfrentó a las cámaras. Esta vez dijo estar “confundida, porque no sé si va a haber un culpable y creo que no es justo”.
Consultada por la decisión de Arenas de desechar esta arista y de la competencia que tuvieron Carabineros e Investigaciones en el caso de su hijo, fue categórica.
“Fue todo malo… las policías trabajaron mal, tuvieron a mi hijo un año y medio sin causa de muerte, lo encontraron no las policías, sino un lugareño por un milagro de Dios”, dijo.
Matute fue hallado por un trabajador de la Ruta de la Madera en febrero de 2004, en el kilómetro 22,6 de la ruta de la Madera.
El abogado Fernando Saenger precisó que ahora, junto a David Vargas, estudiarán el expediente de cerca de 300 páginas, para solicitar diligencias, para lo cual no tienen un plazo establecido. Ambos prefirieron no dar detalles de la investigación hasta revisar el material que les entregó la jueza.
“No es la idea pedir diligencias inútiles y estériles. Hay que hacer un estudio para pedir las que sean útiles al esclarecimiento de la verdad. Pero hace poco se está determinando la responsabilidad de la gente que falleció en dictadura, así que la experiencia nos dice que cuando hay un trabajo serio significa que se puede llegar a la verdad aunque haya pasado un tiempo tan importante como éste”, dijo Vargas.