La nueva normativa disminuirá el daño que experimentan los niños víctimas de delitos graves, los que eran obligados a declarar varias veces, lo que impedía su proceso de reparación.
Esta semana se promulgó la ley que establece un sistema de entrevistas videograbadas para niños y adolescentes víctimas de delitos graves. La normativa promueve evitar la doble victimización, compatibilizando el interés superior de los niños y niñas durante el proceso penal y la eficiencia al sistema judicial.
El Poder Judicial inició el 2013 el primer proyecto de este tipo, instalando en los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal salas especiales de declaración para niños y adolescentes. En la actualidad, la institución ya cuenta con 44 salas en los Tribunales Orales de todo el país y se espera implementarlas en los Juzgados de Garantía y Mixtos, junto con la capacitación necesaria de los jueces en la materia.
La ley permitirá la grabación del testimonio del niño, niña o adolescente en dos instancias: durante la etapa de investigación del delito y, luego, en la etapa judicial. Los registros podrán ser utilizados las veces que sean necesarios por fiscales y jueces, evitando que la víctima menor de edad deba testificar en dos o, incluso, más ocasiones, como es en la actualidad.
La implementación de la ley se realizará en tres etapas. La primera entrará en vigencia seis meses después de publicarse el reglamento y comprenderá las regiones XV, I, II, VII, XI y XII.
La segunda etapa será dieciocho meses después y abarcará las regiones III, IV, VIII, IX y XIV. Por último, la tercera entrará en funciones veinticuatro meses después en las regiones V, VI, X y Metropolitana. Es decir, Bío Bío tiene un año y medio para prepararse.
Lo que viene
La Fundación Amparo y Justicia se dedica a facilitar el acceso a la justicia y la reparación social de familias que han perdido un hijo o una hija por el delito de violación con homicidio. También trabaja para disminuir la victimización secundaria de los niños, niñas y adolescentes que han sufrido abuso sexual, por lo que fueron pieza clave en su promulgación.
Su director, el abogado penquista Alejandro Espinoza, calificó su aprobación como “una muy buena noticia para los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Fueron cuatro años de una larga tramitación, que concluye con la promulgación de esta semana. Hoy podemos decir que Chile está dando un paso importante en la protección de los derechos de la niñez”.
En cuanto a las ventajas concretas de la ley, precisó que la ley incorpora la técnica de la Entrevista Investigativa Videograbada para recoger el relato del niño durante la investigación. Esta metodología, basada en evidencia científica e implementada en varios países, supone la participación de un entrevistador especializado y el uso de salas acondicionadas para que niños, niñas y adolescentes puedan entregar más su información, en un ambiente que les entregue resguardo, privacidad y seguridad, lo que permitirá, por una parte, obtener un mejor relato para el desarrollo de la investigación, pero además, sin causarle daño al niño durante su realización.
Agregó que, durante el juicio, el niño ya no será expuesto en la sala de audiencias frente al público ni al imputado. Su testimonio lo dará en una sala especial, frente a un entrevistador acreditado que cumplirá el rol de intermediario de las preguntas que formulen los intervinientes y que autorice el Tribunal.
El sistema actual, según el abogado, “no resguarda a los niños que han sido víctimas. Al someterlos a diversos interrogatorios tras sufrir un delito grave, conducidos por profesionales que no cuentan con la formación necesaria para hacerlo y en espacios poco adecuados, reviven una y otra vez el momento en que fueron víctimas del delito y, por tanto, vuelven a ser victimizados”.
El profesional indicó que esto no sólo dificulta enormemente que puedan iniciar su proceso de reparación, sino también la obtención de información de calidad para el desarrollo de la investigación penal lo que, naturalmente, también incide en la prueba que se podrá presentar a juicio y subsecuentemente en la resolución final del asunto.
Por eso, afirmó que la nueva ley “contempla una regulación celosa sobre la forma y cantidad de veces que el niño, niña o adolescente debe participar con ocasión de un proceso penal, de forma tal que no sólo evitará su sobre intervención, sino que cuando deban comparecer, será en un medio adecuado y con profesionales especialmente formados. De tal forma, se espera que mediante la obtención de más y mejor información de su relato, se puedan desarrollar investigaciones con más antecedentes y que aquello influya en la calidad de evidencia con que los jueces resolverán los conflictos penales”.
