La resolución acogió el recurso de amparo presentado por la Defensoría que denunciaba la golpiza a ocho jóvenes de ese recinto.

En fallo unánime, la Corte  acogió el recurso de amparo presentado por la Defensoría en favor de ocho adolescentes internados en el Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Coronel, quienes denunciaron haber sido agredidos por personal de Gendarmería, con golpes de pies, bastones y gas pimienta, el 15 de octubre pasado, tras volver del hospital, debido a un masivo intento de suicidio provocado por la ingesta de medicamentos.

En la resolución se indica que el tribunal “ha tomado la convicción de que se cometieron excesos en el tratamiento que se le dio a los menores cuando acontecieron los hechos aquel día 15 de octubre de 2017”.

Agrega que con los antecedentes recabados “es suficiente, por ahora, para estimar que a los menores se les ha dado tratos degradantes, de palabra y obra, con un rigor innecesario en la aplicación de las normas contrario a la protección y seguridad de los mismos, como así mismo no pueden ser amenazada y/o alterada su dignidad, a pretexto que los adolescentes se encuentren privados de libertad”.

El fallo crítica la acción de los gendarmes, “que aparece como desproporcionada, puesto que hay protocolos de acción para tales situaciones de indisciplina de parte de los internos hacia quienes tienen a su cargo la vigilancia de aquellos”.

Por esto, la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción ordena que Gendarmería ajuste sus protocolos de acción de manera de asegurar, en todo momento y circunstancia, un trato digno a los internos, evitando aquellos que sean o aparezcan como injustos, crueles o degradantes. Si fuere necesario, efectuara los cambios que se requiera en el Centro de Internación Provisoria de Coronel, a fin de garantizar que tales objetivos sean cumplidos.

Además, debe disponer “en el más breve plazo, la instalación de cámaras de seguridad y vigilancia efectivas en el Centro de Internación Provisoria de Coronel, como hay en otras unidades penales, para mayor resguardo, control y constatación total de los hechos, como los acontecidos en aquella oportunidad”.

Además el tribunal remitió copia de la sentencia a la  fiscal judicial de la  Corte Suprema para que la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones penquista, visite el Centro de Coronel.

El masivo intento de suicidio de los jóvenes causó la intervención del nivel central de Sename, que a través del Departamento de Justicia Juvenil está implementando medidas para mejorar las condiciones de vida de los 70 jóvenes que viven en el recinto.

Reacciones

Para el defensor penal juvenil, Jaime Pacheco, el fallo indica lo que ellos plantearon en el recurso, en cuanto al trato degradante que recibieron los menores y que no se condice con los tratados internacionales ni la legislación interna.

En cuanto a las medidas ordenadas por la Corte, “las evaluamos positivamente, pues se respetan los derechos de personas privadas de libertad, que más encima son adolescentes. La Corte es categórica en eso”.

En cuanto a garantizar que estas tres medidas se cumplan, agregó que “como defensores nos asiste el rol de procurar que estas medidas se implementen y en caso de que eso no ocurra, hacerlo presente a las autoridades pertinentes”.

El abogado precisó que los adolescentes están hoy en buenas condiciones y además agregó que se han realizado intervenciones con ellos para asegurar que se han recuperado del incidente.

Pacheco precisó que no hay alusión en el fallo al rol que cumplieron los educadores del Sename el día del incidente, ya que el recurso de amparo estaba dirigido contra el jefe del destacamento de Gendarmería, pero recordó que hay un sumario en la institución y una investigación en Fiscalía en curso.

La Fundación Tierra de Esperanza está a cargo del colegio El Renoval dentro del centro de Menores. Los testimonios de sus profesores fueron clave en la resolución del recurso, ya que fue a ellos a quienes los adolescentes contaron lo que vivieron el 15 de octubre pasado.

Su director, Pedro Canales, destacó el fallo, ya que “cuida y defiende con certeza los derechos de los  jóvenes privados de libertad. Que  una corte acoja un recurso que va a cautelar sus derechos sienta un muy buen precedente sobre cómo debemos actuar quienes estamos involucrados en este tema”.

En cuanto a los pasos a seguir, explicó que “lo que queremos es que el sistema funcione de manera correcta y ajustada al derecho. Los chiquillos están privados de libertad bajo una ley especial, y eso cuesta entenderlo a veces. Cometieron un delito, pero la finalidad de la ley es rehabilitarlos, y las acciones deben ser acordes a eso”.

El presidente regional de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, (Anfup), Benito Saravia, dijo que hay tranquilidad sobre el actuar de los gendarmes, “porque se ingresó de acuerdo al procedimiento, pero habría que investigar si realmente Gendarmería tiene participación en las lesiones que tienen los menores”.