Inaceptable gestión: Sename de la Región del Bío Bío sigue incumpliendo

A más de cuatro meses de ocurrido el intento de suicidio masivo en el Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado de Coronel, dependiente de Sename, aún no hay respuesta de la directora regional, Rina Oñate, a las medidas ordenadas desde la Dirección Nacional de Sename para mejorar la situación de los adolescentes internados en el recinto.

El 15 de octubre de 2017, siete adolescentes intentaron agredirse y quitarse la vida de distintas formas, en un hecho motivado por el ingreso de sicotrópicos al centro por parte de familiares, específicamente benzodiazepinas. Al regresar, los jóvenes denunciaron haber sido agredidos por personal de Gendarmería, con golpes de pies, bastones y gas pimienta.

Ese hecho motivó la presentación de un recurso de amparo por parte de la Defensoría, tras la denuncia realizada por los profesores de la Escuela El Renoval, a quienes los adolescentes relataron las agresiones que sufrieron.

En noviembre, la Corte de Apelaciones acogió el recurso e indicó que “el tribunal ha tomado la convicción de que se cometieron excesos en el tratamiento que se les dio a los menores cuando acontecieron los hechos aquel día 15 de octubre de 2017”.

Tras ese hecho, el 18 de octubre, llegaron al centro Iris Fuenzalida y Paulina Fuenzalida, profesionales del Departamento de Justicia Juvenil de Santiago, para levantar en terreno información de los eventos críticos. El 23 de octubre, la jefa de esa repartición, Carolina Báez, llegó al CIP-CRC, ocasión en la que se permitió el ingreso a los medios de comunicación a ciertos sectores del recinto.

Pero, según consta en los documentos obtenidos por Diario Concepción, la directora regional de Sename no ha respondido los requerimientos realizados por ese departamento ni respondido los memorándum enviados desde la misma Dirección Nacional, lo que es gravísimo tomando en cuenta las conclusiones del informe realizado por Justicia Juvenil, también conocidas por Diario Concepción.

Con fecha 26 de octubre, en el documento titulado “Diagnóstico CIP-CRC Coronel post evento crítico del 15 de octubre de 2017”, se consigna que a la zona viajaron ambas profesionales “atendiendo a la gravedad de los hechos y a la escasa y confusa información que envía el centro al nivel central de los hechos ocurridos”.

Además, cuestionó el rol del jefe técnico del centro y director (s) al momento de los hechos, Patricio Baeza, quien coordinó la emergencia vía telefónica y no concurrió al centro.

Las enviadas también dejaron constancia en el informe de las agresiones que sufrieron los internos por parte de Gendarmería. Además, el documento denuncia que uno de los jóvenes “ha permanecido durante cinco días en el espacio de separación de grupo, sin ser atendido por los profesionales a su cargo. Sólo se reporta que el educador le abre la puerta exclusivamente para dejarlo ir al baño y comer”.

Así, tras analizar documentos, realizar entrevistas con los jóvenes y con quienes laboran en el centro, las profesionales concluyeron que existe una conducción del CIP CRC “desorganizada y con escaso liderazgo técnico que afecta negativamente la estabilidad, funcionamiento y rutina del centro”.

Además, informan que el director (s) da cuenta de escasos conocimientos técnicos respecto a la ley de Responsabilidad Penal adolescente y su reglamento. Hay que recordar que Patricio Baeza asumió la subrogancia tras la salida del director titular Pablo Muñoz. Es de profesión Filósofo, casado con la ex seremi del Trabajo, Victoria Fariña, militante comunista, y quien ha sido frecuentemente cuestionado por los dirigentes de los trabajadores, precisamente por sus escasas cualidades para asumir ese cargo.

El documento afirma que la rutina diaria “es escasa y poco diversificada, con casi nula participación de los jóvenes para elaboración de talleres que sean de su interés”.

En el informe se denuncia que los adolescentes no reciben una atención integral de salud mental y que el centro no se está anticipando frente a
situaciones de riesgo para los jóvenes que puedan generar eventos críticos o alteraciones en la rutina diaria del centro. También consigna que en el recinto son separados del grupo los jóvenes con tratamientos psiquiátricos, psicológicos y en tratamiento por consumo de drogas y alcohol, lo que va contra la ley.