En cuanto a su implementación por etapas, lo calificó como “necesario y fundamental. La implementación exitosa de esta ley supone una adecuación del funcionamiento del Sistema de Justicia Penal para los casos que contempla la ley e, igualmente, a nivel de las instituciones, que participan del Sistema de Justicia Penal, desde un punto de vista estructural, orgánico y comunicacional en todo el país. En ese sentido, para asegurar que las regiones cuenten con los profesionales especializados y la infraestructura necesaria, es clave que la Ley de Entrevistas Videograbadas entre en vigencia de forma gradual a lo largo de Chile. Así fue entendido durante la tramitación y, por tanto, la ley contempla tres etapas para ello”.
Bío Bío casi listo
El juez del Tribunal Oral en lo Penal de Concepción, Cristian Gutiérrez, precisó que, en lo que respecta precisamente a la declaración judicial, al menos en cuanto a un aspecto físico y modalidad, el Poder Judicial ya había empezado a implementar desde el año 2014 las Salas Especiales de Toma de Declaración, “pero siendo ahora el mayor desafío el adecuado proceso de capacitación de quienes cumplan el rol de entrevistadores, lo cual va a suponer un esfuerzo mayor, considerando las altas exigencias que impone la ley.
Así, la ley establece que el juez de garantía designará al entrevistador que actuará como intermediario en la declaración judicial. Para tales efectos, el juez seleccionará al entrevistador de entre aquellos que cuenten con acreditación vigente ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y el tribunal de juicio oral en lo penal, puede modificar la designación disponiendo que actúe como intermediario en la declaración judicial un funcionario del Poder Judicial o un juez del mismo tribunal, que cuente con la antes mencionada acreditación. “Se ha contemplado un proceso bastante riguroso en esta formación”, agregó.
En cuanto a las investigaciones, el magistrado aclaró que “el enfoque o idea matriz de la ley, no es mejorar las pesquisas, si no que evitar la victimización secundaria de los niños, niñas y adolescentes”.
Sobre la preparación en Bío Bío, el año 2014, “la Corte Suprema ya había dado pie a las Salas Especiales de Toma de Declaración para Niños, Niñas y Adolescentes, lo cual fue una anticipación a aspectos que ahora están en la ley. De ahí que ya hay un avance en la infraestructura, aparte de que gran parte de los jueces ya han tenido algún grado de acercamiento al tema. Sin embargo, el nivel de experticia que se va a requerir para los entrevistadores ahora es mucho mayor, por lo cual es evidente que será arduo el proceso de capacitación que deberá implementarse de aquí hasta que entre en plena vigencia la ley en esta jurisdicción”.
El presidente de la Corte de Apelaciones, ministro Hadolff Ascencio, reafirmó que ya se había avanzado en la creación de estas salas desde 2014 y agregó que este era un anhelo de años, “porque uno piensa que al anularse un juicio, había que hacer todo de nuevo y un menor víctima de abusos tenía que revivir todo lo que le había pasado. Y la psiquis humana es muy compleja, porque cuando uno de niño es víctima de esas experiencias tan traumáticas, la mente va borrando esas cosas. Y por eso la ley obtiene una sola declaración, lo que va en beneficio de los menores. Más aún cuando los programas de reparación persiguen que el menor deje atrás esa experiencia, y si se le está interrogando a cada rato, no tiene ningún sentido”.
Precisó que los tres tribunales orales de la jurisdicción (Concepción, Cañete y Los Ángeles), ya tienen estas salas especiales para interrogar a estos menores, y ya hay tecnología para conferencias videograbadas.
Por esto, concordó con el juez Gutiérrez en que necesitarán recursos para realizar la capacitación para el personal ya existente.
Agregó que en el año y medio que falta para comenzar será destinado a las coordinaciones necesarias con Fiscalía y Defensoría, “y para ver qué ha funcionado bien y lo que hay que modificar”.