Los uniformados fueron formalizados por el delito de vejación impropia, al no retirarle las medidas de inmovilización a la comunera mapuche antes del parto.

Con prohibición de acercarse a Lorenza Cayuhan quedaron los gendarmes Christian Guillermo Pino Sealls, Andrea Noemí Concha Fernández y Cristina Fernanda Segundo Sánchez, imputados por el delito de vejación injusta en contra de la comunera mapuche, quien, según la investigación de la Fiscalía, dio a luz a su hija Sayén, en octubre de 2016, en presencia de un gendarme y con grilletes en una pierna, en la sección maternidad del Sanatorio Alemán.

La mujer fue trasladada  desde la cárcel de Arauco, con 34 semanas de embarazo, hasta el Hospital Regional, para ser sometida a una cesárea de urgencia, por un cuadro de preclamsia. Sin embargo, al no haber cupos en el centro asistencial, debió ser trasladada hasta ese recinto, lo que motivó la presentación de varias acciones legales a su favor.

El hecho motivó un sumario en Gendarmería y la investigación del Ministerio Público, en la que ayer se formalizó a los tres uniformados.

Según explicó el fiscal Nelson Vigueras, los acusados incumplieron órdenes superiores, y tampoco cumplieron la petición de los médicos de retirar los implementos que portaba la mujer.

Agregó que el gendarme Cristian Pino, a cargo de la custodia de la mujer, no pudo retirar  la medida de seguridad, pues las funcionarias  Andrea Concha y Cristina Segundo habían salido de la clínica para comprar y ellas tenían las llaves.

“El delito es vejación injusta, que se condice con los hechos que ocurrieron el 14 de octubre del año pasado, donde los funcionarios de gendarmería que custodiaban a la interna que tenía una salud grave, con riesgo para su vida y la de su hijo, incumplieron una orden expresa del director regional de Gendarmería y del personal médico, pero no se realizó porque el cabo pino no tenía las llaves, ya que sus dos colegas salieron por 50 minutos a comprar a un supermercado”.

El fiscal explicó que no se formalizó por el delito de tortura, como pedían las querellas interpuestas por la familia de la mujer y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ya que no hubo intención de torturar.  “Acá lo que ocurrió fue  que cuando se pidió retirarle el grillete no se pudo, ya que los funcionarios no tenían la llave a disposición”. Agregó que por ahora no hay antecedentes para formalizar a otras personas.

El fiscal precisó que 45 minutos antes del parto llegó una mayor de Gendarmería a entregar la orden, y agregó que existe un instructivo de Gendarmería que ordena quitar los grilletes en este tipo de situaciones. Los gendarmes formalizados arriesgan suspensión del cargo y multas.

El abogado de los uniformados  César Ramírez, adelantó que tiene los antecedentes para probar que sus clientes cumplieron el protocolo establecido para el traslado de internos.

“Ellos son inocentes de los cargos que se les imputan. Pasó bastante tiempo en que presuntamente llegara una orden para que ellos retiraran las medidas de resguardo, por lo que no hay ningún ilícito. Quienes incumplieron fueron los superiores jerárquicos y no mis representados, acá se está nuevamente cortando el hilo por lo más delgado”.

El profesional agregó que las órdenes se dieron en forma posterior y agregó que son llaves universales, por lo que cualquier funcionario pudo haber retirado los grilletes.

“Existe el deber de custodia porque en el pasado ha habido situaciones de rescate violento de imputados. No digo que este sea el caso,  pero hay un deber de custodia que se orienta a esa situación. No hay discriminación, sino que se obedece a una situación de resguardo”.

Para la jefa regional del Instituto de Derechos Humanos, Carolina Chang, en este caso debería haber más personas formalizadas, por lo que solicitarán más diligencias a la Fiscalía, mientras que el dirigente nacional de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, Benito Saravia, insistió en que los formalizados sólo cumplieron las órdenes que recibieron por parte de sus superiores.