En el informe, se entregan siete recomendaciones, como revisar las estrategias preventivas para minimizar el ingreso de droga al centro; coordinar con la red de salud mental la oportuna atención de los adolescentes; eliminar el espacio de separación de grupo, ya que está inhabitable por insalubridad y, si el adolescente es separado, debe contar con una rutina establecida, dejando en claro que no se debe aplicar esa medida para los adolescentes con diagnóstico de salud mental.

Sin embargo, el 1 de febrero de este año, al percatarse de que no había mejoras, la misma Carolina Báez envía un memorándum reservado a la Dirección Regional de Sename Bío Bío, donde manifiesta “la preocupación de este departamento técnico respecto a la situación del CIP-CRC Coronel”.

En ese oficio, Báez reitera “las falencias técnicas, históricas y sistemáticas, que observan respecto del rol del jefe técnico del centro, Patricio Báez y detalla errores ocurridos desde febrero de 2016, como el incumplimiento del plan de trabajo del centro; aumentos de situaciones de intentos suicidas; nulo avance de compromisos adquiridos; ausencia de intervenciones con la familia de los jóvenes y de registros de éstas”.

Además, consigna que el 23 de noviembre de 2017, desde Santiago se envió el memorándum 847, que indica “la alta preocupación que existe en la Dirección Nacional por el incumplimiento del plan de abordaje de la criticidad del centro acordado con el equipo directivo”, y menciona que no cuentan con las medidas técnicas y disciplinarias tomadas por la Dirección Regional al respecto”.

El documento solicita “el pronunciamiento técnico de los antecedentes entregados y medidas a adoptar de la manera más expedita posible”.
Pero, al no ocurrir esto, el 8 de febrero llegan a la zona la Asesora Nacional de Gabinete, la jefa del Departamento de Justicia Juvenil y la jefa del Departamento de Personas para evaluar el CIP CRC, donde nuevamente constatan “alta desorganización en cuanto al funcionamiento del centro, serias dificultades en el manejo, monitoreo y segregación grupal de los jóvenes y falencias en el monitoreo de aspectos de riesgo para los adolescentes”.

Al informarse de nuevos eventos críticos en el recinto, se envió a la asesora nacional Paola Canales, quien estuvo en la zona el 12 y 13 de febrero. En su informe, constata que los recursos destinados a talleres de verano (4 millones de pesos) “no han sido gestionados como corresponde, ya que no se observa dicha ejecución en la rutina de verano del centro. Hay presencia de elementos de riesgo de agresión y de consumo en patios y casas, que requieren restricción. Hay serias debilidades en el monitoreo y cumplimiento de la rutina de las casas y los grupos de jóvenes por casa. Ausencia de organización de turnos, y evaluación y abordaje de las situaciones de ausentismo y licencias en el centro. Asimismo, los coordinadores de turno y jefe técnico autorizaron vacaciones sin desarrollar previamente un plan de administración del recurso humano”.

Por eso, en un documento enviado el 15 de febrero por la directora nacional de Sename, Solange Huerta, a Rina Oñate, le informa esta situación, le indica que se elaboró un nuevo plan de trabajo para el centro, el cual debe ser ejecutado, y le solicita responder los tres memorándum enviados, los que no han sido contestados, “mencionando las medidas tomadas para el abordaje y apoyo del adecuado funcionamiento del centro”.

Sin embargo, el 14 de febrero, doce jóvenes del centro resultaron intoxicados tras inhalar pintura al interior de las dependencias, los que fueron trasladados de urgencia hasta el Hospital San José de Coronel. Esta semana, se intentó ingresar municiones en la visita, las que fueron detectadas por Gendarmería y, ademas, un educador y un interno resultaron heridos tras una riña, por lo que está claro que seguirán ocurriendo hechos de gravedad hasta que alguien tome las medidas ordenadas por la Dirección Nacional de Sename.