El documento plantea que  los niños que cometen delitos  no reciban un tratamiento efectivo que permita cortar una posible carrera delictual.

Un estudio de la Fundación San Carlos de Maipo, junto a Paz Ciudadana, reveló que el actual Sistema de Justicia no contempla una regulación específica destinada a detectar, derivar e intervenir a menores de 14 años con conductas delictivas.

El informe, llamado “Intervenciones Destinadas a la Prevención de Conductas Delictivas en Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) No Imputables Penalmente”, advierte que  en la práctica,  los menores inimputables quedan “invisibilizados” por el sistema, porque son ingresados  como niños vulnerados en sus derechos, sin posibilidad de que reciban un tratamiento efectivo que permita cortar una posible carrera delictual o que a nivel de políticas públicas, se priorice en una oferta programática especializada para ellos.

“Existe una cifra estimada, superior al promedio anual de 2.173 menores inimputables identificados en el sistema, que están en condiciones de riesgo que ameritaron el ingreso a comisarías del país por conductas transgresoras y/o constitutivas de delito”, explicó Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo.

De acuerdo a estimaciones, por cada 13 niños que están procesados por la Ley Penal Adolescente, hay un menor inimputable. “Cuando cambia la condición de imputabilidad crece de manera significativa los adolescentes en el sistema de justicia, la brecha es del orden  24 mil  menores que potencialmente son el universo de quienes hoy están en la categoría de inimputables y en quienes es necesario focalizar una oferta haciéndose cargo de aspectos como el consumo problemático de drogas y la deserción escolar  que son factores relevantes del inicio de trayectorias delictivas“, enfatizó Marcelo Sánchez.

El estudio manifiesta la relevancia de contar con programas especializados destinados a la prevención temprana del delito, que no sólo sean promovidos desde al ámbito privado, sino también por la institucionalidad pública.

“Es fundamental invertir con inteligencia en prevención, enfocarnos en la agenda larga, implementando programas basados en evidencia que sean sostenibles en el tiempo,  definidos territorialmente, que cuenten con control de resultados y recursos suficientes para conseguir estabilidad de los equipos”, precisó Sánchez.

La investigación explica la necesidad de intervenir tempranamente a la población entre 12 y 14 años, pero no desde el punto de vista punitivo, “que sólo criminalizan y agudizan las trayectorias delictuales. Al contrario, hay que abordar todas las variables personales, familiares y sociales que inciden en el inicio y consolidan estas conductas, con modelos preventivos a nivel local, que permitan un desarrollo positivo de la infancia”, concluyó Sánchez.

El trabajo de Fundación San Carlos de Maipo y Paz Ciudadana abordó 515 estudios en un año de investigación, también se enfocó en detectar qué programas de intervención y basados en evidencia son implementados de forma exitosa en nuestro país, entre los que destacaron la Terapia Multisistémica (MST); Triple P; Terapia Funcional Familiar (FFT); Comunidades que se Cuidan (CTC); Familias Unidas (FU) y Paz Educa. Junto a estos el Estudio propone algunos programas internacionales como Life Skills Training y Treatment Foster Care.

A  criterio del juez

El defensor regional, Osvaldo Pizarro, explicó que no hay una política pública que prevenga que los menores de 14 años caigan en conductas delictivas. Además, no hay un abordaje integral de estos adolescentes, y con un procedimiento claro, ya que hoy es el juez de Familia quien decide si  opta por un  procedimiento infraccional o de protección de derechos, es decir, el magistrado puede aplicarle una infracción,  o considerar que  su conducta es producto de una vulneración de derechos como niño y le aplica una medida de protección, “y solo en ese caso intervienen los programas asociados a Sename”.

Entre las infracciones está la amonestación, reparar el mal causado, pedir disculpas, prestar servicios a la comunidad o pagar una multa.

Pizarro concordó con el estudio en cuando a que falta una política pública que determine cuáles son las conductas de riesgo delictivo y que procedimientos se utilizarán para intervenir estas conductas, “porque se debe intervenir al niño, a su familia, a su entorno de pares, educacional y a la comunidad”.

El defensor regional aseguró que  uno de los principales problemas de este sistema es que hay una absoluta desconexión entre este sistema y el de justicia criminal, es decir, el de 14 años hacia arriba, “porque en no pocas oportunidades un usuario nuestro ha tenido una o más intervenciones como menor de 14 años y no hay una plataforma que comparta esa información. Sólo lo sabemos si nos cuenta el niño o mediante alguna diligencia. Entonces esa desconexión da cuenta de que el abordaje de conductas de riesgo delictivo del adolescente no se hace de manera integral”.